Tarifas de UTE dividen al gobierno porque Economía quiere hacer caja
UTE propuso ajuste de 3,9%, pero desde Economía buscan hacer caja con una suba de 6,9%
Las tarifas de energía eléctirca enfrentaron a diferentes actores del gobierno en una discusión que tiene como trasfondo el elevado déficit fiscal, de cara a la asunción de la nueva administración de izquierda en marzo. En la tarde de ayer, Presidencia no había resuelto todavía si las tarifas de UTE tendrán un aumento de 3,9% –como propuso el ente y respalda el Ministerio de Industria– o de 6,9%, como intenta imponer el Ministerio de Economía (MEF).
En una gestión marcada por las tensiones entre el equipo económico y otras áreas del gobierno –principalmente los responsables de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y asesores de Presidencia–, el tramo final de no está exento de encontronazos.
En esta oportunidad, la visión ortodoxa del MEF, que busca cerrar la brecha de las cuentas públicas y dejar un mayor aire para la nueva administración, es resistida por el Ministerio de Industria (MIEM), partidario de una corrección de las tarifas públicas que refleje la situación financiera de los entes y no del Estado en su conjunto.
Si bien hasta el jueves, la opción que más peso tenía era la recomendación de UTE de subir 3,9% la tarifa eléctrica a partir del 10 de enero, el viernes el escenario cambió a partir de un pedido de uno de los ministerios involucrados en la decisión. El lunes, una fuente de la OPP consultada por El Observador apuntaba a Industria como la cartera interesada en reforzar la suba de precios. Sin embargo, desde la cartera a cargo de Roberto Kreimerman un informante negó ayer la versión.
En los ámbitos de discusión sobre el ajuste, la posición de Industria está en línea con el análisis técnico del ente, de un incremento de 3,9%. De hecho, ese ministerio defiende de manera activa su posición.
“Es una cuestión de política energética”, señaló la fuente. El ente se encuentra en una posición financiera “sólida” para soportar una baja en términos reales del precio de la energía eléctrica –la inflación en el último año fue de 8,26% y las tarifas fueron revisadas a la baja en 5,5% en julio–. De todas maneras, reconoció que “desde otras partes del gobierno surge el interés de que se concrete ese 6,9%”.
Según supo El Observador, es desde el MEF que se defiende la suba más pronunciada de las tarifas de UTE. El objetivo detrás de esa medida es incrementar el volumen de transferencias del ente a rentas generales, reduciendo así un déficit fiscal que equivalía a 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año móvil finalizado en noviembre.
“El viernes parecía que salía el 6,9%, pero hubo conversaciones y hoy ya no es tan seguro”, explicó una fuente del Poder Ejecutivo al tanto de las negociaciones. “La suba va a estar entre el 3,9% y 6,9% con igual probabilidad”, señaló. Con los argumentos de las distintas partes sobre la mesa, la decisión recae en Presidencia, que en los próximos días deberá poner la firma a un decreto que determine efectivamente cuál va a ser el aumento de la tarifa eléctrica.
Ya en el ajuste que hizo ANCAP a principio del mes se ve reflejada la postura del MEF. En los últimos siete meses, el barril de petróleo Brent –de referencia para el ente– bajó 60% su precio en dólares.
No fue hasta que el precio en pesos del barril llegó a estar 48% por debajo de los parámetros establecidos por ANCAP en enero de 2014 –fecha de la anterior corrección de precios–, que el Poder Ejecutivo autorizó una rebaja de apenas 3% en el caso de la nafta y de 5,5% en el gasoil. A pesar de que la referencia del ente se ajustó de acuerdo a los nuevos valores de los combustibles, la realidad sigue estando desalineada en favor de la caja estatal. Ayer el barril de petróleo cotizaba 22,2% por debajo de la referencia de ANCAP.
