23 de octubre de 2012 21:35 hs

El caso denominado como “la industria del juicio” en Rivera tuvo el lunes 22 un giro imprevisto cuando los 13 trabajadores de la forestal que denunciaron a los abogados Nibia Ramos y Robert Batista por el delito de apropiación indebida –y los acusaron de quedarse con la mayor parte del dinero cobrado en juicios laborales contra las empresas– pasaron de acusadores a indagados. El juez Marcos Seijas confirmó a El Observador que ya decidió pasarlos a esa categoría.

En la audiencia realizada el lunes pasado, Ramos y Batista presentaron documentación para demostrar que los trabajadores estaban al tanto de lo que cobrarían y que no hubo engaño. La audiencia se extendió desde las 14 horas del lunes hasta las 4 de la madrugada de ayer martes.

Los letrados, defendidos por los penalistas Gastón Chaves y Gustavo Bordes, rechazaron en el juzgado haber cobrado excesivos montos y dijeron que se quedaron con el 47% de lo percibido en el juicio. Además, presentaron copias de documentos que demuestran que los trabajadores conocían el porcentaje que cobrarían en el juicio y que estos firmaron dicha documentación.

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Ahora el juez Seijas pidió el levantamiento del secreto bancario a la institución bancaria en la que se depositó el dinero para los trabajadores y luego investigará para saber si la firma en el documento efectivamente pertenece a los operarios.
Al presentar esa documentación los trabajadores pasaron a ser indagados.

El juez Seijas los citó para el 23 de febrero de 2013 y los interrogará para comprobar si estaban al tanto de lo que debían cobrar. En esa fecha deberán declarar asistidos por un abogado.

Por otra parte, el juez también citó a declarar en calidad de indagada a una escribana que trabaja con la dupla de abogados.

Esa profesional certificó las firmas de los trabajadores en los poderes que firmaron a Ramos y Batista para que cobraran por ellos en los juicios. Los trabajadores declararon que nunca vieron a la escribana.

Asimismo, también se intimó a las empresas forestales Colonvade y Los Piques, empleadoras de los obreros forestales, a presentar documentación.

Los operarios señalaron en su denuncia que, tras los fallos judiciales favorables, la pareja se quedó con US$ 9 millones de los US$ 12 millones que ganaron en los juicios y que correspondían a los trabajadores.

Las normas que regulan la actividad de los abogados impiden cobrar más del 50% de lo que deba recibir un trabajador en una demanda laboral.

Falso testimonio
Asimismo, los abogados Ramos y Batista declararon el lunes en otra denuncia penal presentada por las forestales contra tres trabajadores que habían comparecido como testigos.

El abogado Carlos Bustamante, representante legal de una forestal, denunció que los testigos aportados para el juicio repitieron de forma idéntica sus testimonios, conforme a un evidente patrón de conducta común acordado de antemano. Por esta razón, la forestal sostiene que los testimonios son falsos y que fueron preparados por ambos abogados.

En ese juicio, uno de los trabajadores que declaró como testigo también pasó a ser indagado y quedó emplazado, por lo que deberá declarar de nuevo asesorado por un abogado.

Además, según explicó el juez Seijas, el 22 de febrero se realizarán careos entre los trabajadores denunciados por las forestales y los abogados Ramos y Batista.
Los empleados de la forestal y los letrados entraron en contradicciones que el magistrado pretende aclarar en esos careos.

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