Titular de la Jutep se va dos meses de licencia y temen que caso Sartori "quede bloqueado"
El directorio quedará integrado por el vicepresidente y la vocal del FA, quien dijo a El Observador que se produce una suerte de "parálisis" en los casos en que no haya acuerdo
La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Susana Signorino, se tomará licencia durante los próximos 60 días –o un poco más si se incluyen los fines de semana–, por lo que el directorio del organismo pasará a estar compuesto por dos titulares, confirmó a El Observador la vocal del Frente Amplio, Ana Ferraris.
El vicepresidente Guillermo Ortiz (Partido Colorado) quedará a cargo de la presidencia. "En principio no va a impedir tomar resoluciones en tanto y en cuanto estemos de acuerdo. El problema es que si no hay acuerdo, hay una situación de parálisis, porque somos dos miembros y el presidente no tiene doble voto para desempatar", explicó la representante de la oposición.
La situación tiene lugar en plena polémica entre la Jutep y la declaración jurada que el senador blanco Juan Sartori está obligado a remitir por ley. El empresario se ha negado a presentar la declaración de su esposa Yekaterina Rybolóvleva –requerimiento previsto en el artículo 12 de la ley 17.060–, un hecho que el propio organismo de contralor había considerado que puede suponer una "falta grave".
El senador de la Vertiente Artiguista, Eduardo Brenta, había reclamado al Parlamento que tome cartas en el asunto, indicando que a Sartori "se le debe retener la mitad del salario". Esa resolución tiene que ser firmada por la presidenta de la Cámara de Senadores, que es en este caso la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.
Diego Battiste
Juan Sartori junto a la vicepresidenta Beatriz Argimón
Pese a que en un primer momento la jerarca no coincidía con Sartori –"tenemos que cumplir con las obligaciones que por ley a los legisladores nos corresponde", decía– la semana pasada cambió de opinión ante un recurso de inconstitucionalidad que su propio correligionario presentará contra la ley, en base a los análisis de los constitucionalistas Martín Risso y Carlos Delpiazzo. "Los informes presentados por Sartori son contundentes", planteó entonces Argimón a Montevideo Portal.
El informe de Risso indicaba que "la obligación de ciertos funcionarios públicos de brindar la información personal del artículo 12 (de la ley 17.060) es ajustada a la Constitución", pero "distinto es el caso en que se obliga a los funcionarios a informar sobre hechos o situaciones de su cónyuge o concubinario". El constitucionalista entendió que "esto violenta claramente el derecho de ellos (no del funcionario) a la intimidad de que gozamos todas las personas, sin basarse de interés general o, si se prefiere, por no poder sortear el principio de proporcionalidad".
En la misma línea, Delpiazzo reafirmó que "es así porque la imposición legal a cónyuges y concubinos es una obligación de hacer cuyo incumplimiento no puede ser ejecutado forzadamente sino que, en todo caso, se resuelve en daños y perjuicios frente al Estado, según resulta de los Códigos Civil y General del Proceso".
Brenta había opinado que es "extremadamente grave" tanto que "el Partido Nacional esté omiso" como que "la vicepresidenta de la República no haya emitido ninguna declaración al respecto". "Tiene que actuar su propio partido", agregó.
En ese sentido, la vocal por la oposición, Ana Ferraris, dijo que su opinión personal es que, "en la medida que la declaración jurada no cumple con los requisitos del artículo 12 de la ley, que no está completa esa información y que hay algunas otras omisiones, hay que declararlo omiso (a Sartori) y como consecuencia comunicárselo al Senado a los efectos que se le retenga la mitad de sus haberes, hasta que no se subsane".
La representante frenteamplista manifestó que "siguen habiendo complicaciones con las declaraciones juradas" y que la Jutep "tiene que pronunciarse". Ferraris indicó que pese a no poder "mirar para el costado" ante los argumentos interpuestos por Sartori en base a los informes jurídicos, el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia "no debería impactar" en los quehaceres de la junta anticorrupción.
El Observador intentó consultar a la presidenta de la Jutep, Susana Signorino, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.
