ver más

Standard & Poor's (S&P) rebajó este viernes las calificaciones que concede a la deuda soberana de Argentina debido a la creciente preocupación que le suscita "el deterioro en el ambiente político y económico" del país, así como su impacto en la fiscalidad.

"Se espera que en 2009 la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se reduzca fuertemente respecto del 6% esperado para 2008, dada una combinación de alteraciones negativas tanto externas como internas", explicó la agencia estadounidense de calificación en un comunicado.

Concretamente, S&P redujo de B a B- la calificación de la deuda de largo plazo en moneda local y extranjera de Argentina, y de B a C la de corto plazo, mientras que mantuvo estable su previsión de tendencia futura.

Asimismo, rebajó la evaluación de transferencia y convertibilidad a B+ desde BB- y mantuvo la calificación de riesgo de recuperación en cuatro sobre las emisiones de bonos del país.

Respecto a los factores externos que la agencia cree que mermarán el crecimiento económico argentino destaca el debilitamiento de la economía mundial.

Ese debilitamiento "afectará negativamente sobre los precios de las materias primas agrícolas, cuyas exportaciones contribuyen a la solidez de las cuentas fiscales y externas", aseguró S&P.

En el ámbito interno, señaló que "la sorpresiva iniciativa de transferir nuevamente al Estado el sistema privado de pensiones ha sacudido al mercado financiero local e impactado en el nivel de confianza general".

Para la agencia de calificación, la introducción de la reforma del sistema de jubilaciones incrementa el riesgo de polarización política en un momento de "mayores incertidumbres y expectativas en deterioro".

La capacidad del Gobierno de manejar esos desafíos durante el próximo año y medio requerirá, a su juicio, un fuerte compromiso, dada la "falta de acceso de Argentina a los mercados internacionales y la incertidumbre acerca de su capacidad de emitir en el mercado local en el futuro".

S&P explicó que, aunque los depósitos públicos proveerán cierta protección para los próximos doce meses, el Gobierno debe enfrentar amortizaciones por alrededor de 12.000 millones de dólares, lo que supone cerca del 4% del PIB.

De estas amortizaciones, el 30% corresponde a pagos de préstamos garantizados.


El Gobierno negocia un canje voluntario de estas obligaciones para alargar los plazos de vencimiento, lo que podría proveer un margen de maniobra adicional para los próximos dos o tres años.

En cuanto a la reforma del sistema de pensiones, la agencia de calificación reconoce que, aunque supone ciertos riesgos, también podría suministrar al Gobierno unos ingresos anuales adicionales equivalentes al 1,3% del PIB.

Justificó su calificación de estable para la tendencia futura argumentando que ha tenido en cuenta tanto el margen de financiación con que aún cuenta el Ejecutivo como los riesgos en los próximos dos años para "cerrar su brecha de financiación en un contexto de desaceleración económica y, potencialmente, unas crecientes presiones políticas".

Cualquier desviación fiscal significativa complicaría el programa de financiación del Gobierno y, por tanto, podría derivar en una rebaja de la calificación, advirtió S&P.

En cambio, ayudarían a mejorar la calidad crediticia del país la aplicación de medidas encaminadas a restaurar la confianza de los agentes económicos locales y la reducción del perfil de vencimientos de deudas en los próximos dos a tres años.

Temas:

Económico

Seguí leyendo