Relaciones peligrosas
El debate sobre la situación política en Venezuela condiciona la política exterior de Uruguay
Las recientes decisiones tomadas por el gobierno de Maduro respecto al adelantamiento de los comicios mantienen la crisis de Venezuela en plena ebullición, a lo que hay que agregarle el deterioro económico cada vez mayor que genera desabastecimiento en productos de primera necesidad como alimentos y medicamentos.
El mandatario parece seguir adelante con todas las acciones que llevan a una profundización de la crisis y a un aumento de la condena internacional, si bien es cierto que todavía mantiene aliados de importancia como China y Rusia, países que por cierto tienen un papel clave en la gestión de la deuda externa venezolana y además son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
A nivel internacional, la gran mayoría de los países han mostrado suma preocupación con las acciones de Maduro. Más allá de su éxito relativo (no logra alcanzar los votos necesarios para aplicar la Carta Democrática), la OEA ha jugado un papel de importancia. Por otro lado, el Mercosur logró suspender a Venezuela aplicando su Cláusula Democrática, mientras que la Unasur no ha podido dar cumplimiento a su Compromiso Democrático por la férrea oposición de Bolivia y Surinam, los dos únicos países de Sudamérica que aún apoyan a Maduro.
Más recientemente y debido a la persistencia del régimen en la violación de los derechos humanos, comienza a tomar partido la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia. Otros actores como Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado sanciones económicas, que sin duda aumentaron la presión contra el gobierno venezolano.
Actualmente el debate está centrado en las elecciones del 22 abril, especialmente por las condiciones en que se desarrollarían. Debe tenerse en cuenta que las principales figuras de la oposición no formarán parte de la contienda, ya sea por estar presos o por la decisión de no participar en las elecciones. Los otros candidatos que competirán contra Maduro son afines al régimen y tienen la única función de evitar una elección con candidato único.
De hecho, las elecciones en
Venezuela no pueden ser consideradas libres desde el momento en que el Consejo Nacional Electoral es parcial a favor del gobierno y se quebró la institucionalidad con la sustitución de las competencias legislativas a cargo de la Asamblea Nacional por una Asamblea Constituyente. También está en evidente cuestionamiento la independencia del Tribunal Supremo de Justicia.
En este contexto es muy delicada la posición de algunos mediadores internacionales como el expresidente del gobierno español Rodríguez Zapatero, el que critica a la oposición por la abstención a presentarse en las elecciones. La ONU deberá analizar con sumo cuidado la solicitud realizada por Venezuela para que participe como observador, ya que su sola presencia podría terminar validando unas elecciones condicionadas para la victoria de Maduro.
Frente a este contexto tan delicado, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno uruguayo? En primer lugar debe reconocerse que Uruguay mantuvo posiciones cambiantes respecto a la situación de Venezuela, lo que podría justificarse con la sucesión de hechos que llevaron a un agravamiento de la crisis o por la inevitable gestión de las presiones internas del gobierno. Lo cierto es que la diplomacia petrolera del gobierno de Chávez y Maduro marcó su huella en el gobierno de Mujica, pero particularmente en varios sectores del
Frente Amplio y el PIT- CNT.
La presión contra el gobierno aumentó considerablemente cuando Uruguay terminó bloqueando por algunos meses la aplicación de la Cláusula Democrática del Mercosur, lo que por momentos llevó a la cancillería a defender lo indefendible en las cumbres regionales. Por otro lado, el expresidente Mujica comenzó a cuestionar a su excanciller y ahora secretario general de la OEA por su condena al régimen. Más allá de los estilos en la defensa de sus ideas, la posición de Almagro en la OEA está cargada de evidencias que son observables desde cualquier rincón del continente americano.
Como es sabido, finalmente Uruguay apoyó la suspensión de Venezuela del Mercosur reconociendo que en dicho país se quebró el orden democrático. De todas formas, su posición siguió siendo algo tímida frente a la condena al régimen, ya que se mantuvo al margen del Grupo de Lima conformado por 12 países con el objetivo de ejercer mayor presión contra el gobierno venezolano.
Una nueva polémica surgió a partir del apoyo de Uruguay a la Resolución del Consejo Permanente de la OEA aprobada el pasado 23 de febrero. La declaración, que entre otras cosas exhorta al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria a elecciones, contó con el apoyo de 19 países, 8 abstenciones y solo 5 votos negativos (Venezuela, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y la Granadinas). Cabe resaltar que históricos aliados de Maduro como Ecuador, Nicaragua y El Salvador, están dentro de los países que se abstuvieron en la reciente declaración.
Una vez conocido el voto del gobierno uruguayo, algunos sectores del Frente Amplio comenzaron nuevamente a atacar al canciller por la decisión tomada, desplegando con total irresponsabilidad una defensa a ultranza de un régimen no democrático y violatorio de los derechos humanos. Se trata de senadores, diputados o representantes del PIT – CNT, que tras una visita a Venezuela llegaron a aseverar públicamente que "el pueblo venezolano estaba feliz". Las diferencias en el seno del gobierno se han tornado peligrosas, no solo porque afectan una tradición histórica del país en cuanto a la defensa de las instituciones democráticas, sino porque de cierta forma, han marcado el libre accionar de la política exterior pretendida por la cancillería.
El debate impuesto por algunas facciones del Frente Amplio, que a esta altura es de otra época y se encuentra vacío de argumentos, está de cierta forma condicionando la política exterior del país tanto en el plano político como en el comercial.
