Resuelven si baja el combustible como nueva medida antiinflación
El uso de las tarifas públicas vuelve a estar sobre la mesa pese al deterioro del margen fiscal
El gobierno recurrirá nuevamente a la herramienta fiscal para contener la suba de precios, pese a que las cuentas públicas muestran un mayor deterioro respecto a situaciones anteriores cuando también se usó esa herramienta con objetivos antiinflacionarios. No obstante, la reducción de los precios internacionales del petróleo pueden aportar la ayuda necesaria para que ANCAP disponga una rebaja de tarifas sin incurrir en sobrecostos, según fuentes consultadas por El Observador.
El directorio de ANCAP tiene previsto analizar este jueves qué margen posee la empresa para aplicar una rebaja de los combustibles en los próximos días. Una fuente del ente aseguró que es “altamente probable” que se produzca un descenso de las tarifas, teniendo en cuenta la evolución que ha registrado el crudo Brent en los últimos meses y el precio del dólar en el mercado local, aunque dentro del directorio hay visiones encontradas sobre si están dadas efectivamente las condiciones para sugerir esta decisión. El Ministerio de Economía (MEF), en tanto, juega un rol fundamental en esta decisión, ya que el abanico de medidas para contener la inflación incluye una rebaja de los precios de los combustibles.
ANCAP tiene desde abril una paramétrica con un crudo a US$ 119,10 y un dólar a $ 19,50. Si bien el dólar ha estado por encima de esa referencia, el petróleo Brent cerró todos los meses desde abril por debajo de ese valor. El último mes (octubre) el cierre fue con un promedio de US$ 111,7; setiembre (US$ 112,8); agosto (US$ 113,3), julio (US$ 102,6); junio (US$ 94,84) y mayo (US$ 110).
Según la fuente, esos meses con un petróleo por debajo de la paramétrica ayudaron “a recomponer la caja” de la empresa que se vio afectada durante el primer trimestre del año. La semana pasada, el director de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Andrés Masoller, había dicho a El Observador que el gobierno “tiene margen” para aplicar rebajas tarifarias para atacar una suba de precios que acumula 9,11% en los 12 meses cerrados a octubre.
El jerarca especificó que el dato de déficit fiscal de 2,8% tiene componentes “transitorios de gastos extraordinarios”, como el pago del juicio a los exaccionistas del Banco Comercial y un sobrecosto energético que hoy equivale aproximadamente a 1,5% del PIB.
Masoller también dijo que se podrán diferir o postergar aumentos planificados a comienzos del próximo año.
Antecedentes
No es la primera vez que se utiliza el ajuste de tarifas para frenar el aumento de precios. En enero de 2009, cuando la inflación trepó a 9,21% como corolario de una escalada de precios registrada al cierre de 2008, el equipo económico presentó un paquete de medidas antiinflacionarias financiadas con un mayor déficit fiscal. Las mismas incluían rebaja del precio de los combustibles, subsidio a la cuota mutual, al boleto y a la leche, exoneración de IVA por cuatro meses a las frutas y verduras, además de la postergación de otros aumentos tarifarios.
Como resultado, en febrero y abril se registraron dos meses de deflación que permitieron a mediados de año aplicar los postergados aumentos.
El contexto macroeconómico de esos años era distinto al de hoy. En ese momento el costo de las medidas tomadas “no afectó significativamente el desequilibrio de las cuentas públicas”. No obstante, el déficit fiscal de 2009 fue de 1,8% del PIB, el mayor para el período de gobierno de Tabaré Vázquez. El entonces ministro de Economía, Álvaro García, había declarado que “el resultado fiscal de Uruguay fue más que aceptable” considerando la crisis internacional.
Ahora, el gobierno deberá decidir si asume un mayor deterioro fiscal necesario para mitigar el aumento de la inflación, con un punto de partida menos favorable que el de hace casi cuatro años. Postergar el ajuste de tarifas contribuiría a controlar el nivel de precios, pero eso dejaría vulnerable otra importante variable económica, como es el resultado fiscal que a setiembre ya acumulaba un rojo de 2,8% del PIB.
Desde que José Mujica asumió la Presidencia en marzo de 2010, las tarifas han sido utilizadas para atemperar situaciones de estrés sobre los precios pero de forma menos activa. Los picos de inflación registrados en junio de 2011, de 8,61%, y de diciembre de 2011, con 8,6%, no provocaron una baja en las tarifas públicas, aunque sí determinaron la postergación de incrementos necesarios para no asumir mayores sobrecostos, sobre todo en el plano energético.
La tarifa de UTE registró cuatro aumentos desde febrero de 2010. Los incrementos fueron de 6,06% de 2011 a 2012 y de 5,6% de febrero de 2010 a febrero de 2011, pero algunas subas fueron mayores dependiendo del tipo de tarifa. También se resolvió un nuevo ajuste de 4,6% en setiembre de este año, una medida inusual para la empresa energética que acostumbra modificar sus tarifas una sola vez al año. No obstante, a mediados de este año la aplicación del plan Tu ahorro vale doble –que benefició con descuentos a usuarios que redujeran su consumo– tuvo un efecto favorable en la inflación.
El caso de ANCAP es más complejo debido a que los ajustes tarifarios no siempre responden a necesidades internas sino a la volatilidad del petróleo. Igualmente los últimos tres ajustes fueron al alza siendo el de abril de este año de 5,9%. El incremento de diciembre de 2011 fue de 5,9% y el de marzo de 2011 de 9,4%.
OSE también ha subido sus tarifas a lo largo de los últimos años, aunque en general el ajuste respeta la variación del Índice de Precios al Consumo del año anterior o incluso es inferior. En febrero de 2010 aumentó 5,8% la tarifa con el fin de hacer frente los aumentos salariales y los costos operativos de la empresa. En febrero del siguiente año el ajuste fue de 5,5% y el último ajuste, en febrero de 2012, fue un aumento de 5,9%, casi tres puntos menos de lo previsto inicialmente.
Suba de tasas y acuerdos con privados
La política monetaria y su efecto sobre el tipo de cambio ha primado en los últimos años para combatir la inflación. El Comité de Política Monetaria del Banco Central aumentó reiteradas veces la tasa de referencia, no solo para lograr un freno en el Índice de Precios al Consumo sino también para brindar una señal clara al mercado de que la prioridad del gobierno sigue siendo el combate a la inflación. El último aumento de la tasa de política monetaria, el 28 de setiembre, fue de 0,25 puntos porcentuales, tras lo cual se ubicó en 9%. En esa oportunidad, se consideró que el aumento de los precios en la economía local constituye un mayor riesgo que los problemas derivados de la crisis internacional. Otro instrumento utilizado para la estabilización de precios fue el aumento de los encajes monetarios, es decir que las instituciones se vieron obligadas a depositar mayor cantidad de dinero en el BCU. El objetivo de esta estrategia es encarecer el crédito de modo que baje la demanda de bienes y servicios, y, en última instancia, los precios. También se adoptaron medidas heterodoxas. El mes pasado se acordó con los supermercados la congelación total de precios hasta fin de año –con la excepción de la carne, las frutas y verduras– y bajar 10% el precio de una canasta de 200 productos. Esa experiencia ya se había aplicado en ocasiones anteriores.
