Las negociaciones en el Congreso argentino han sido arduas en las últimas semanas, ya que se debaten aspectos cruciales de la Ley de Bases. Este proyecto, de aprobarse, otorgará al Ejecutivo una serie de facultades para ordenar e incluso suprimir una amplia lista de organismos públicos, someter a privatización a varias empresas estatales y establecer un régimen especial para grandes inversiones.
Sin embargo, la fragmentación en los sectores dialoguistas y las demandas de diversos grupos han complicado aún más las transacciones. Tras dos meses de intensas negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo, aunque los opositores prometen llevar más reclamos al debate en el recinto durante la sesión maratónica que está por comenzar este lunes.
La Ley de Bases, de aprobarse en su forma actual, tendrá un impacto significativo en diversos aspectos económicos y laborales del país. Entre los puntos más controvertidos se encuentra una módica reforma laboral que busca introducir mayor flexibilidad en la contratación de empleo en blanco, así como la eliminación de las llamadas "cuotas sindicales" que financian las cajas gremiales.
Además, el proyecto contempla la privatización de una decena de empresas estatales y la posibilidad de que solo grandes inversores puedan acceder a un régimen especial de inversión, con proyectos superiores a los U$S 200 millones. Esto ha generado críticas y tensiones, especialmente entre sectores políticos y empresariales.
Durante el debate, también se discutirá la reversión del impuesto a las Ganancias, con propuestas para excluir las guardias médicas y las horas extra de las fuerzas de seguridad, así como la inclusión de un párrafo especial que exima a los trabajadores de la región patagónica debido a los altos costos de vida en esa zona.
Asimismo, se plantea una fuerte regresividad en el planteo de Bienes Personales, con cambios en el mínimo no imponible y en las alícuotas a pagar, así como un régimen que permitiría al contribuyente tributar en forma unificada y adelantada una única tasa durante cinco años, con estabilidad fiscal garantizada hasta el año 2038.
En medio de la vorágine de un debate maratónico, tanto oficialistas como opositores han realizado concesiones para llegar a un acuerdo. Entre ellas se encuentra la exclusión de algunas empresas del listado de privatizaciones y la incorporación de una Prestación Previsional Proporcional para trabajadores que no cumplieron con los requisitos para acceder a la jubilación.
Aunque el acuerdo pareciera estar cerrado, tanto el Gobierno como la oposición reconocen que aún pueden surgir sorpresas durante la sesión en el recinto. El resultado final de estas negociaciones marcará un hito en la política económica y laboral del país en los próximos años.
