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Desde que comenzó la campaña para bajar la edad de imputabilidad de los menores, lanzada el 19 de marzo, los colorados de Pedro Bordaberry y los blancos de Luis Alberto Lacalle recogieron 170 mil firmas de las 250 mil que necesitan para que la propuesta sea plebiscitada junto a las elecciones nacionales de 2014. La cifra no es nada despreciable. Pero también es cierto que quienes ya participaron de este tipo de actividades en el pasado advierten que las rúbricas que faltan son las más difíciles de conseguir. Lo que hasta el momento fluyó sin dificultad, manifiestan, comenzará a hacerse cuesta arriba.

Por eso no es extraño que justo en este momento las campañas a favor y en contra de la baja de edad de imputabilidad hayan ingresado en una etapa de crispación en la cual las acusaciones acerca de supuestos engaños y tergiversaciones están a la orden del día.

“Cualquier persona mínimamente informada en el mundo sabe que la baja de la edad de imputabilidad es una medida efectista que no soluciona el tema de fondo. Es una falacia impresionante. Es medrar con un problema importante que es el miedo de la gente”, dijo ayer el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, en radio Sarandí.

El jerarca había participado el miércoles 29 de un acto de la Comisión Nacional No a la Baja en el que se acusó a los impulsores de la recolección de firmas de recaer en el engaño, la confusión y la politiquería barata.

La comisión que lleva adelante la campaña está integrada por organizaciones como Ielsur, Serpaj, FEUU, PIT-CNT, Gurises Unidos y El Abrojo.
Durante la presentación de la comisión estuvieron presentes, además de Cánepa, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia; el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta; el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, y el ministro de Salud Pública, Daniel Olesker.

Allí se escucharon críticas diversas a los impulsores del plebiscito. “Que nadie firme estafado. Esto es una burda maniobra electoral. Tienen mil maneras de buscar votos, si es lo que pretenden”, dijo Juan Castillo, miembro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. “Que no hablen, que lo que sucede es consecuencia de las políticas neoliberales que no nos permitieron el acceso a las políticas sociales”, agregó.
Brazo ejecutor

La respuesta no se hizo esperar. El diputado colorado Walter Verri (Vamos Uruguay) dijo a El Observador que la reacción de los que se oponen a la iniciativa del Partido Colorado y de los blancos de Unidad Nacional, demuestra “la aceptación que la propuesta ha tenido en la gente” y “deja al descubierto que el PIT-CNT se sigue equivocando. Y después se molesta cuando se le dice que tiene mala imagen por oponerse a los intereses de la gente. Porque nuestra campaña no es en contra de los menores sino a favor de la gente”, dijo Verri.

En tanto, el diputado blanco Gustavo Borsari (Unidad Nacional) sostuvo que la contracampaña “empezó de la peor manera: tratando de engañar al pueblo uruguayo con inexactitudes que no resisten ni una somera lectura de la papeleta”.

La reforma propuesta por los integrantes de la Comisión por Seguridad Pública Yo Firmo también contiene la creación de un centro de rehabilitación juvenil, aumentar las penas para los delitos graves y mantener los antecedentes de los menores infractores.

Verri recordó que el PIT-CNT “fue el brazo ejecutor de 17 plebiscitos y en aquellos momentos las firmas les parecían válidas y les parecía fantástico que la gente votara. Son todos malos mensajes. Hace seis años, el Frente Amplio soltó 1.500 presos y hoy está a favor de los delincuentes”, sostuvo.

Por su parte, Borsari dijo que “es una lástima que algunos dirigentes del PIT-CNT estén involucrados en esta contracampaña en lugar de ocuparse de los intereses de los trabajadores”.

“Es una pena que algún dirigente del PIT-CNT tergiverse la verdad. Si no leyó el proyecto de reforma constitucional es grave, y si lo leyó, está mintiendo: nadie va a ir a una cárcel de adultos. Tenemos que defender a la gran mayoría de los jóvenes uruguayos que quieren estar seguros cuando van al liceo o a divertirse”, sostuvo.
“Padres”.

Ayer, Cánepa se despachó contra blancos y colorados. “Acá hay un tema de inseguridad real, el gobierno tiene mucha conciencia de eso y es nuestra responsabilidad resolverlo.

Y no está vinculado solamente a los datos reales del delito sino a la situación que se genera subjetivamente. Hasta el año 2005, el 55% de los niños nacían bajo la línea de pobreza y eso algún día se paga. Lo increíble es que los padres de esas criaturas hoy los quieran meter presos: los Bordaberry, los Batlle, los Sanguinetti, que son los padres de esa situación, hoy la solución que le dan a los uruguayos es poner presos a los hijos de sus políticas”, afirmó.

“Decirle a la sociedad que simplemente con el hecho mágico de bajar la edad de imputabilidad se van a solucionar los problemas es por lo menos poco serio. ¿Y después qué pasa? ¿Hasta cuándo vamos a bajarla? ¿Hasta los 14 años, hasta los 12?”, preguntó.
El 30 de julio se realizará el denominado Día del Firmazo en el que los impulsores de la campaña pro plebiscito saldrán a juntar firmas en forma masiva en todo el país. Visitarán ferias, centros comerciales y otros lugares públicos.
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