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Tres empresas privadas queman la droga incautada

A fines del siglo XX se destruía en la Asociación Española, con el aval de Magurno, hasta que llegó Stirling y ardió la pradera

Por  Nicolás Delgado
Guillermo Stirling, ministro del Interior entre 1998 y 2004, en una quema pública de drogas

Las quemas de droga al aire libre y ante cámaras fueron un clásico durante los últimos dos gobierno colorados. Guillermo Stirling, ministro del Interior entre 1998 y 2004, solía explicarle a los periodistas el daño que provoca el narcotráfico mientras a su espalda una fogata convertía en cenizas kilos de marihuana y cocaína. Este método de destrucción de la droga, inédito hasta entonces, quedó sepultado cuando llegó el Frente Amplio al gobierno, en 2005. Desde entonces, la droga incautada por la Policía o Prefectura se destruye en hornos de empresas privadas. Hoy son tres las empresas que destruyen la droga de forma honoraria, por responsabilidad social, informaron fuentes del Instituto Técnico Forense a El Observador.

"Antes de que llegara al ministerio, la droga se quemaba en hornos de la Asociación Española, por ejemplo", explicó Stirling a El Observador. La quema se acordaba con el director de la Asociación Española, Óscar Magurno, histórico dirigente colorado. Pero al asumir Stirling como ministro la destrucción de la droga pasó a ser un espectáculo público y mediático.

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"Fue la primera vez en la historia policial que se quemó droga al aire libre. No había antecedentes. En cada quema invitábamos a liceos y escuelas. Quemamos drogas al aire libre en Salto, Paysandú, Punta del Este, en el batallón de Coraceros de Montevideo. Se juntaba mucha gente. Nuestro interés era que estuvieran alumnos de escuelas y liceos porque los técnicos explicaban lo nocivo que era la droga", recordó el exministro.

"Quemarla al aire libre era una expresión de rechazo a algo que con el tiempo se fue transformando en una epidemia", expresó.

Convencidos de que la quema al aire libre contamina el medio ambiente y afecta a los que inhalan el humo, el primer gobierno del Frente Amplio, presidido por Tabaré Vázquez, resolvió destruir la droga en hornos privados y bajo estricta reserva.

Luego que la droga es incautada, la Policía con un oficio judicial la traslada hasta el departamento de química y toxicología del ITF, que este lunes estrenó oficinas en el nuevo Centro de Servicios Periciales, en la calle Carlos Gardel. Allí lo recibe un técnico del departamento de química y toxicología y libra un acta en el que queda registrado el tipo de droga (vegetal, blanca, sellos o comprimidos) y el peso. "Posteriormente, se procede a la realización de la pericia mediante la identificación y cuantificación de las drogas", establece el protocolo de recepción, análisis y destrucción de drogas incautadas del ITF.

El Poder Judicial compró un cromatógrafo de gases para identificar con precisión las muestras, instrumento que costó US$ 450 mil y se presentó en sociedad el lunes, durante la inauguración del Centro de Servicios Periciales.

La responsabilidad de custodia de la droga recae en el ITF. Tras analizar la muestra y derivar un oficio al juez actuante, la Comisión de Lucha contra la Toxicomanías del Ministerio de Salud Pública (MSP) resuelve si la droga se destina a investigación o si queda liberada para que se destruya.
La quema se realiza en hornos privados, nunca al aire libre, bajo control de un escribano del MSP y supervisión del ITF y la Guardia Republicana. Las cenizas no son tóxicas, por lo que terminan en una usina junto a otros desperdicios.
Temas:

Drogas Narcotráfico

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