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Repartir plata no es changa

Un estudio acerca del impacto de los planes asistencialistas en el mercado de trabajo potenció el debate acerca de las políticas sociales que aplica el gobierno frenteamplista

Por  Redacción

El debate por la eficiencia de las políticas asistencialistas se reavivó esta semana cuando desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se informó que el 80% de los inscritos en el Programa Objetivo Empleo (POE) del Plan de Equidad a los que se les ofreció un trabajo –unas 2.304 personas–, lo rechazó, por lo que los subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) vendrían a operar como un “desestímulo” para la incorporación de las personas de menores ingresos al mercado de trabajo, lo que siempre fue negado por las autoridades del Mides. “Para el mercado formal no es un problema”, afirmó el ministro, Daniel Olesker. No obstante, desde la creación del Plan de Emergencia (Panes), implementado entre 2005 y 2007, parte de la opinión pública y la oposición han criticado que se dé dinero sin pedir nada a cambio, bajo el supuesto de que es un caldo de cultivo para la vagancia.

“Dos o tres veces por semana llega alguien a la oficina pidiendo para trabajar en negro y para trabajar tres días al mes para completar el subsidio”, explicó a El Observador el productor agrícola Alberto Gramont. La diferencia le podría reportar un ingreso de hasta $ 2.100. En su empresa, el jornal para un peón “raso” es de $ 500, más un viático de $ 200 para la comida. La persona podría ganar $ 14 mil nominales al mes pero, con todo, no hay personal suficiente. Lo mismo pasa en las quintas. Alberto Iglesias, presidente de la Confederación Granjera, reconoció que el argumento de la pérdida de la prestación hace muy difícil conseguir mano de obra para la recolección de frutas y verduras. “Las cuadrillas han sido diezmadas por el Mides de forma alarmante”, afirmó. La remuneración de la tarea es de $ 1.000 diarios (depende de la cantidad de cajones) en época de zafra y de $ 800 en el resto del año. Un peón contratado a tiempo completo cobra $ 16 mil líquidos mensuales, con casa y comida y está inscrito en el Banco de Previsión Social (BPS), pero “la gente solo acepta siempre y cuando sea en negro”.

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Gramont apuntó directamente contra los subsidios del Mides: “Estamos criando vagos”. El productor opinó que el gobierno debe tener un mejor desempeño en la fiscalización de los beneficiarios y en la exigencia de contrapartidas y rechazó que se proponga llevar a $ 10 mil el salario mínimo en el año 2015 sin reducir las políticas asistencialistas. Al contrario, Gramont entendió que el subsidio debería acortarse a 12 meses como forma de estimular la inserción laboral. “Este gobierno no tiene administradores ni fiscalizadores. Estamos perdiendo al Uruguay”, criticó.

La construcción no escapa al problema. El arquitecto Francisco Collet dijo a El Observador que ha visto “casos suficientes” de personas que alegan que no les sirve estar en caja que eso afecta la contratación de personal. El sector sufre hoy de carencia de personal calificado en todos los escalafones e incluso para las tareas más sencillas como las de un peón de limpieza. “No hemos logrado que la gente tenga amor propio por el trabajo y eso es culpa de toda la sociedad”, señaló. No obstante, Collet indicó que sigue existiendo un buen capital humano. “Si el padre era laburador, el hijo es laburador. La ética del trabajo se aprende en la familia”, manifestó.

Desde la agencia Manolo, especializada en la colocación de empleadas domésticas, se informó que en este rubro no se ven casos de personas que rechacen el empleo para no perder el subsidio del Mides, aunque sí hay aspirantes para las vacantes de comercio. Según la encargada, esto se debe a que “hay buenos pedidos”, en especial para la temporada de verano. Por ejemplo, se están contratando cocineras y domésticas con cama para Punta del Este por $ 30 mil por mes y en la mano, y niñeras por $ 18 mil. “¿Qué empleada de boutique gana eso?”, preguntó. La encargada de la agencia indicó que sí han tenido casos de mujeres que piden trabajar en negro o rechazan un empleo para no perder el seguro por desempleo.

