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Rusia ayuda a Venezuela para consolidar presencia regional

La estrategia del Kremlin busca contrarrestar peso de Estados Unidos en Latinoamérica

Por  Redacción
AFP

La decisión de Rusia de reestructurar una parte de la deuda que Venezuela mantiene con ese país es bastante más que un simple gesto amigable de su presidente, Vladimir Putin, con su colega, Nicolás Maduro.

Además de constituir un tiro por elevación contra la administración del republicano Donald Trump, de esa manera Putin apunta a consolidar la presencia rusa en Latinoamérica, y lo hace al apuntalar a uno de sus principales aliados y socios estratégicos en esa región.

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El presidente ruso, un político tan astuto como ambicioso, es consciente de la fuerte presencia geopolítica estadounidense en el continente, por lo cual no pretende ser menos.

Ya desde la época en que Venezuela era gobernado por el extinto presidente Hugo Chávez, Rusia dio soporte a la nación caribeña en distintos rubros, mientras esta se convertía en usual comprador de armamento (rifles de asalto e incluso aviones de combate), además de recibir regularmento asesoramiento militar.

De todas formas, el vínculo entre ambos países no se circunscribe solamente a esta asistencia financiera: Rusia tiene fuertes intereses económicos en tierras bolivarianas, como por ejemplo con sus inversiones en sectores como energía, minería, construcción y fabricación de aluminio, entre otros rubros.

Ya en la época de Chávez, Rusia asistió con préstamos de distinta magnitud a Venezuela y esa cooperación bilateral fue fortaleciéndose.

Y desde que Maduro tomó las riendas del poder, y las presiones internacionales se intensificaron para sacarlo, Putin se transformó en algo más que un socio y sostén económico.

Mientras espera un salvavidas similar desde China –país con el que tiene una deuda por US$ 28 mil millones– la reestructuración con Rusia, por unos US$ 3 millones al menos le dará a Maduro un alivio transitorio.

El acuerdo permitirá al chavismo ampliar el plazo de pago en más de diez años, en el marco de un proceso de reestructuración con acreedores internacionales por un total de US$ 140 mil millones.

El tiempo dirá si Maduro lo logra, pero mientras tanto consigue aire y tiempo, en tanto Putin juega el partido que más le conviene en la región.

Para inversores Pdvsa ya ingresó en default

La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), que reúne a tenedores de bonos, decidió este jueves durante una reunión en Nueva York que la petrolera estatal venezolana Pdvsa se encuentra en default con sus títulos de deuda.

Ese grupo "resolvió combinar los tres eventos de créditos con respecto a Petróleos de Venezuela, y resolvió que hubo un default de pagos con relación a PDVSA", de acuerdo con un escueto comunicado.

Pilar de la economía venezolana, Pdvsa llegó a ser una de las cinco mayores petroleras del mundo.

Hoy languidece, con una producción en caída libre y declarada en default selectivo.

Pese al repunte del crudo en los últimos meses, la empresa no pudo apagar las alarmas y las agencias calificadoras Standard & Poors y Fitch bajaron sus notas e calificación crediticia esta semana.

Exfiscal exige investigación por abusos

La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que debió huir por su oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro, exigió este jueves a la Corte Penal Internacional que inicie una investigación por los presuntos abusos y torturas cometidos por el gobierno.

El presidente y su gobierno "deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad", señaló Ortega luego de depositar en ese tribunal de La Haya un legajo con 1.000 piezas de evidencia.

Ortega, de 59 años, salió clandestinamente de Venezuela a fines de agosto porque dijo ser víctima de una persecución política; ahora está bajo protección del gobierno colombiano, que le ofreció asilo.

Luego de entregar los legajos a la oficina del fiscal general, Ortega insistió en que Maduro y su gobierno "deben pagar por el hambre, la miseria y las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela".

Ortega dijo que la policía y los militares mataron a unas 1.767 personas en 2015. El año pasado hubo 4.677 muertes, y 1.846 fueron asesinadas en los primeros seis meses de 2017.

Su expediente incluye el testimonio de testigos, así como entrevistas con expertos y médicos, que detallan presuntos "crímenes, asesinatos, torturas y encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil".

Ortega narró que empezó a recabar informaciones sobre esos crímenes cuando estaba al frente de la fiscalía general en 2015.

También denunció al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al de Justicia, Néstor Reverol, entre otros responsables del equipo de gobierno.

"También incluimos en la denuncia más de 17.000 detenciones arbitrarias, la militarización de la seguridad ciudadana, que permitió el uso de las armas de fuego en manifestaciones", agregó.

"Nos vimos en la necesidad de recurrir a esta instancia internacional porque en Venezuela no hay justicia", acotó.

Desde que huyó inicialmente a Colombia, la jurista realizó un periplo por distintos países de la región para presentar pruebas de los abusos del gobierno y buscar apoyo para restaurar el orden democrático en su país.

Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis económica, política y humanitaria que derivó en manifestaciones callejeras que dejaron 125 muertos entre abril y julio.

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