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El presidente brasileño, Michel Temer, cumplió este jueves un año de gobierno efectivo, bajo la amenaza de volver a enfrentar una denuncia por corrupción, con la economía aún en crisis y su popularidad en el suelo, pero con un fuerte apoyo del Congreso.

Las turbulencias políticas que hace un año llevaron a la destitución de Dilma Rousseff por supuestas irregularidades fiscales y a la ascensión al poder de Temer aún no se superan, condicionan la recuperación económica del país y mantienen la incertidumbre.

Temer, como vicepresidente, sustituyó a Rousseff en mayo de 2016, cuando comenzó el proceso de destitución, y luego fue confirmado en el cargo cuando, hace un año, se concretó el desalojo de la mandataria, acusada de irregularidades presupuestarias.

El gobierno impuso una agenda económica liberal, recortó a un nivel mínimo el gasto público, reformó las proteccionistas leyes laborales y avanzó en una propuesta para endurecer el acceso a las jubilaciones, entre otras medidas que le costaron un fuerte rechazo social.

Con su popularidad en mínimos históricos del 5%, según recientes encuestas, Temer se apoyó en un Congreso claramente conservador que se volcó en favor de sus reformas, pero se le atravesó la corrupción que ya había minado la imagen de Rousseff y ayudado a la pérdida de su poder político.

En mayo, ejecutivos de la empresa JBS declararon ante la justicia que sobornaban a Temer desde 2010 y que incluso mantuvieron esas prácticas una vez que asumió el poder, tras lo cual la Fiscalía acusó al mandatario de corrupción pasiva.

La denuncia llegó en momentos en que la economía insinuaba una recuperación tras caer casi siete puntos porcentuales entre 2015 y 2016 y volvió a alborotar el clima político, al punto de que en la propia base oficialista hubo quien exigió la renuncia de Temer.

El mandatario hizo gala de su férreo control del Parlamento y su base respondió en la Cámara de Diputados, que por mandato constitucional debe avalar la apertura de un juicio penal contra un gobernante en pleno ejercicio del poder.

Tras un engorroso trámite y por una clara mayoría de votos, los diputados archivaron la denuncia, pero eso no bastó para frenar al fiscal general, Rodrigo Janot, que prepara nuevos cargos contra Temer apoyado en los mismos testimonios de JBS.

Si se confirmara la nueva denuncia, que Janot presentaría antes de dejar el cargo, en setiembre, el asunto deberá pasar nuevamente por la cámara baja, en la que el oficialismo es mayoría, aunque con un poder en baja por los escándalos que también afectan a varios ministros.

En círculos políticos se cree que la base de Temer tiene fuerza para bloquear una nueva denuncia, que si fuera aceptada separaría al presidente de sus funciones seis meses, pero se teme por la parálisis que un nuevo proceso puede causar en el Congreso.

También hay cierto resquemor por el impacto que pueda tener el rechazo a los cargos contra un gobernante impopular, cuando en las elecciones presidenciales y legislativas de 2018 serán renovados todos los escaños de la cámara baja.

Un revés para el presidente

El controvertido plan de privatizaciones y concesiones impulsado por el presidente Michel Temer tuvo esta semana un importante revés cuando la Justicia suspendió la aplicación de un decreto que autorizaba la explotación minera en la selva amazónica.

El juez de Brasilia Rolando Spanholo ordenó "suspender inmediatamente cualquier acto administrativo que apunte a extinguir la Reserva Nacional del Cobre y Asociados", indicó el acta.
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