El subsidio o el trabajo
Para Alejandro de Barbieri, psicólogo y director del Centro de Logoterapia y Análisis Existencial (Celae), el dato del MTSS “no es negativo” puesto que no se conoce si ese 80% está dedicado a la vagancia. “Me duele que la gente diga que no hacen nada”, dijo a El Observador.

La integrante del observatorio del mercado de trabajo de la cartera, María José González, anunció que los sueldos rechazados estaban en el entorno de los $ 10 mil mensuales, no siendo la brecha entre estos y lo que percibe la persona por subsidio y changas “lo suficientemente grande” para aceptar el empleo formal. Las ayudas económicas de las tarjetas alimentarias pueden llegar a los $ 2.800, dependiendo de la cantidad de menores que vivan en el hogar y la situación económica de cada familia. Actualmente hay 81 mil tarjetas operativas y el Mides planea duplicar el monto a 15 mil durante el año que viene.

De Barbieri entendió que es una lectura “errónea” pensar que $ 10 mil son suficientes para contemplar las necesidades de cualquier trabajador, puesto que estas exceden el tema económico. “No es solo un tema de hábitos de trabajo. Hay gente a la que no le gusta perder la libertad, que no quiere depender de un jefe o que no se siente capacitada para trabajar ocho horas diarias”, ilustró. El peligro para el psicólogo es que las políticas asistencialistas formen “una generación dependiente”, sin que se le ofrezca alternativas. Además, la historia que siguió a la crisis de 2002 cambió los hábitos de trabajo de los uruguayos. Expertos en recursos humanos consultados por El Observador coincidieron en que se produjo una desvalorización del trabajo, en el sentido de que se lo considera algo coyuntural y no permanente, lo que trasciende los grupos sociales. El resultado es que haya más rotación de personal –aunque no es despreciable la porción de trabajadores que adquieren una actitud más pasiva al satisfacer sus expectativas laborales– y que sea ahora el empleador y no el empleado el que aumenta sus exigencias. Neker de la Llana, gerente de servicios profesionales de Manpower Professional, lo ilustró así: “La relación está más adelgazada”. El resultado fue visto por Verónica Melián, socia en consultoría en capital humano en Deloitte, en que ahora los trabajadores se muestran “menos temerosos” a estar desempleados. Esto tuvo un impacto fuerte entre los grupos menos favorecidos, puesto que ahora tienen la alternativa de cobrar un subsidio sin tener que acceder a un empleo precario, aunque casi sin expectativas de desarrollo.

Desestímulo a la formalidad
Para Andrea Vigorito, investigadora del Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República (Udelar), no hay evidencia, ni en Uruguay ni en América Latina, acerca de que las transferencias de ingreso supongan un efecto negativo para la participación en el mercado laboral. Por el momento no se cuenta con una evaluación del impacto del Plan de Equidad, pero la economista indicó que los trabajos realizados sobre el Panes no demostraron “ningún desestímulo” en la actividad económica, la búsqueda de trabajo, el empleo y las horas trabajadas. El estudio Panes: focalización e impacto, de los economistas Fernando Borraz y Nicolás González, relevó una reducción del orden del 1,4% y 8% en las horas trabajadas para los hombres y mujeres, respectivamente, beneficiarios del Panes en el interior urbano, pero no se observaron efectos significativos en Montevideo y en el interior rural, como tampoco se registraron efectos adversos en la participación.

