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Revela la profundidad de la crisis que sacude a Brasil la emergencia de Jair Bolsonaro al segundo lugar de preferencia popular para la elección presidencial del año próximo, detrás de Inácio Lula da Silva. Bolsonaro es un nacionalista de extrema derecha, oficial retirado del Ejército que, según encuestas recientes, gana respaldo con su promesa de combate a la corrupción y represiva mano dura contra la delincuencia que asuela al país, especialmente en los principales centros urbanos. Una medida de su posición política la dio cuando, al apoyar en la Cámara de Diputados la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, dedicó su voto al coronel Brilhante Ustra, que comandaba la unidad que torturó a Rousseff cuando estaba encarcelada bajo el último régimen militar.

Su posición en las encuestas, incluso por delante de la popular ecologista de izquierda Marina Silva, asume mayor peso ante la perspectiva de que queden en la nada las aspiraciones de Lula, todavía en el primer puesto en popularidad, de postularse para volver al poder el año próximo. El expresidente y líder del Partido de los Trabajadores (PT) no solo ya ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel bajo cargos de corrupción, sentencia pendiente de apelación. Acaba de sufrir otro golpe contundente al ser acusado por el fiscal Rodrigo Janot, junto con Roussef, de haber integrado una organización criminal para desviar fondos de Petrobras como parte de los escándalos de corrupción de-satados hace tres años en la gigantesca empresa petrolera. Y como si fuera poco Antonio Palocci, su exministro de Hacienda y mano derecha, y condenado a 12 años de prisión, afirmó ante el juez anticorrupción Sergio Moro que Lula recibió ilegalmente el equivalente a US$ 100 millones de la empresa Odrebecht para el PT.

La tambaleante situación de Lula, que difícilmente le permita postularse nuevamente a la presidencia, se enmarca en la gigantesca maraña de corrupción que ya ha llevado a la cárcel a decenas de prominentes dirigentes políticos de diferentes partidos y a grandes empresarios, lista que incluye al actual presidente Michel Temer. Pero Temer zafó recientemente de su posible destitución y, aunque desacreditado, quedó en libertad para seguir adelante con su programa de drásticas reformas laborales y de la seguridad social y de masivas privatizaciones para bajar el gasto público. Sus medidas le han permitido a Brasil retomar un muy modesto crecimiento económico, después de dos años de la peor recesión sufrida por el país.

La casi totalidad del sistema político ha caído en un agudo desprestigio por confirmadas claudicaciones en materia de ética pública, incluyendo el hecho de que el 40% de los legisladores está enjuiciado o acusado de recibir grandes coimas. Al descrédito generalizado de la dirigencia partidaria se agrega el descontento popular por un creciente empobrecimiento de millones de brasileños y la inseguridad en que vive la población por una ola pavorosa de delincuencia en Río de Janeiro, San Pablo y otras muchas ciudades. Todo esto explica que, como suele suceder, la gente se refugie en las promesas de rectitud gubernamental y orden represivo como las que formula un demagogo extremista como evidencia ser Bolsonaro, lo cual crea una sombría incertidumbre sobre el panorama electoral del año próximo.

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