Un expolicía de escuadrón de la muerte acusado de 10 asesinatos fue detenido en España

Luis Alberto Mio Morocho era suboficial de la Policía de Perú y logró ascensos y condecoraciones durante cuatro años mientras formaba parte de un tenebroso escuadrón de la muerte que ejecutaba personas

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12 de octubre de 2022 a las 05:02

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El Escuadrón de la Muerte o los Caballos de Troya eran los nombres de un grupo de policías peruanos que ejecutaron de modo sistemático a personas sin orden judicial y, supuestamente, sin conocimiento de las autoridades.

Luis Alberto Mio Morocho era un suboficial con una foja de servicios que le permitió conseguir ascensos y condecoraciones entre 2012 y 2016. Como los casos varias de las personas que el Escuadrón de la Muerte o los Caballos de Troya como se autodenominaban estos policías llegó a los tribunales, saltó el nombre del policía que ocultaba sus verdaderas conductas.

El suboficial fue citado por la fiscalía de Lima y huyó en plena investigación. Logró llegar a Guadalajara, España, con documentación fraguada. Sin embargo, las batidas policiales de la Guardia Civil surtieron efecto. Cuando lo rodearon, Morocho no presentó resistencia, puso sus manos en la espalda para que lo esposaran y lanzó una frase que, en definitiva, era una confesión: “Si me mandan a Perú, me liquidan”.

El aviso por parte de los investigadores peruanos acerca de que el fugitivo se escondía en España llegó el 27 de setiembre. "Atención, peligroso", arrancaba la nota, con mayúsculas y letras rojas. "Se le atribuye su participación como integrante de la organización criminal denominada Caballos de Troya en su condición de suboficial de la Policía Nacional de Perú, cargo que le facultaba ejecutar operaciones policiales".

La Fiscalía de Lima atribuye más de 30 asesinatos extrajudiciales a los Caballos de Troya, de los cuales, al menos 10 tuvieron con pistolero a Mio Moracho, le vincula con 10.

Entre 2012 y 2015, en seis operaciones armadas para supuestamente desbaratar secuestros o robos, 96 agentes de la Policía Nacional terminaron con la vida de 27 personas, algunos de ellos delincuentes completamente desarmados. En uno de los casos, el 18 de noviembre de 2012, murieron cuatro personas –tres agentes y un civil– y los policías que intervinieron aseguraron que ocurrió en el intento de frustrar el secuestro de Raúl Badillo Marcelo, un empresario dedicado al comercio de colchones, en Puente Piedra, al norte de Lima. No hubo tal intento de rapto y la víctima ni siquiera estaba en la zona del tiroteo.

Entre los crímenes en los que habría participado Morocho, se destaca el asesinato de seis personas en la ciudad de Chiclayo en 2013, según consignan distintos medios peruanos y españoles. "El escuadrón los recibió a ‘plomazos’ cuando iban a asaltar a un empresario que, según les dijeron, acababa de retirar dinero del banco", dice un artículo de El Comercio de Perú sobre este suceso.

El modus operandi de los Caballos de Troya era tan simple como perverso. Inducían a pequeños delincuentes para que cometieran asaltos o secuestros y luego les tendían una emboscada, exterminarlos y hacer pasar el crimen como una acción policial legítima. Se quedaban con el botín y, además, se presentaban como valientes y expertos agentes. Eso le permitió a Morocho ascender entre 2012 y 2016 sin que la Justicia investigara si esas acciones “valientes” de los policías no eran un negocio criminal.

Según las autoridades peruanas, este escuadrón de la muerte captaba informantes, les pagaban con sus propios fondos y, a la vez, esos informantes les daban acceso al mundo del hampa. Luego elegían a quienes iban a cometer los robos y secuestros. El dinero que cobraban esos hampones de baja calificación pasaba íntegro a los Caballos de Troya. Para asegurarse que no hubiera pistas, no dejaban vivo a ninguno.

La Policía Nacional peruana aseguró que de esa manera "los agentes sorprendían a los delincuentes para abatirles a disparos, informando posteriormente que los tiroteos habían sido producto de enfrentamientos arriesgados".

La investigación sobre este grupo criminal sacude Perú desde 2016. Las pruebas recabadas por las autoridades peruanas indicaban que la mayoría de los fallecidos en los supuestos tiroteos presentaban disparos en la espalda, efectuados a menos de 30 centímetros del cuerpo.

Un informe de 2016 de la Inspectoría de la Policía Nacional reveló que muchos de los sospechosos abatidos ni siquiera habían empuñado un arma de fuego o disparado, y que la mayoría recibió los disparos que tenían fueron hechos “a corta distancia y de arriba hacia abajo; esto es, en una posición de rendición y ejecución”.

El informe precisaba que el grupo criminal estaba formado por policías de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, sumados a personal de Inteligencia del Ministerio de Interior, que, con la colaboración de la Subunidad de Acciones Tácticas, preparaban acciones que luego presentaban como supuestos logros de lucha contra la delincuencia.

Uno de sus líderes, el excomandante Raúl Prado Ravines, ya fue condenado a 35 años de cárcel el pasado marzo por cuatro asesinatos, pero, al igual que Mio Morocho, también se dio a la fuga. Tuvo la logística suficiente como para trasladar a parte de sus familiares a España en su huida.

"El prófugo Raúl Enrique Prado Ravines ha sido incluido en el Programa de Recompensas", anunció el Ministerio del Interior de Perú hace siete meses. "Se ofrecen 100 mil soles por información que conlleve a su captura".

La captura de Mio Morocho no fue con recompensa alguna. Una vez capturado por la Guardia Nacional de España permanece en un calabozo. Su detención fue posible por la participación de policías peruanos enviados para colaborar con sus pares españoles.

Así, se puso en marcha un dispositivo de vigilancia en torno a las viviendas con las que cuentan familiares del suboficial en el pueblo de Machamalo y en la ciudad de Guadalajara. "Nos desdoblamos y uno de los domicilios salió positivo", explican fuentes policiales. "Allí estuvimos todo el día hasta que salió el fugitivo".

Mio Morocho iba acompañado por su esposa al momento de ser detenido. Una de las cosas que dijo a quienes lo detuvieron genera inquietud en la policía peruana: “Me van a liquidar porque hay altos cargos policiales involucrados”.

El criminal quedó a disposición de la Audiencia Nacional de España. Dado que se supone un blanco móvil si lo llevan a Perú, su defensa pedirá asilo político para evitar la extradición. Las autoridades judiciales españolas deberán evaluar si el ofrecimiento de “colaboración” de Mio Morocho es o no una celada más. En este caso ya no podrá matar impunemente pero intentará evitar volver a su país para ser tratado como lo que es, un criminal.

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