Seguidores de Franco y Lugo se enfrentan en varios escenarios
Polémica por las elecciones, el nepotismo y las denuncias de purgas
"Ahora anuncian las elecciones para el 21 de abril de 2013 y surgen muchos cuestionamientos. Nos preguntamos: ¿cómo se garantizará que estas elecciones reflejen la voluntad popular? Nos preguntamos ¿qué garantía ofrece un gobierno golpista de que las elecciones serán transparentes, libres y creíbles?” Dichsa inquietudes pertenecen a Fernando Lugo, separado de la Presidencia de Paraguay por un juicio político el 22 de julio. Su país ya mira a los comicios de 2013. Y aunque ni él ni Federico Franco –que asumió en su lugar– serán candidatos a la reelección, ya comenzó la puja por los votos en varios frentes.
El escenario de debate más novedoso fue dibujado por Lugo a principios de mes, cuando declaró que desconfía de las garantías para las próximas elecciones.
El titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Juan Morales, le respondió que “está desequilibrado y dice incoherencias” y le recordó que él fue uno de los que firmó el certificado que lo designaba presidente en 2008. “En ese momento no dijo nada sobre los ministros electorales. Ahora que fue sacado en forma constitucional inventa cosas”, señaló, según constató la prensa paraguaya.
Este domingo el diario paraguayo ABC Color consignó que existe una “campaña para deslegitimar” los resultados de los comicios y que por eso el TSJE busca hablar con Lugo para “conocer sus inquietudes y parar con la peligrosa campaña”. Pero el expresidente no quiere recibir a las autoridades electorales y Mario Ferreiro, el candidato al Ejecutivo por su partido –el Frente Guasú–, negó que existiera semejante plan. “Solamente tenemos una necesidad de formar veedores para cuidar las elecciones (…). Paraguay no es Suecia ni Noruega. Tiene una democracia joven, imperfecta”, manifestó al mismo periódico.
Nepotismo y casamiento
Otro foco de incendio es el de las acusaciones a Franco por nepotismo. Este fin de semana el sitio web Paraguay Resiste, creado en torno a Lugo, publicó una lista de 27 parientes del presidente que ocupan cargos públicos. Algunos ya se desempeñaban en esos roles antes de la asunción del liberal y otros fueron promovidos después.
Además, cobró fuerza pública la denuncia de que uno de los hijos de Franco, Iván, hará su fiesta de casamiento en la residencia presidencial, Mburuvichá Róga. La indignación fue tal que el mandatario convocó a una conferencia de prensa el lunes para explicar la situación: dijo que se haría ahí por razones de seguridad y que la boda sería pagada por su familia y la de la novia, sin gastar el dinero del Estado.
Luego Franco respondió a las acusaciones de nepotismo: “No sé el objetivo, pero no es veraz y mucho menos imparcial”, aseguró, y pidió a los periodistas ser más responsables, porque en la lista figuraban algunos que no eran parientes suyos, además de otros que ocupaban cargos desde antes de que él estuviera al frente del Ejecutivo. “Le voy a pedir a Leryn Franco que por Dios cambie su apellido. Acá figura un Franco que no tiene nada que ver”, ironizó.
Un final distinto
Los choques no terminan allí. Las fiscales Stella Mary Cano y Raquel Brítez todavía investigan la presencia del canciller venezolano Nicolás Maduro en una reunión con militares en la casa de gobierno la tarde en que se votaba la destitución de Lugo. De los ministros llamados a declarar, algunos dijeron que no vieron nada anormal esa tarde y otros declararon que ni siquiera vieron a Maduro en Mburuvichá Róga. Marcial Congo, mano derecha del destituido presidente, sí dijo que vio al venezolano y que lo guió hasta el lugar donde estaban los militares. Sin embargo, declaró que la intención del enviado de Hugo Chávez era “extender su preocupación”.
La sorpresa fueron las declaraciones de Liz Cramer, ministra de Turismo, quien ofreció ante la Justicia una versión totalmente disonante. Relató que la tarde de la destitución, Lugo los reunió en una sala contigua a aquella en la que se encontraba Maduro con los militares y les comentó que estaban preparando un comunicado donde los oficiales expresaban su apoyo ante su inminente destitución. El entonces presidente les preguntó su opinión y la ministra le respondió que esa opción no era viable y que no lo apoyaría.
Lugo le respondió a través de la prensa y, consultado por El Observador, contestó algo similar: “La ministra Cramer necesita un psiquiatra. Ahí estuvimos 55 personas. De esos, como 15 o 16 fuimos a declarar en la Fiscalía, ¿y cómo es posible que solamente la ministra Cramer fue la única persona que escuchó lo que yo no dije?” El exmandatario rechazó que pesaran las lealtades a la hora de declarar ante la Justicia y agregó que “incluso, muchos fueron a declarar sin tener ninguna comunicación entre nosotros”. “Y la Fiscalía podía haber encontrado contradicción entre nosotros, como suele hacerse en las declaraciones”, argumentó.
En , Lugo también se refirió al Ministerio de Defensa, otro punto de ignición. Mientras estuvo al frente del país “estaba vetado que el Parlamento tratara la ley de reservistas porque Lugo quería formar un ejército bolivariano. Hoy lo formaron ellos”, dijo, y lanzó una carcajada. El exmandatario se refirió así a la recientemente aprobada ley que aprueba la figura del “soldado temporal voluntario”, por la que se admite en el ejército a personas que hicieron el servicio militar y que quieren prestar algunos servicios a la patria.
Los luguistas denuncian que Franco está armando al país. Pero al mismo tiempo el titular de la Asociación Rural del Paraguay, Germán Ruiz, le pidió al mandatario más rubros en Defensa para equipar mejor a las Fuerzas Armadas para que puedan combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
En el presupuesto público de 2013, aprobado por Diputados y a estudio de Senadores, se le asigna un aumento de US$ 1.800.000 al Ministerio de Defensa, un poco menos que lo que recibiría la Secretaría de Emergencia Nacional, por citar un ejemplo. El aumento del presupuesto nacional previsto para el año que viene es de US$ 24 millones.
Purgas
Un quinto frente de batalla está en la televisión pública, donde hubo denuncias de “purgas” de funcionarios por parte de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Cuando se concretó la asunción de Franco, este canal fue el único que estuvo manifiestamente en contra del traspaso. Cuando se concretó la asunción de Franco, este canal fue el único que estuvo manifiestamente en contra del traspaso. “¡El canal del Estado hablaba mal del gobierno! Y no lo censuramos para que no digan que estamos en contra de la libertad de prensa y aguantamos estoicamente”, confió hace unos días a a El Observador.
A principios de setiembre hubo 27 despidos y RSF denunció también una “cacería de brujas”. El argumento oficial para justificar los despidos fue que los implicados habían sido contratados por la Organización Iberoamericana de Estados y que sus contratos vencían el 31 de agosto.
En diálogo con El Observador, el director ejecutivo de la TV Pública de Paraguay, Cristian Turrini, destacó que “la terminación de los contratos y el término de trabajo” es una situación que se daba desde la época de Lugo “precisamente por falta de un presupuesto formal” y que “hoy solo existe una continuidad de la conclusión de los contratos”. El director explicó que “el staff básico (ampliamente mayoritario al de los ex consultores) que hoy sigue llevando adelante el funcionamiento del canal está constituido por trabajadores que pertenecen a agrupaciones partidarias del anterior régimen, con lo cual el argumento de ‘caza de brujas’ o de ‘limpieza ideológica’ no tiene ningún tipo de asidero”.
