Esta semana el gobierno presentará al Parlamento el proyecto que propone regular el consumo de bebidas alcohólicas a través de ciertas limitaciones, tanto en el expendio como en la publicidad, además de aplicar una tasa que tendrá un máximo de $ 2 por litro. El objetivo, según las autoridades, es impactar sobre el consumo.
El texto fue enviado a empresas como las Fábricas Nacionales de Cerveza y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) para que aporten su opinión respecto a una iniciativa que busca controlar el consumo de bebidas alcohólicas. En Inavi se informó a El Observador que el texto está siendo revisado por un equipo de técnicos que en días le contestará al Poder Ejecutivo.
Pero, a diferencia de lo que creen las autoridades, técnicos de la Junta Nacional de Drogas (JND) aseguran que un aumento del precio, como el propuesto, no incidirá en la cantidad de bebidas alcohólicas que hoy se comercializan en el mercado local.
Héctor Suárez, director del Observatorio Uruguayo de Drogas de la JND, explicó a El Observador que a diferencia del tabaco, con las bebidas alcohólicas “no hay mucha elasticidad, es decir, si varía un poco el precio, como se impulsa, no variará significativamente el nivel de consumo”. Los técnicos estiman que, si aumenta un poco el costo, la población seguirá consumiendo en las actuales cantidades. Sin embargo, uno de los objetivos del gobierno es regular el mercado, buscando deprimirlo por razones de salud pública.
En Uruguay, se estima que hay unos 260 mil alcohólicos, de acuerdo a un relevamiento del año 2012 realizado por la Junta Antidrogas. En números redondos, los uruguayos consumen actualmente, al año, unos 100 millones de litros de cerveza, 67 millones de litros de vino y casi 4 millones de litros de whisky.
Suárez comentó a El Observador que el objetivo de la modificación tributaria no es recaudar sino volcar esos recursos para mejorar la fiscalización respecto a la venta de bebidas alcohólicas, sostener clínicas para adictos y hacer campañas de consumo responsable.
El consumo de alcohol –que seguirá siendo legal pero más restringido– se asocia directamente a la violencia doméstica y a los accidentes de tránsito. “Se trata de cambiar el patrón de consumo para que haya menos abuso, menos jóvenes tomando y para que bajen los accidentes laborales y de tránsito”, había señalado Suárez en setiembre pasado, cuando la Junta Nacional de Drogas terminó de redactar el proyecto que luego fue enviado a Presidencia de la República y a Economía.
En ese ministerio se terminó de definir que haya una “tasa al consumo” que deberá ser pagada por el consumidor final, e incluirá al vino, que hoy está exento del Impuesto Específico Interno (Imesi), que sí pagan la cerveza y el whisky. Según supo El Observador, la nueva tasa oscilará entre $ 0,50 y $ 2 por litro dependiendo de la graduación alcohólica de las bebidas.
En el proceso de análisis el proyecto original tuvo algunas variaciones. La norma que se impulsa prohibirá el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y, según se informó a El Observador, serán las distintas intendencias las que determinen en qué lugares no se podrá tomar. En ese punto se consideró “la autonomía” que tienen las comunas.
También habrá limitaciones a la publicidad y sobre ello se conversó con la Cámara de Anunciantes; los locales habilitados para vender deberán comprar “licencias” que los autorice y en caso de infracciones, como vender a menores de 18 años, se les sancionará incluso retirándoles el permiso. Un sistema similar utilizan hoy países como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, donde hay tiendas especializadas que únicamente venden cervezas, y otras donde se comercializan bebidas alcohólicas en general. El vender las licencias permitirá bajar el número de locales que hoy expenden alcohol.
Con los permisos o licencias para que los comercios y distribuidoras puedan vender bebidas alcohólicas se busca bajar el número de puestos de venta. Actualmente hay un lugar de expendio de alcohol cada 94 habitantes. La cerveza es la bebida alcohólica más consumida pero el vino es la más utilizada por los consumidores abusivos, según datos de la Junta Nacional de Drogas.
También se prohibirán las llamadas “canilla libre” y happy hours, buscando que el alcohol no sea el centro de las promociones de las fiestas o de los bares. El proyecto también propone quitar la consideración de “atenuante” al estado de ebriedad, como hoy prevé el Código Penal para quienes cometen delitos.
En la nueva ley de faltas que avanza en la consideración parlamentaria, se estableció que habrá sanciones de entre 7 y 30 días de prestación de trabajo comunitario para los que abusen del consumo de alcohol y estupefacientes. El artículo 3 del proyecto de ley de faltas establece que “el que en lugar público o accesible al público se presentare en estado de grave alteración psíquica o física producida por alcohol o estupefacientes, y el que por los mismos medios provocare en otros dicho estado”, será pasible de recibir una pena.
Las sanciones, que serán de cumplimiento obligatorio, las determinará, en Montevideo, un tribunal de faltas y, en el interior, los juzgados de Paz. l
