La Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR), consideradas las dos gremiales ruralistas más poderosas de Uruguay, recomendaron hoy a los productores que impugnen el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) por “claros vicios de inconstitucionalidad”, dijo el presidente de ARU, José Bonica.
El gremialista agregó que “hay motivos jurídicos suficientes para hacerlo” y aseguró que para la dirigencia ruralista “la discusión política del tema terminó en diciembre” pasado, cuando se aprobó el nuevo tributo al sector agropecuario.
Como se recordará, el ICIR grava con US$ 8 por hectárea a las extensiones de campo entre 2.000 y 5.000 hectáreas –índice Coneat 100-; en US$ 12 por hectárea a las extensiones entre 5.000 y 10.000 hectáreas –Coneat 100-; y con US$ 16 por hectárea a las que superan las 10.000 hectáreas.
Por su parte, el presidente de la FR, Miguel Sanguinetti, remarcó que la ley que creó el ICIR tiene “varios artículos inconstitucionales, viola la potestad tributaria de las intendencias, al ir contra los artículos 297 y 298 de la Constitución de la República, y el principio de igualdad en la carga tributaria”.
La ARU y la FR advirtieron que la impugnación debe presentarla cada productor y, si sale un fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia, solo beneficiará al que presentó el recurso. Además, pusieron a disposición de los productores toda la información recibida de las consultas con expertos constitucionalistas.