Representantes estatales en Pluna pedirán que firma sea intervenida

El ministro de Economía anunció que se necesitan aportar US$ 30 millones en la aerolínea

El Poder Ejecutivo definirá la próxima semana si solicita la intervención de Pluna SA. Mientras tanto, continúa negociando en reserva con el socio privado mayoritario (LeadGate) para resolver los problema de liquidez de la empresa.

El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, le informó al titular de ANCAP, Raúl Sendic, que la aerolínea necesita una capitalización de US$ 30 millones para atender sus obligaciones operativas, informó este jueves radio Sarandí.

Según supo El Observador, además de atender en lo inmediato los pagos atrasados con ANCAP por las compras semanales de combustible y la amortización de una cuota de US$ 1 millón por la refinanciación de un pasivo de US$ 5 millones, Pluna SA deberá abonar en agosto alrededor de US$ 9 millones al Scotiabank por el crédito para la compra de siete aviones Bombardier que concretó en 2007.

Fuentes oficiales informaron que si el socio privado mayoritario “mantiene su tesitura de no inyectar dinero”, no queda otra alternativa que “buscar un nuevo socio”. Asimismo, distintos informantes del gobierno consultados por El Observador descartaron la versión sobre la posibilidad que el Estado opte por desprenderse de su participación del 25% en la compañía de bandera local. El semanario Búsqueda informó ayer que el Estado evalúa vender su participación de 25% en la aerolínea.

Por otro lado, el representante del Partido Nacional en Pluna Ente Autónomo (PEA), Daniel Delgado Sicco, solicitó ayer formalmente ante el directorio la intervención de la aerolínea por parte del Estado.

El funcionario explicó a El Observador que esto se dio “como consecuencia de los reiterados pedidos frustrados para que se designe un veedor en Pluna SA”. También por la insistente recomendación al socio privado para la reducción de los costos de la empresa vinculados a la asesoría de gestión, personal clave, bonos de fin año y tercerización de servicios.

“Entendemos que resulta imperioso intervenir Pluna SA para defender los intereses de la Nación y los trabajadores de la empresa”, afirmó Delgado Sicco. El directorio de PEA dispuso por unanimidad enviar esta petición a la división Jurídica del ente para que analice su viabilidad en un plazo no mayor a 48 horas.

Según admitieron fuentes gubernamentales, el Ejecutivo ya venía manejando hace algunos meses la posibilidad de intervenir Pluna SA, aunque esto se terminará de definir en el correr de la próxima semana.

En ese sentido, la división Jurídica de PEA está analizando un abanico de posibilidades sobre los caminos que puede recurrir para solicitar la intervención. Una de las posibilidades es que se realice a través de un síndico de la Auditoría Interna de la Nación o directamente de la propia Justicia.

Si bien esto no soluciona los problemas de fondo y financieros que tiene la empresa, el socio minoritario, en este caso el Estado, se asegura que los privados no apliquen cambios sustantivos en la gestión de la aerolínea. “Esto se hace para controlar que no se tomen acciones que puedan perjudicar a la empresa y a sus accionistas minoritarios”, precisaron.

El Estado ya atravesó un proceso conflictivo con LeadGate cuando debía definirse una nueva capitalización de la aerolínea en 2009. En esa oportunidad, el Ministerio de Transporte encabezado por el ex ministro, Víctor Rossi, optó por embargar el 75% de las acciones de grupo LeadGate ante la Bolsa de Valores de Montevideo.

Con el arribo de la canadiense Jazz en 2010 –que inyectó US$ 15 millones para hacerse con una participación equivalente a 25% del capital de Pluna–, se levantó el embargo sobre LeadGate que pasó de tener una participación de 75%, a 50% en la aerolínea.

Precisamente, la posibilidad que la canadiense Jazz incremente su participación en Pluna no aparece como una alternativa firme. En su última memoria anual, la aerolínea informó que su participación en Pluna SA estaba “disponible” para la venta.

“La próxima semana vamos a tener una serie de recomendaciones jurídicas para saber qué acciones llevamos adelante”, reveló una fuente. De todas formas, aclaró que también hay que tener en cuenta el “impacto político” que puede traer aparejada una intervención. “Estamos trabajando para llegar a una solución de consenso que también incluya a los socios privados”, indicó. Los contactos entre LeadGate y el gobierno continuarán la próxima semana.

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