La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de ratificar una multa de aproximadamente US$ 300 mil al Partido Nacional por no retirar cartelería propagandística colgada en las calles abrió un nuevo frente de discusión de cara a la campaña electoral que ya se avecina.
Porque si bien faltan varios meses para que la Corte se pronuncie sobre la situación del Partido Colorado, en la colectividad fundada por Fructuoso Rivera dan por descontado que correrán la misma suerte que sus pares blancos, por lo que estarán obligados a abonar otros US$ 300 mil.
Y mientras definen cómo harán para pagar las multas, tanto blancos como colorados comenzaron a discutir una serie de modificaciones –tanto internas como en la junta departamental– que tienen como objetivo que sean los sectores o las agrupaciones quienes deban hacerse responsables de las sanciones, de modo que no todos caigan “en la misma bolsa”.
Esta discusión se dará en paralelo a otra que vienen impulsando las secretarías o comisiones de ambiente de ambos partidos y obedece a la posibilidad de utilizar materiales más amigables con el planeta, aunque hay quienes promueven –directamente– que se prohíba la posibilidad de colocar carteles en las calles.
En Montevideo, el departamento donde fueron multados ambos partidos, las columneras están reguladas por un digesto municipal. Esta normativa habilita a colgarlas cuatro meses antes de las elecciones (nacionales, departamentales o municipales) y obliga a retirarlas un mes después.
La intención por parte de los colorados es promover una modificación en el digesto para que sea más específico, porque actualmente habla de “beneficiarios de la publicidad”, explicó a El Observador el prosecretario del Partido Colorado, Tulio Tartaglia.
A partir de esa redacción, la Intendencia de Montevideo denunció a las dos colectividades, aunque los colorados rechazan que el beneficiario sea el partido y aseguran que lo son los dirigentes que encabezan listas.
Tartaglia, que además es edil y uno de los abogados que viene llevando el caso, planteó la situación en la sesión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 25 de setiembre y quedó encargado de escribir el proyecto.
En sintonía con la apelación que presentó ante casación, el dirigente señaló que la idea será establecer que los “beneficiarios” son “aquellos que procuran ocupar cargos de representación mediante el voto de la ciudadanía”.
“De eso se trata la cartelería, de intentar posicionar a una persona física, una lista o a una agrupación para acceder a una posición gubernamental”, dijo.
A su vez, aseguró que el punto queda de manifiesto en la documentación presentada por la Intendencia de Montevideo, la cual muestra que “los propietarios de la cartelería son las listas identificadas por sus respectivos números” y nunca los “partidos políticos”.
Según Tartaglia, la Corte Electoral proclama a los dirigentes y no a los partidos. “Tan cierto es ello que, cuando un parlamentario cambia de lema partidario e ingresa a otro partido, aquel mantiene su banca. A lo largo de las distintas legislaturas vemos como diputados y senadores que alcanzaron sus respectivas bancas parlamentarias cambian de partido político y se mantiene en sus cargos electivos”, escribió en su fundamentación.
Como último punto, mencionó que los “beneficiarios” de los aportes y contribuciones que el Estado realiza a las campañas electorales son las personas físicas (los candidatos), quienes a su vez son los mismos que se benefician del resultados de la propagandas (entre ellas la cartelería) que la mandan a fabricar y a colocar.
“En ninguna parte de este proceso de financiación y de beneficios ningún partido político interviene o se ve beneficiado de forma alguna. Es por ello que no es comprensible el por qué se tenga que ver involucrado el Partido Colorado en el perjuicio que ocasionan terceros que sí se vieron beneficiados”, sentenció.
La sanción por parte de la SCJ fue comentada este lunes durante la reunión del directorio del Partido Nacional. En el encuentro, el presidente Pablo Iturralde explicó el alcance mientras que el abogado Pablo Díaz detalló las acciones que realizaron. Los blancos habían ganado el juicio en primera instancia pero luego perdieron en la apelación y en casación.
Entre los nacionalistas hay diferentes posturas acerca de cómo encarar el tema. El senador Jorge Gandini, por ejemplo, es partidario de proponer cambios de “responsabilidad interna” para que el partido no se tenga que hacer cargo de “incumplimientos de sus agrupaciones”.
Tartaglia, desde el Partido Colorado, adelantó que también promoverán cambios y definirán en los próximos días si se pedirá a los líderes de agrupaciones que firmen un consentimiento o una declaración jurada que señale que en caso de recibir cedulones el partido podrá dar su información para que sean “individualizados”.
A su vez, en el Partido Nacional consideran “injusto” que la intendencia vaya contra los partidos que colocaron carteles pero no pueda denunciar a los que pintan. El diputado Álvaro Viviano, que estuvo en la sesión de este lunes, dijo a El Observador que la idea es hablar con la comuna para “crear un sistema justo para todos”.
“No hay que dejar que la situación se nos venga encima, hay necesidad de buscar espacios para definir estrategias. Si bien tenemos algunos matices, todos somos contestes en buscar un ámbito de conversación con la IMM para tener presente cómo se sigue para adelante”, sentenció.
