Tres buenas preguntas sobre inflación
Un análisis de la inflación desde la lógica no habitual de los economistas
La semana pasada, Juan Hounie y Diego Zas del Programa Suena Tremendo de Radio El Espectador, me hicieron tres buenas preguntas sobre inflación. Creo que son buenas porque no están formuladas desde la lógica del análisis habitual de los economistas, sino desde quien se cuestiona la veracidad y los fundamentos de afirmaciones que muchas veces asumimos como ciertas.
Lo anterior no puede ni debe ser entendido como que son los asalariados quienes deben soportar el mayor peso de la política antinflacionaria. En efecto, la razón por la que la moderación salarial es crucial en este momento es porque en los últimos cinco años los salarios reales han aumentado alrededor de una vez y media más que la productividad del trabajo (respectivamente 4% versus 1,5% promedio anual entre 2004 y 2012). Cuando algo así ocurre, las empresas enfrentan presiones de costos que, cuando están en condiciones de hacerlo, trasladan a los precios finales, alentando la espiral de precios y salarios.
Por tanto, de las actuales negociaciones de los Conejos de Salarios es necesario que emerjan aumentos más moderados de los observados hasta ahora. Ello debería ayudar a descomprimir el sistema de precios, al tiempo que evitaría un aumento innecesario del desempleo. Complementariamente, dado que el gobierno cuenta con un mecanismo institucional de coordinación de la política salarial, influir sobre el sistema de precios a través de él es más efectivo que procurar hacerlo a través de otros precios cuya formación refleja de una manera más genuina las presiones de mercado.
¿Son relevantes dos puntos de inflación? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una inflación de 9% y una de 7%?
Cualquier libro de texto de economía básica enseña que la inflación es negativa porque, entre otras cosas, redistribuye regresivamente el ingreso, promueve incertidumbre y resiente la eficacia estabilizadora de la política fiscal. Dado que la inflación es mala (3), cualquier tasa mayor que otra es necesariamente peor. Por tanto, una del 9% es peor que una del 7% y una de 7% es peor que una de 5% (por cierto, esta última la meta del BCU). ¿Cuánto peor? Bastante. Veamos por qué.
Primero, la inflación redistribuye el ingreso de manera regresiva porque quienes tienen menos herramientas para defenderse de sus consecuencias son las personas más vulnerables. Al igual que la mayoría de los trabajadores dependientes, los grupos de menores ingresos no pueden ahorrar. De este modo, todo su ingreso queda afectado por el encarecimiento de precios. Sin embargo, las personas más vulnerables son o bien perceptores de ingresos fijos que no tienen un sindicato que los defienda o, alternativamente, son cuentapropistas que no pueden trasladar al precio de venta el aumento del costo de vida que enfrentan. Debido a ello, se ven más afectados que un trabajador dependiente sindicalizado o un empresario que tiene cierto margen para ajustar el precio de sus ventas.
Segundo, la inflación promueve incertidumbre, algo que impide una asignación eficiente de recursos, tiempos, talentos y esfuerzos. Uruguay es un país de larga tradición inflacionaria. Entre 1958 y 1998 la inflación anual promedio fue 63%. Ese año, 1998, fue el primero en cuarenta que la economía tuvo una inflación de un dígito (menos del 10%) (4). Durante el período mencionado, la tasa de inflación no solamente fue muy elevada, sino también cambiante. Por eso, los uruguayos dejamos de usar el peso como reserva de valor y tuvimos que acostumbrarnos a usar al dólar como unidad de cuenta para dimensionar el valor de muchos bienes y servicios. Ese camino nos dejó una economía dolarizada como pocas en el mundo, algo que restringe la función estabilizadora de la política monetaria y estimula la volatilidad de los precios relativos. Debido a ello (aunque no solamente por ello), los ciclos de la economía son extraordinariamente profundos lo que hace frecuentes las alteraciones severas en el patrimonio de las familias, las empresas y el gobierno.
La inestabilidad económica aludida hizo que la impaciencia sea un rasgo distintivo del comportamiento económico de los uruguayos. Ello quiere decir que valoramos más el presente que el futuro y que, por tanto, nuestro horizonte temporal para tomar decisiones es siempre muy corto. Por eso, el ahorro, la innovación, la especialización o la prudencia, por citar sólo algunos ejemplos, no suelen inspirar nuestras decisiones económicas. Lamentablemente, el comportamiento descrito lejos de ser irracional, es la mejor respuesta que podemos tener para enfrentar el entorno económico inestable. Así, la impaciencia, respuesta a la inestabilidad macroeconómica, contribuyó a explicar también por qué Uruguay creció poco durante el siglo XX.
