No puede quedar impune la gravísima denuncia de Wilson Netto contra profesores de Secundaria que sabotearon el dictado de clases con una artimaña fraudulenta para cobrar sin trabajar. El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que, durante la continuada ola de conflictos, muchos profesores avisaban a los estudiantes que no asistieran a clase al día siguiente porque se adherían a un paro. Pero estos docentes concurrían igualmente al liceo y, ante las aulas vacías al haber mantenido alejados a los estudiantes, marcaban tarjeta y se iban. Con este artilugio evitaban los descuentos salariales que se aplican a los verdaderos adherentes a un paro.

Netto descartó el castigo a estos docentes porque “la información es muy difícil de obtener”. Pero la admisión de esta dificultad se contradice con su propio anuncio de que recibió quejas específicas de familias en varios liceos, lo que ciertamente debiera facilitar la identificación de los docentes culpables. La máxima autoridad de la enseñanza pública se limitó a señalar que se trata de “un problema de ética”. El caso va mucho más lejos que una mera falta ética. Por un lado, se estafa al Estado cuando, para evitar los descuentos salariales que se aplican a quienes hacen paros, se miente al decirles a los alumnos que estarán de paro al día siguiente pero igual van a marcar tarjeta y de inmediato se toman el día libre.

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Por otro lado, es aun más grave recurrir a un engaño para retacearles clases a los estudiantes, agudizando el colapso de un año lectivo que ya lleva más de un mes de cursos perdidos. eriorado irremisiblemente la enseñanza, ya de por sí pobre y atrasada, que se imparte en épocas normales. Como anunció el propio Netto, “miles de estudiantes” se han desvinculado del sistema estatal, corridos por la incertidumbre sobre el esporádico dictado de clases.

Tanto el presidente Tabaré Vázquez, mientras estaba de visita en Estados Unidos, como la directora del Consejo de Secundaria, Celsa Puente, instaron a los padres a mandar a sus hijos a los centros educativos aun en los días de medidas de fuerza. Los que les hayan hecho caso enfrentaron la decepción de encontrarse con aulas sin profesores que estaban de paro o que se limitaban a marcar tarjeta para luego escabullirse rápidamente. Los sindicatos de profesores de Secundaria se han distinguido por reducir aun más el ya escaso año lectivo, en respaldo a sus reclamos salariales. Pueden justificarse por el bajo nivel de sus ingresos, pero pierden validez por la combinación de dos factores ineludibles.

Uno es la complicada situación económica del país, con un gobierno que procura cierto equilibrio entre el gasto público y los declinantes ingresos fiscales. El otro es que son los propios sindicatos docentes los principales culpables del alicaído nivel educativo, por haber obstruido, desde que el Frente Amplio llegó al poder, reformas acordadas pero que ni las autoridades de ANEP ni los gobiernos se animaron a llevar adelante. A este collar de claudicaciones se ha agregado ahora la perla de profesores que no solo relegan su obligación primaria de educar sino que hasta recurren a la mentira para mantener a los estudiantes lejos de las aulas y estafar al Estado.

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