SCJ señaló que falta de partidas impide cumplir condena Gelman
Advierten que el Ejecutivo no le da un peso para formar jueces
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) advirtió en el Parlamento que el Estado uruguayo se expone a incumplir disposiciones de derechos humanos vinculadas a la condena internacional por la desaparición en
dictadura (1973-1985) de María Claudia García de Gelman de aprobarse un Presupuesto sin fondos adicionales para que el
Poder Judicial brinde capacitación internacional a sus magistrados.
Aunque en su aspiración presupuestal propia la corporación establece la creación de un departamento sobre derechos humanos, género e infancia –que entre otras cosas dará cursos internacionales en la materia–, la corte reclamó ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados que el proyecto de ley de Presupuesto enviado por el gobierno no incluye ningún artículo con incrementos para la Justicia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en 2011 al Estado uruguayo por el caso Gelman a causa del litigio internacional iniciado en 2006 por la desaparición de María Claudia durante la dictadura uruguaya. Fue la primera condena que recibió Uruguay de parte del organismo.
Al inicio de su segunda administración, el
presidente Tabaré Vázquez conformó en la órbita de Presidencia el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura. La creación de ese grupo fue cuestionada por asociaciones de expresos políticos. Ahora la SCJ reclama que le faltan fondos para formar jueces especializados en derechos humanos.
"Debo decir que después de la sentencia Gelman pasaron varias rendiciones de cuentas en las cuales, consecutivamente, el Poder Judicial reiteraba la necesidad de $ 500.000 por año para realizar los cursos de derechos humanos que habían sido dispuestos. Nunca se le dio dinero al Poder Judicial para poder realizar esos cursos, lo que llevó a que se hicieran y se repitiera cada año un curso de derechos humanos impartido por docentes nacionales", dijo en el Parlamento el ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique.
"Claramente, si otra vez no tenemos los fondos para realizar cursos de carácter internacional y con la enjundia que necesitan, si no tenemos recursos para que haya un auténtico diseño de una política judicial en materia de derechos humanos, se compromete el futuro y podría haber eventuales situaciones de incumplimiento de derechos humanos por el país", agregó.
