Al cumplirse el primer mes de aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, desde el Ministerio de Salud Pública se indició que hubo más casos en centros privados que en los públicos, según informa Búsqueda.
“Eso desestigmatiza la idea de que los que siempre dicen que las mujeres de menores recursos son las que más recurren al aborto”, dijo el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo al semanario.
Se trata de un dato “prelmiminar”, pero la diferencia entre ambos sectores está marcada en los 200 casos que se registraron en el primer mes.
“El embarazo no deseado se da en todas las clases sociales, en todas las religiones y edades”, agregó el jerarca.
El pasado viernes, Briozzo informó que en el primer mes de vigencia de la ley del aborto hubo 200 intervenciones, principalmente en Montevideo. "En el Pereira Rossell cerca del 20% de las usuarias que se asesoraron decidieron continuar con el embarazo, lo que ratifica que se trata de una ley pro-derechos y no pro-aborto”, indicó.
“Estamos convencidos —porque la evidencia internacional así lo indica— de que este tipo de leyes, más las políticas públicas de anticoncepción y planificación familiar y educación en salud sexual y reproductiva tienen como objetivos: mejorar la salud, la calidad de vida de las mujeres, disminuir la mortalidad materna —hace unos años el aborto provocado era la principal causa de muerte materna en Uruguay—, y disminuir el número de abortos”, explicó.
