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La utilización de efectivos militares para reforzar la seguridad interna y la lucha contra la delincuencia, especialmente la derivada del tráfico de drogas, es un curso lógico evaluado pero descartado en el pasado. Finalmente parece haber tomado fuerza ahora, en momentos en que el accionar policial, pese al mejoramiento de sus resultados, sigue siendo insuficiente para aplacar la principal causa de preocupación de los ciudadanos. Persisten reticencias jurisdiccionales y dudas entre los dos sectores. Pero cuando el agua llega al cuello, hay que recurrir a los medios disponibles para el rescate.

Los delitos más frecuentes, como las rapiñas y los hurtos, han caído en el primer semestre de este año, así como los homicidios gracias al accionar de una Policía mejor formada y equipada. No lo perciben, sin embargo, los comercios y las personas que son diarias víctimas de asaltos, muchas veces sangrientos, en tanto no da señales de abatimiento el narcotráfico y el contrabando de todo tipo de drogas. La situación ha llevado a que, a instancias del Poder Ejecutivo, el coordinador de los servicios de inteligencia, general Washington Martínez, estudie con el Ministerio del Interior mayor participación en el combate a los delitos. Incluye que toda la estructura de las Fuerzas Armadas fortalezca el control de las fronteras, actividad hoy limitada al Ejército en algunas zonas de la frontera seca, así como el combate a los narcotraficantes. Dos años atrás un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos ya había advertido que en Uruguay “los traficantes extranjeros tienen ventajas” para incursionar en el país por la porosidad de las fronteras con Argentina y Brasil.

Actualmente la intervención militar existe solo en el control del perímetro exterior de cárceles para impedir fugas. Incluso el año pasado fracasó una propuesta del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de que se traspasara a efectivos militares la guardia de instalaciones diplomáticas, para reemplazar a los policías que cumplen esa función y liberarlos para actuar contra los delincuentes. En algún momento se consideró también preparar a soldados en funciones policiales como el patrullaje de zonas de alta conflictividad. Todo quedó en la nada. Se argumentó que la formación de los soldados para la guerra y la directa represión armada tornaba imposible que asumieran actividades de la Policía como la prevención y la disuasión.

Detrás de esta renuencia estuvo siempre la posición adversa de algunos sectores del Frente Amplio hacia las Fuerza Armadas, por recuerdo de los años de dictadura que ya ha perdido toda vigencia. Mucho más importante es la seguridad de la gente, especialmente en los centros urbanos principales, en los que el tráfico de drogas se ha convertido en un flagelo mayor como origen de delitos. Lo reconoció el director nacional de Policía, Mario Layera, al informar que actualmente “se estudia la participación y el apoyo de militares a la Policía”. Es indispensable que esta vez, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, la iniciativa se concrete. Las Fuerzas Armadas ya cumplen actividades de apoyo a la población ante desastres naturales y otras instancias, que cuentan con el mayoritario beneplácito de la mayoría de la población. Corresponde extenderlas al combate a la inseguridad pública, reclamo prioritario de la ciudadanía.

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