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El precio de los combustibles, de la energía eléctrica, del agua corriente y de la telefonía fija, no son como el resto de los precios de la canasta de consumo. No solo tienen las características de precios monopólicos –no obedecen, como en los mercados en competencia, al juego de oferta y demanda–, son además un instrumento de política económica y el gobierno se ha servido de esta herramienta en los últimos tiempos.

La baja de los precios de los combustibles a partir de la medianoche de hoy es una prueba más de esta función. A principios del año pasado, la inflación rozó la barrera del 10%. La reacción inmediata de las autoridades fue echar mano a los precios administrados y las tarifas de los servicios públicos. Durante el primer semestre del año pasado, el precio global del petróleo superaba los US$ 100 y con un dólar en aumento, los números de ANCAP no cerraban. El valor de los combustibles tenía que subir, pero el Ministerio de Economía tenía sus baterías puestas en el combate a la inflación.

Pocos meses después, la situación cambió radicalmente. Los precios de los combustibles se recortaron a la mitad y la inflación entró en la zona de confort de las autoridades –muy distinta del rango meta, una suerte de aspiración platónica–. Más acuciante que la estabilidad de los precios es hoy el rojo de las cuentas públicas, sin precedente desde la crisis de 2002. Con un déficit de 3,6% del PIB, las autoridades ponen las tarifas públicas al servicio de recomponer la situación fiscal.

¿Es una decisión razonable? Sin dudas. Aun así, reviste algunas implicancias que las autoridades no están dispuestas a reconocer. En primer lugar, que la situación fiscal no estaba tan sólida como decía el Frente Amplio durante la campaña electoral. Si así fuera, ¿por qué mantener un precio de los combustibles por encima de lo que dictan sus fundamentos?

Desde la perspectiva del consumidor, mantener ese sobrecosto tiene el mismo efecto que un incremento de los impuestos, pero para las autoridades es más fácil de implementar y no tiene un costo político tan importante.

Esto forma parte de un ajuste fiscal que el nuevo gobierno está obligado a ejecutar para corregir la actual situación de las cuentas públicas y cumplir con sus promesas electorales. Un ajuste que, por suerte, no duele –no es lo mismo impedir que aumente el ingreso disponible de los hogares que un recorte liso y llano–, pero que es un ajuste al fin.

Al final del día, una situación externa imprevista, un regalo de la coyuntura externa que podría haber tonificado el bolsillo de los hogares uruguayos, terminó de lleno en las arcas del Estado. Tales son las consecuencias de jugar al límite con el gasto y los ingresos del sector públicos.
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