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Las profundas divisiones internas en el Frente Amplio, que inducen al gobierno una y otra vez a revertir decisiones y errar en proyectos convenientes, traban la expansión comercial e incluso inciden en la estabilidad fiscal. El más notorio ejemplo actual de impacto adverso en la búsqueda de mercados por disidencias sectoriales es el tratado de libre comercio con Chile, que hace más de un año firmaron los presidentes Tabaré Vázquez y Michelle Bachelet. Este acuerdo amplía otros ya existentes y, más importante aún, abre una puerta a mayor intercambio uruguayo con los poderosos mercados de Asia y otras áreas del Pacífico. El tratado, por otra parte, tiene asegurada la aprobación parlamentaria por el anunciado apoyo de legisladores del Partido Nacional, aunque no lo voten los sectores frenteamplistas que disienten. Es común en todo sistema democrático que en algún tema los parlamentarios crucen líneas partidarias. Pero en este caso el gobierno no se anima a seguir adelante para no malquistarse con algunos grupos de su fuerza.

Lo mismo había pasado antes en el primer período de Vázquez con un TLC que nos ofreció Estados Unidos, con el acuerdo de comercio de servicios TISA, con el tratado Transpacífico y con una conexión más estrecha con la Alianza del Pacífico que integran Chile, Colombia, Perú y México y que se ha convertido en el único ejemplo exitoso de integración económica en América Latina. Y hasta han surgido ahora en el Frente Amplio críticas al TLC con la Unión Europea, que se negocia a los tumbos desde hace dos décadas y que, si algún día se concreta, ofrece claras perspectivas de expansión para nuestros principales productos de exportación. Detrás de estos obstáculos yace una visión estrecha de cerramiento de la economía, en la que se mezclan un estatismo exacerbado, rémoras ideológicas y el temor a la caída de empleos en industrias locales, infundado porque la experiencia demuestra que lo que se pierde en una rama de actividad se gana con creces en otras.

En el campo fiscal, Vázquez acaba de anunciar su aprobación al proyecto de ley de los cincuentones, descartando sorpresivamente por primera vez la posición razonable defendida por su ministro de Economía. Danilo Astori advirtió que, en su forma actual, el proyecto le costará al país en las próximas décadas más de US$ 2.000 millones por encima de lo requerido para solucionar el tema. El descuido presidencial con los recursos del Estado, al ignorar los cálculos del Ministerio de Economía, no solo reitera los excesos nocivos en el gasto público que han caracterizado a los gobiernos del Frente Amplio. Se agrava porque el proyecto esconde un intento ideológico de debilitar a las AFAP, pese a que son un factor irreemplazable en aportar solidez al sistema de seguridad social.

Las trabas, lideradas por el Partido Comunista, marcan una ruta segura al subdesarrollo para un país minúsculo como Uruguay. Son consecuencia de la propia estructura del Frente Amplio, que no es un partido con objetivos comunes sino una alianza variopinta de más de una veintena de partidos, sectores y grupos menores, unidos a veces en algunos temas pero frecuentemente divergentes en otros muchos, con dirigentes que van desde una percepción realista del mundo actual hasta otros que derivan en la cortedad de miras. Lo confirma irrefutablemente lo que está pasando con la política exterior en el campo comercial y en el área fiscal.
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