Sunca paró obra de regasificadora y expone a firma a multa millonaria
Por contrato, la operadora de la planta debe pagar US$ 500 mil por cada día de retraso
El Sindicato Único de la Construcción (Sunca) decidió ayer en asamblea parar por tiempo indeterminado la obra en la planta regasificadora, ante el envío de 150 trabajadores al seguro de paro por parte del contratista principal, la brasileña OAS. El gremio tomó la resolución porque el responsable de la operación de la planta, GNLS (el consorcio que componen GDF Suez y Maurbeni), no le “garantizó” al Sunca que una vez que se ponga fin al diferendo técnico que surgió sobre la ejecución del proyecto con el constructor, esos trabajadores recuperarán su fuente laboral, dijo a El Observador el dirigente del gremio de la construcción, Richard Ferreira.
Conflicto “pesado”
En las negociaciones que se desarrollaron entre el lunes y ayer, GNLS evitó “comprometerse” ante el Sunca a que los 150 trabajadores puedan ser reincorporados por otra empresa o por la propia OAS si se alcanza una solución al diferendo técnico por la ejecución del proyecto. Antes de resolver los envíos del seguro de paro, OAS tenía 700 obreros en actividad. El Sunca está al tanto de que GNLS contrató a una empresa que está evaluando el avance de obra que realizó el contratista principal, pero desconoce en qué términos se está negociando en paralelo con OAS.
Fuentes cercanas GNLS explicaron El Observador que OAS ofrecía a los obreros del Sunca cubrir “la diferencia” salarial que perdían los trabajadores que fueron enviados del seguro. El gremio estaba de acuerdo, pero pedía que GNLS firmara el arreglo y actuara como garante del mismo.
“GNLS le comunicó (al Sunca) que no correspondía la solicitud de garantía porque no corresponde y excede a la legislación vigente”, explicaron los informantes.
Agregaron que GNLS no tuvo “ninguna injerencia” en la decisión de OAS de recortar en 150 empleos su plantilla trabajadores.
Según informó Ferreira, mañana habrá una instancia de negociación con la firma brasileña OAS en el Ministerio de Trabajo, para intentar destrabar el conflicto.
En tanto, el Sindicato Único de Prevencionistas del Uruguay (Suprevu) resolvió, reunido en asamblea, “suspender” sus servicios de seguridad en el trabajo para esa obra, que son exigidos por normativa para la industria de la construcción. El secretario de ese gremio, Carlos Barcia, dijo a El Observador que en total son ocho los técnicos prevencionistas abocados a la obra civil de la regasificadora, de los cuales uno fue enviado al seguro de paro por parte de OAS junto con los 150 obreros del Sunca.
El gerente general adjunto de Gas Sayago (cuyos accionistas son ANCAP y UTE), Pedro de Aurrecoechea, declaró ayer a El Observador que a la empresa no le corresponde intervenir en el conflicto que se desató entre el Sunca, OAS y GNLS por la obra civil de la regasificadora. Asimismo, aseguró que los trabajos del gasoducto que OAS realiza por contrato directo con Gas Sayago, se están ejecutando con normalidad. En este caso la inversión es de unos US$ 60 millones. Gas Sayago espera que el gasoducto esté culminado para mayo, aunque debido al retraso que tiene la otra obra que ejecuta OAS en Punta de Sayago impiden que pueda entrar en operativa para este invierno con un barco “muleto”, como estaba previsto.
La semana pasada, el Sunca tuvo otro conflicto importante con ANTEL y las empresas constructoras que están a cargo del tendido de la fibra óptica al hogar. El ente de las telecomunicaciones tenía previsto “enlentecer” la ejecución de esa obra, lo que determinó el cese de 975 de los 3.000 obreros que hoy emplea el proyecto.
De inmediato, el Sunca paró la obras en todo el país por dos días y luego de una serie de negociaciones, ANTEL revisó su decisión y las empresas retomaron a 933 trabajadores el pasado lunes. En tanto, la reincorporación de los restantes 42 empleados estaba en negociación con la firma constructora Ebital en Rocha.
Conflicto en gas
Los trabajadores de MontevideoGas realizarán un paro y se movilizarán mañana en frente a la Torre Ejecutiva, en reclamo de que sea intervenida de la compañía que gestiona la brasileña Petrobras. El gremio denuncia un aumento “abusivo” de las tarifas e irregularidades en la prestación del servicio. Pretende que ANCAP tome el mando de la empresa.