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El presidente José Mujica resolvió el jueves quitar la guardia policial del estadio Centenario y del Parque Central. Lo resolvió luego de tener un contacto telefónico con el ministro Eduardo Bonomi. Minutos más tarde, el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, comunicó la medida en vivo en el informativo central de Subrayado y pronto se desató una catarata de dimes y diretes.

El mensaje inicial del gobierno fue contundente. “Algo van a tener que hacer (los dirigentes de fútbol), o se van a terminar quedando sin deporte”, advirtió Vázquez. “Estoy dispuesto a parar el fútbol si es necesario”, dijo Mujica a La República. Sin embargo, en menos de 24 horas, Mujica revisó su medida y relativizó su contundencia. Después de reunirse en la tarde de ayer con los presidentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá, de Nacional, Eduardo Ache, y de Peñarol, Juan Pedro Damiani, Mujica resolvió que habrá guardia policial en el estadio Centenario y el Parque Central. Los policías custodiarán a los árbitros y a los funcionarios de recaudación. Habrá policías, además, afuera del estadio. Pero no habrá efectivos en las tribunas.

El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, explicó en conferencia de prensa que “el fútbol no se detiene” y que “el presidente (Mujica) no tiene potestades para detener el fútbol”.

En definitiva, Mujica resolvió dejar sin efecto el plan adoptado en noviembre y volver al viejo paradigma, que marca que la seguridad en los estadios es responsabilidad de los organizadores del espectáculo. Volvió, en definitiva, al limbo instaurado desde 2008 en el fútbol uruguayo: nadie se hace cargo de la seguridad en las tribunas. El gobierno dice que le corresponde a la AUF y al club locatario, y la AUF y los clubes dicen que no les compete a ellos sino al Estado.

Lavado de manos
Después de que Guerrero anunciara las nuevas medidas en conferencia de prensa acompañado por el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, y por Baúza, Damiani y Ache, los presidentes de los clubes dejaron en claro su disconformidad con la disposición presidencial.

Agobiados por las preguntas de los periodistas, Cánepa y Guerrero resolvieron terminar la conferencia de prensa y salieron de la sala. Quedaron entonces la prensa, Ache y Damiani. El supuesto compromiso asumido para cooperar con el gobierno en la seguridad de las tribunas se desmoronó tras la segunda pregunta de los periodistas. Damiani respondió: “Ni Peñarol ni nadie se hace cargo de la seguridad en las tribunas”. Ache: “La función de seguridad es indelegable en un Estado de derecho”.

En su audición radial de ayer, Mujica dijo que “es hora de no lavarse las manos y empezar a ponerlas en práctica”. En este caso, las respuestas indican que el gobierno y los clubes tomaron la decisión opuesta.

Guerrero anunció que la decisión es “temporaria”, que regirá “este fin de semana”, y que la semana próxima habrá una nueva reunión para resolver qué política en seguridad se aplicará. También explicó que se trata de “una medida política”, tomada por el presidente, “una señal” para los clubes.

Los antecedentes
Ache y Damiani dejaron en claro que esta medida está lejos de ser la solución al problema. Pero, mientras, la pelota seguirá rodando. Peñarol jugará mañana contra Miramar Misiones en Centenario, sin policías en las tribunas.

Los antecedentes no son alentadores. El último partido sin policías en la tribuna Ámsterdam terminó con enfrentamientos entre hinchas. El árbitro del encuentro debió parar el partido para evitar que continuaran los líos. La televisión transmitió en directo cómo un grupo de hinchas de Peñarol agredía a patadas a los guardias de seguridad contratados por el club que intentaban impedir que pasaran a otra tribuna. La televisión mostró cómo la Policía se aprontaba para ingresar al estadio, algo que finalmente no hizo para evitar males mayores. La Policía explicó que si entra en esas circunstancias, los violentos se mezclan con los hinchas y el garrote, en medio de la lluvia de butacas y de los escalones, no distingue entre unos y otros. Eso sucedió el 24 de noviembre del año pasado.

Aquel lío comenzó cuando un grupo de barras bravas de Nacional desplegó en la tribuna Colombes una bandera aurinegra, como trofeo de guerra, en homenaje a Rodrigo Aguirre, un hincha de Peñarol asesinado en 2011 por un grupo de barras de Nacional.

Una semana después de aquel lío en la tribuna Ámsterdam, el gobierno marcó la cancha. El 29 de noviembre, Bonomi anunció en conferencia de prensa que los clubes no tenían capacidad de encargarse de la seguridad en los estadios y que, por eso, la Policía, después de cuatro años, volvería a las tribunas. Empezaba a regir “un nuevo modelo”, anunciaron. “Recibimos nuevas directivas. No se necesitará orden extra para entrar en la fase de represión”, anunció Robert Yroa, director de la Guardia Republicana.

Pero en el primer clásico del verano, los líos no se repitieron en la tribuna, sino dentro del campo de juego. Cinco futbolistas de Nacional y cuatro de Peñarol fueron procesados sin prisión por riña. Nada cambió. La violencia, como la pelota, siguió rodando.

Luego, hubo enfrentamientos violentos en los partidos en que Nacional enfrentó a Cerro y a Danubio en el Parque Central.

Por este último caso, la AUF sancionó a Nacional, quitándole la posibilidad de jugar como locatario en su estadio.

Tres medidas
El gobierno considera que las señales que los clubes dieron para frenar esta ola de violencia han sido débiles. En primer lugar, se resisten a aprobar el código de faltas de la FIFA, que aplica sanciones deportivas y económicas a las instituciones cuyos hinchas provocan incidentes.

La posible quita de puntos y el pago de multas son el karma de todas las instituciones deportivas que tienen hinchas violentos. Por esa razón, los clubes no llegaron al quórum en la sesión de la AUF en que se iba a aprobar este código de faltas.

En la misma conferencia de prensa, Bauzá anunció que la semana próxima los clubes aprobarán el código de faltas de FIFA, que comenzará a regir a partir del próximo torneo.

Esta fue una de las tres medidas que ayer se comprometieron a aplicar los clubes. La segunda es colocar cámaras de seguridad con tecnología avanzada para poder identificar a los hinchas violentos. Estas imágenes permitirían definir una lista de barras violentos. “Con esa lista nosotros tenemos muchas más pruebas para llevar a la Justicia, y el Ministerio del Interior tendrá un listado de personas que recomendará a los clubes no dejarlas entrar a los espectáculos deportivos”, explicó Guerrero.

La tercera es “estudiar un marco normativo para aplicar el derecho de admisión”, agregó Guerrero.

Las tres medidas no se aplicarán en este campeonato. Son a mediano o largo plazo. De hecho, hace varios años que el gobierno y los clubes están estudiando ejecutar estas propuestas.

Lo único realmente nuevo es que, en contraposición a lo anunciado hace cuatro meses, no habrá policías en las tribunas del estadio Centenario y el Parque Central.

En la próxima fecha, Defensor Sporting enfrenta a Nacional en el Parque Central. El presidente de Defensor, Daniel Jablonka, anunció anoche en Sport 890 que su equipo no jugará si no hay policías en las tribunas. A su vez, en menos de un mes, el 21 de abril, se jugará un nuevo clásico.

Por ahora, las condiciones son estas. Guerrero informó que, en caso de que repita un episodio como el del último clásico oficial, solo Mujica puede dar la orden de que la Policía regrese a las tribunas.
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