Con todo, Vigorito sostuvo que el desestímulo a la participación laboral “no necesariamente debe verse como algo negativo”. Para que fuese así, se deberían analizar las condiciones y la remuneración rechazadas, las horas trabajadas, el tiempo de ocio de la persona y las posibilidades de acceder a cuidados de niños y adultos mayores “que vuelven viable aceptar una oferta de trabajo”. El especialista en sociología del trabajo, Francisco Pucci, recordó que se trata de los famosos 10 mil pesistas, que sobreviven demasiado cerca de la línea de pobreza y con una débil inserción en el mercado de trabajo. Respecto a la seguridad social, alrededor del 75% de los 10 mil pesistas –una población total de 813 mil trabajadores– es informal. En ese sentido, la migración o permanencia en el mercado informal es el desestímulo que Vigorito ve que se podría deducir de las transferencias de ingresos pero, en todo caso, “no es una señal de que la política deba eliminarse”, sino un desafío para mejorarla. Según la experta, este efecto pernicioso podría ser mitigado a través de la eliminación del umbral de ingresos o, como se hizo en Brasil, que la transferencia se prolongue por dos años con independencia de la evolución del ingreso del hogar.

Vigorito y Pucci coincidieron en que reducir o eliminar los subsidios, aun viviendo en una coyuntura económica mucho más favorable que aquella de fragmentación social que vio nacer el Panes, no es una buena idea. Según el sociólogo, el objetivo de las políticas de transferencia “es contener a los sectores vulnerables” y, a pesar de lo que se podría creer, no es momento para soltarles la mano. Así también lo cree el Mides.

Todo se debe al presente del mercado laboral: por un lado, se registran las tasas de desempleo más bajas de la historia –5,7% en octubre– pero, por otro, el mercado demanda trabajadores calificados. A esto se suma que los trabajos de baja calificación no están bien pagos. Una cajera de supermercado cobra $ 7.500 con solo un día libre a la semana y no tiene feriados. “A la persona que cobra un subsidio puede serle más redituable no aceptar un trabajo en ese contexto si con el subsidio y las changas trabaja las mismas horas y gana lo mismo”, alegó Pucci. El último ingrediente es que dentro del núcleo duro del desempleo hay “dos o tres generaciones que perdieron los hábitos de trabajo o que solo han conseguido empleos precarios”, añadió.

Además, la línea de pobreza establecida por el INE es de $ 7.123,84 para Montevideo y $ 4.818,94 para el resto del país urbano. Traspasarla –como lo han hecho 150 mil personas en 2011, según cálculos del Ministerio de Economía– no significa que nunca más vayan a dar un paso atrás: siguen siendo “vulnerables a la pobreza”. Ese es el término que maneja el director de Políticas Sociales del Mides, Andrés Scagliola, para identificar a quienes están en el segundo o tercer decil de ingreso, donde se ubica el 86% de los 10 mil pesistas. Un estudio realizado por el Instituto de Economía con la población del Panes mostraba que, aun si los adultos pertenecientes a esos hogares consiguieran trabajos de tiempo completo, los ingresos que obtendrían, dado su nivel educativo, entre otros rasgos, no les permitirían superar el umbral de pobreza.

Ruta de salida
Si no se retira el subsidio, ¿cómo fomentar la inclusión de estos trabajadores al mercado formal? Para los expertos hay varias vías posibles: mejorar la calidad de los empleos y aumentar su calificación. De lo contrario, el mercado refuerza su segmentación. Otra opción es aumentar las contraprestaciones y su fiscalización. Actualmente, los inscritos a los programas de transferencias deben demostrar asistencia regular de los menores al sistema educativo formal y controles médicos periódicos de niños y mujeres embarazadas. Federico Muttoni, gerente de la consultora Advice, recomendó que se les exija una mayor cantidad de horas en servicios comunitarios para colaborar con la ciudad y promover hábitos de trabajo.

“Las cuadrillas han sido diezmadas por el Mides de forma alarmante”
Alberto Iglesias
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN GRANJERA

“A la persona que cobra un subsidio puede serle más redituable no aceptar un trabajo si con el subsidio y las changas trabaja las mismas horas y gana lo mismo”
Francisco Pucci
DOCTOR EN SOCIOLOGÍA

“Los efectos de desestímulo a la participación laboral no necesariamente deben verse como algo negativo”
Andrea Vigorito
ECONOMISTA
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