Qué pasos siguen los jueces si un delincuente tiene síntomas de coronavirus

Estos dos hechos de los últimos días pusieron en alerta a policías y fiscales que perciben que algunos delincuentes capturados encontraron en la pandemia y en el estado de emergencia sanitaria en que se encuentra Uruguay desde el 13 de marzo un argumento para aplazar las condenas o imputaciones.

"Notamos que es algo que está pasando, pero a todos se les hace el test", dijo a El Observador una fuente de la Jefatura de Policía de Montevideo.

En efecto, la Fiscalía General de la Nación definió un protocolo para utilizar en el edificio de Cerrito y Misiones (Ciudad Vieja) donde son interrogados los indagados, cuando manifiestan tener síntomas de un cuadro respiratorio.

Para empezar los fiscales deberán utilizar guantes y tapabocas a la hora de interrogar y además está establecido que, si el imputado lo requiere, debe llamarse a un médico para que confirme o descarte un caso sospechoso de covid-19.

Los médicos hacen luego un certificado sobre el estado de salud del detenido en el que ordenan la realización del hisopado que definirá si el paciente tiene coronavirus, y decretarán la internación si es necesario.

Sin embargo, ello no debería ser obstáculo para la formalización de una investigación penal, aunque esa decisión trasciende la voluntad de los fiscales. "Es un tema que queda en manos del Poder Judicial, es resorte de cada juez si se decide o no realizar la audiencia", señaló a El Observador William Rosa, secretario general de la Asociación de Fiscales del Uruguay y fiscal de Flagrancia adscripto.

La jueza Beatriz Larrieu, por ejemplo, que fue quien decidió suspender la audiencia del hombre que había confesado su responsabilidad en un caso de narcotráfico y tráfico de armas este miércoles 8 de abril, argumentó que a su criterio no estaban dadas las garantías sanitarias para nadie. Una audiencia con esa persona, en la que participaría la custodia del indagado, su defensor, el equipo de fiscales y funcionarios del Poder Judicial, para la magistrada podía poner "en riesgo la salud de todos los operadores judiciales", cuando además entendía que los delitos que había cometido la persona no eran de gravedad.

Por lo tanto, el imputado no fue condenado como estaba previsto –la defensa del  hombre había acordado una pena de 10 meses de prisión y 14 meses de libertad vigilada en el marco de un proceso abreviado–, sino que fue enviado a su casa sin custodia policial, y solo con medidas limitativas –como fijar su domicilio y prohibirle salir de Montevideo durante 90 días– hasta que se recupere de su enfermedad y pueda ser citado por la justicia nuevamente.

Otra jueza penal que pidió no ser citada coincidió en que "si el imputado tiene síntomas, la audiencia no debería hacerse hasta que se descarte la enfermedad". Agregó que mientras la persona se recupera, la justicia puede decretar medidas limitativas, como las que dispuso Larrieu, y establecidas en el articulo 221 del nuevo Código del Proceso Penal.

"Lo ideal sería, obviamente, darle una respuesta al justiciable, pero también hay que cuidarnos entre todos, porque si se lleva adelante una audiencia con alguien con síntomas, se exponen no solo los jueces, sino los policías, personal de limpieza, fiscales, defensores, funcionarios, mucha gente. Un solo imputado puede movilizar a 14, 15 personas", agregó la magistrada.