El ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, el directorio del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y directivos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), se presentaron en comisión de Diputados para explicar la situación actual en los centros de reclusión de menores.
El presidente del INAU, Javier Salsamendi, destacó el "papel positivo" del SIRPA a la hora de llevar adelante las denuncias de malos tratos en los centros de reclusión. En este sentido, desmintió acusaciones que lo increpan de no hacer denuncias por estar en campaña electoral. Salsamendi afirmó que se han hecho "todas" las denuncias que han sido conocidas por el INAU.
Autoridades del SIRPA y del INAU entregaron a los integrantes de la comisión de diputados una carpeta con 48 expedientes con casos de malos tratos denunciados. En este sentido, el diputado del Frente Amplio, Felipe Michelini, planteó la necesidad de hacer un protocolo que fije la manera en que se debe proceder en casos de malos tratos. El diputado del Partido Colorado, Juan Manuel Garino, y el diputado nacionalista Pablo Abdala, apoyaron el planteo de Michelini.
La presidenta de la comisión, Berta Sanseverino, dijo a El Observador que durante la reunión Olesker esbozó algunos puntos en "donde se ha avanzado". En primer lugar, el ministro apuntó a la construcción de edificios y admitió algunas demoras en las obras de uno de los centros de reclusión para jóvenes. Anunció que para setiembre se inaugurará un centro con 108 nuevas plazas, y destacó que desde 2012 hasta la fecha, se construyeron 500 nuevas plazas.
El legislador nacionalista Pablo Abdala cuestionó ese dato, y aseguró que "una cantidad considerable" de centros aún no están terminados.
Según Sanseverino, "hay otro (centro) más, que estaría para más adelante. Con todo esto se estaría cubriendo muy cómodamente el tema del hacinamiento".
En un segundo punto, Olesker expuso sobre la ampliación de las horas de taller, los programas de inclusión social y de personal docente que han existido en los centros del SIRPA.
Protocolo
En diálogo con El Observador, Michelini afirmó que "tiene que haber un protocolo claro de denuncia" porque la legislación actual no se adapta a un "adolescente que está privado de libertad por orden de un magistrado".
Según Abdala, el protocolo podría establecer que un funcionario denunciado por maltrato deje de tener vínculos con el recluso denunciante, hasta que no se llegue a una condena. Michelini apuntó a la necesidad de no penar a los reclusos con la suspensión de visitas familiares, porque la familia "es la principal contención que tienen estos jóvenes" y porque es "importante" para la rehabilitación.
Tanto el diputado nacionalista Pablo Abdala como el colorado Juan Manuel Garino, afirmaron que las exposiciones de las autoridades "no fueron satisfactorias". "Esperábamos un reconocimiento de la crisis, de la gravedad de la situación", dijo Garino. "Después de escuchar a las autoridades quedaba claro que había pocas noticias, poco cambio en la situación, principalmente en la situación de hacinamiento y las inversiones en infraestructura", afirmó Abdala.
