Sobrevuela la lista negra de la OIT
Uruguay está expuesto a un fallo condenatorio. Debe eliminar las ocupaciones como derecho constitucional
Ya es definitivo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de confirmarle al gobierno su oposición a las ocupaciones en su forma actual. Queda ahora en manos de la administración Vázquez cumplir el dictamen, pese a la cerrada oposición del PIT-CNT. La alternativa es arriesgarse a que Uruguay ingrese a la degradante lista negra de la OIT. El tema se arrastra desde hace 11 años, cuando el primer gobierno del
Frente Amplio aprobó en 2006 el decreto 165, que incorporó las ocupaciones al derecho constitucional de huelga, sin especificar las condiciones en que debían realizarse.
Tres años después sancionó la ley de negociación colectiva, que incorporó las ocupaciones. Ante las fundadas protestas de las cámaras
empresariales, retiró de la norma ese artículo. Pero cayó en la contradicción de mantener vigente el decreto, con lo cual borró con una mano lo que había escrito con la otra. El resultado fue que la central sindical continuó con ocupaciones y piquetes, que muchas veces estallaron en actos de violencia. El sector empresarial recurrió entonces a la OIT, que dictaminó que las ocupaciones solo son admisibles si se respeta el derecho de los trabajadores que quieran continuar con sus tareas y se permite el acceso de los dueños o directivos de las instalaciones tomadas.
La comisión de Libertad Sindical de la OIT presentó ocho recomendaciones, de las cuales el gobierno aceptó algunas pero sin tocar la referente a las ocupaciones. El PIT-CNT argumenta que si se cumple lo dispuesto por la OIT se desnaturaliza el carácter de ocupar plantas u oficinas, en la forma total y férrea en que lo entiende la central sindical. Las gremiales empresariales han accedido reiteradamente a lo largo de los años a congelar o diferir su protesta ante el organismo mundial, para dar tiempo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a negociar una salida. Pero los esfuerzos negociadores han fracasado una y otra vez por la cerrada negativa del PIT-CNT a flexibilizar el tema.
El sector empresarial se hartó finalmente de la inacción gubernamental y, después de ocho años de idas y venidas, reiteró su queja ante la OIT, que el 20 de octubre confirmó sus objeciones a las ocupaciones como las concibe la central sindical. Dentro de pocos días llegará a Uruguay el director general de la OIT, Guy Ryder. En esa oportunidad el gobierno tendrá que haber resuelto si cumple las recomendaciones de la organización que regula las relaciones laborales, o sigue sin definirse. En este último caso, resurgirá con fuerza la probabilidad de que Uruguay caiga en la lista negra, perspectiva ominosa para un país que se ha prestigiado mundialmente por su cumplimiento estricto de las normas razonables que regulan todas las actividades.
La responsabilidad recae directamente sobre el Frente Amplio, cuyos gobiernos se han excedido en concesiones al PIT-CNT, en detrimento del sector productivo y con nocivas consecuencias sobre el empleo, como lo demuestran irrefutablemente las últimas cifras oficiales en esa área. Es hora de que enfrente las objeciones sindicales y tome el rumbo realista de corregir los desequilibrios que alentó desde 2006, eliminando el decreto aún vigente que además viola la libertad sindical y la
Constitución de la República. De no hacerlo, se expone a un fallo condenatorio de la OIT, que incorporaría al país a la lista ominosa de las naciones que no respetan derechos establecidos para el campo laboral. Uruguay cumple muchos pero aquí está en grave falta.
