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El precandidato blanco Luis Lacalle Pou y su equipo de trabajo invitaron al gobierno nacional a debatir en profundidad la problemática de los asentamientos irregulares, luego de que la senadora frenteamplista Lucía Topolansky criticó su proyecto “Asentamiento Cero”.

El objetivo de Lacalle Pou es que unos “200.000 uruguayos vivan en condiciones dignas y se puedan desarrollar con sus familias” en un plazo de 10 años.

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"La gran mayoría de los asentamientos que yo conozco quieren pagar el agua y pagar la luz, no quieren estar colgados. Gobernar bien cuesta esfuerzo, cuesta dedicación, cuesta acercarse a los problemas, hay que remangarse, hay que estar arriba de las cosas", dijo Lacalle Pou.

Topolansky aseguró que el precandidato blanco “tiene que informarse un poco más si quiere ser presidente”. Su propuesta “demuestra una enorme ignorancia del problema”, expresó la senadora. “No es solo una vivienda mejor, conectada a la red, con servicios y con la posibilidad laboral, hay un problema cultural. Uno después tiene que acompañar a la familia en la peripecia de vivir en la nueva situación, porque si no puede fracasar estrepitosamente”, explicó.

Uruguay invierte US$ 20 millones cada año para mejorar asentamientos irregulares y transformarlos en barrios. Ese dinero proviene 70% de los préstamos BID y el resto del Fondo Nacional de Vivienda. Lo administra el Programa de Mejoramiento de Barrios del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). Un reciente informe de la unidad de evaluación y monitoreo de ese organismo, elaborado en base a datos de los dos últimos censos poblacionales, dice que por año, con esa inversión, se logra reducir en 2,2% los asentamientos de todo el país. Eso significa que en cinco años se lograron erradicar 73 asentamientos de los 662 que había en 2006.

Si se toman en cuenta esos datos, por año se logran mejorar o trasladar casi 15 asentamientos. A ese ritmo restarían 40 años de inversión y trabajo para cumplir con la meta que plantea Lacalle Pou, en tanto que costo total asciende a US$ 806 millones, según cálculos de El Observador.

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