Sillas y sombrillas generan roces en las playas de Punta
La Intendencia de Maldonado tiene otorgados 120 permisos para edificios
A las 9 de la mañana, a pesar de que las nubes cubrían gran parte del cielo y de que los veraneantes todavía eran muy pocos, la parada 3 de la Mansa ya hacía un buen rato que había entrado en movimiento. En cada entrada a la playa, carros repletos de sillas, reposeras y sombrillas hacían una fila junto a la vereda mientras los trabajadores del servicio de playas acarreaban los elementos hasta la arena.
Ese servicio funciona desde hace algunos años en las playas de Punta del Este, La Barra, Manatiales, Portezuelo y José Ignacio. Como un plus muy apreciado por los visitantes que buscan la comodidad para pasar el verano, tanto hoteles como edificios, estén o no frente a la costa, extienden su servicio y ofrecen a los propietarios e inquilinos la posibilidad de tener una silla y sombrilla esperándolos para cuando se decidan a bajar a la playa.
Desde que comenzó esta modalidad, la “primera fila”, como le llaman quienes trabajan acomodando las sombrillas, ha sido motivo de disputas tanto entre los edificios, como con los demás veraneantes. Tanto es así que desde hace 8 años, la Intendencia de Maldonado (IM) impuso la obligatoriedad de obtener un permiso para poder dar ese servicio y limitó la cantidad de sombrillas vacías que puede tener cada edificio a un total de cinco, pudiendo agregar de a una a medida que llegan ocupantes.
Además, según los requisitos que describe el permiso otorgado por el departamento de Higiene y Protección Ambiental, al que tuvo acceso El Observador, sillas y sombrillas deben otorgarse en forma gratuita y “en ningún caso se podrán colocar a menos de 10 metros de la línea de la rompiente de la ola”, pero esto último no se respeta.
En lo que va de la temporada, la Intendencia de Maldonado ha realizado 11 notificaciones a edificios por incumplir el permiso. Si bien no se prevén multas económicas, en caso de incumplimiento el municipio puede suspender el servicio por un día, una semana o toda la temporada, algo que ocurrió solo una vez porque un hotel había dispuesto 55 sombrillas y se negaba a retirarlas, contó a El Observador el coordinador general de Higiene de la intendencia, Carlos Báez.
Entre las dos bahías la comuna tiene otorgados un total de 120 permisos; 44 corresponden a la playa Mansa y 76 a la playa Brava. Además hay otros 12 permisos distribuidos entre La Barra, Portezuelo, Manantiales y José Ignacio.
La mayoría de los consultados coincidió en que la zona más problemática es entre las paradas 5 y 8 de la playa Brava. Allí, la intendencia tiene registrados 24 permisos. Según algunos de los acomodadores consultados, por edificio bajan alrededor de 30 familias, transformando la playa casi en un lugar privado.
Intereses encontrados
El 15 de enero, a pesar del recambio de turistas, el fenómeno podía apreciarse con claridad desde el Muelle de la Pastora. Las sombrillas identificadas con el logo de diferentes hoteles y edificios ocupaban gran parte de la franja costera. Un hotel había dispuesto seis –ninguna de ellas todavía ocupada– y un edificio tenía 12. Las 10 de otro edificio cercano, con sus almohadones rojos, resaltaban también vacías esperando la llegada de los propietarios. La misma situación se daba en la Brava, lo que hace que los particulares que concurren a la playa temprano, esperando ocupar un buen lugar en la arena, sean relegados a sentarse después de la fila de sillas que pertenecen a las torres.
Recostada en su reposera, justo detrás de una de las líneas de sombrillas de la Brava, María Ernestina Torres, una chilena que vive en Punta del Este desde hace 44 años, aseguró a El Observador que ella es la primera en quejarse. “Es un abuso, porque nadie tiene propiedad de la playa y si llegaste más tarde, ya tenés 100 metros de sombrillas”, dijo. “He llegado y me ponen las cosas adelante. Yo me pregunto: ¿son dueños de la playa?”, dijo.
“Es una situación incómoda”, señaló por su parte Enrique Lozdziejsky, que también se encontraba vacacionando en Punta del Este, debido a que se generan roces entre los veraneantes y los trabajadores que defienden su fuente laboral. Según él, el problema se incrementó debido a la cantidad de edificios.
En tanto, Mario Sureda, director de la inmobiliaria Sureda, aseguró que aunque el edificio es una zona de influencia, “no es exclusivo y se ocupa de la misma manera que lo hacen los particulares”. Es, además, algo que ofrece el 100% de los grandes edificios, dijo, porque “es un servicio importante para el verano” que “se busca en el alquiler”.
Luis, un empleado que trabaja en el servicio en la playa Mansa aseguró que muchas veces los propietarios “quieren creer que la playa es privada”. “Como tienen el servicio, se piensan que la playa es de ellos y te piden que les digas (a los particulares) que se corran. Piensan que en esa parte no puede entrar nadie”, explicó.
“No es derecho exclusivo, es derecho compartido”, dijo a El Observador el coordinador de Higiene de la intendencia, aunque reconoció que es un tema “muy complejo” porque “entran muchos intereses”. Los propietarios presionan, los trabajadores no quieren perder el puesto y los particulares quieren su lugar en la playa. El jerarca reconoció sin embargo que antiguamente “era caótico”, aunque aseguró que “cada vez hay menos resistencia” a acatar la normativa.