Tercero, una mayor inflación exige una mayor tasa de depreciación del peso para evitar perder competitividad con nuestros socios y rivales comerciales. Y esto sí que es un problema en una economía de doble moneda como la uruguaya. En efecto, como es sabido dada la importancia que tiene el precio del dólar en la formación de precios en Uruguay, una mayor depreciación del peso supone (todo lo demás constante) más inflación. Ello obliga a ingresar en una espiral depreciación – inflación de la cual resulta difícil salir. El ejemplo reciente de la economía argentina (5), debería enseñarnos cuán peligroso y desestabilizador (en todos los sentidos) puede ser este camino.
Con este telón de fondo, el reciente repunte de la tasa de inflación que la ha consolidado en 9% debería ser mirado con preocupación creciente por las autoridades. Primero, porque una inflación de 9% introduce más incertidumbre que una de 7% (y que una de 5% por supuesto) puesto que admite una mayor variabilidad de los precios relativos, algo que alienta una mayor impaciencia de los agentes. Segundo, y más importante todavía, una inflación de 9% queda a tiro de piedra del umbral de 10%, nivel en el que se disparan mecanismos de renegociación de los salarios del sector público y, consecuentemente, de actualización de las pasividades que harían crecientemente costoso volver a estabilizar del sistema de precios. Una vez más, el ejemplo reciente de la economía argentina es elocuente en este sentido.
Por supuesto, para los trabajadores sindicalizados o para las empresas que operan bajo condiciones de escasa competencia, una inflación de 7 o 9% o una de 12% incluso no supone una amenaza relevante. Es por eso, que en el tema de la inflación es el gobierno, único responsable de velar por el interés general, quien debe tener la iniciativa y la última palabra.
¿Por qué no recurrir a los controles de precios para combatir la inflación?
La respuesta más gráfica a esta pregunta es preguntarse; ¿Por qué si controlando los precios se puede combatir la inflación esto no suele hacerse? Sencillamente porque en economías de mercado, y Uruguay es una de ellas, hacerlo de manera generalizada por períodos prolongados no arroja resultados satisfactorios. La historia de los controles de precios como medidas antinflacionarias en economías de mercado está plagada de fracasos. Argentina en los años setenta y Uruguay en los sesenta del siglo XX suelen ser referencias obligadas para entender por qué.
Esencialmente, los controles de precios con fines antinflacionarios suponen la fijación de precios máximos a través de algún mecanismo legal o administrativo y exigen la existencia de instituciones que garanticen el cumplimiento de los límites establecidos. En las economías de mercado, los precios son el resultado de la interacción de agentes que toman decisiones económicas de manera descentralizada. Por eso, intervenir fijando precios suele provocar distorsiones bastante conocidas por los uruguayos como son la escasez, el racionamiento y los mercados negros. Así, muchos recordarán la existencia de precios diferentes para el dólar, la escasez de la carne vacuna, o la celebración de contratos de alquiler en dólares para no quedar comprendidos por las condiciones establecidas por las leyes de alquileres de 1974 y 1981. Es que la descentralización de las decisiones que existe en la mayoría de los mercados, inviabilizan el uso de los controles de precios como mecanismos eficaces para actuar sobre los precios por períodos prolongados.
Por supuesto, lo anterior no quiere decir que frente a determinadas circunstancias no se pueda recurrir a ellos para incidir sobre el nivel de precios. Sin embargo, debe comprenderse que ello es posible hacerlo por períodos muy cortos de tiempo, que sus efectos son limitados y que pueden actuar básicamente sobre las expectativas de la formación de precios. Por eso, es recomendable recurrir a ellos sólo ante situaciones extremas y en el marco de una estrategia antinflacionaria más general y creíble. Además, siempre es más efectivo dirigirlos hacia precios de bienes o servicios cuya oferta está relativamente concentrada y alcanzarlos mediante acuerdos y no imposiciones. En los hechos, si se mira con atención es lo que ha estado haciendo el gobierno uruguayo desde octubre, aunque sus efectos parecen ser más bien moderados a la luz del dato de inflación de noviembre conocido el martes 4. Probablemente, el resultado insatisfactorio pueda explicarse por la falta de un plan más general y creíble para atacar la inflación a mediano plazo.
(1) M. Dominguez, B. Lanzilotta, S. Rego, P. Regeira. S Rodriguez. Persistencia inflacionaria y pass through salarial: diagnóstico y causalidad, Jornadas BCU 2012. CINVE
(2) Alude a precios “influenciables” por la política, esto es excluye los precios de los commodities.
(3) Existe evidencia sólida y argumentación plausible para sostener también que una inflación baja (por debajo de 1% anual) también es negativa.
(4) Si bien es cierto que en julio de 2002 la inflación volvió a superar el 10%, desde agosto de 2004 ha permanecido de manera ininterrumpida en registros de un dígito.
(5) Y el de Uruguay entre 1958 y 1973.
Este artículo fue publicado en el blog del autor el pasado 5 de diciembre y reproducido con su autorización por El Observador.
Gabriel Oddone es Doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y Economista por la Universidad de la República (Uruguay).
Socio de CPA Ferrere e investigador de CINVE, ha publicado trabajos sobre economía política, crecimiento económico y comercio internacional.
