Por Ernesto Londoño, The New York Times News Service
Afuera del tribunal las camisetas con la imagen del juez Sergio Moro se venden a US$ 12; graciosos pasaportes de la llamada "República de Curitiba", la ciudad que se convirtió en la capital de la lucha judicial contra la corrupción, se venden a US$ 3 cada uno.
Dentro de su despacho hay pocas señales del esplendor y el estatus de culto que rodean al jurista de 45 años que sacudió a Brasil al enviar a prisión por corrupción a algunos de los políticos y empresarios más poderosos del país.
Su escritorio es un desastre: carpetas abultadas, libros y material impreso que se apila arbitrariamente hasta que alcanza una altura de más de 30 centímetros. A través del pasillo se llega a su tribunal, que parece un salón de clases atiborrado con filas de sillas baratas.
Por título oficial y rango es un juez federal relativamente común, uno más de los cientos que hay en el país. Sin embargo, Moro es hoy el rostro de la rendición de cuentas para la clase gobernante de Brasil.
El juez supervisó algunos de los casos de corrupción más grandes del país, incluida la reciente condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La investigación sobre corrupción en la cúpula del poder –el Lava Jato– comienza su cuarto año. Moro procedió con una consistencia sorprendente en un país con un largo historial de impunidad, según fiscales y abogados defensores, en parte debido a la presión incesante de figuras como este juez de Curitiba.
Los logros
Los fiscales e investigadores que manejan los casos alrededor del país lograron 157 condenas y recuperaron más de US$ 12 mil millones; hoy están saturados con la cantidad de pistas.
El trabajo de todos tuvo eco más allá de Brasil y logró que funcionarios estadounidenses lo califiquen como el mayor acuerdo trasnacional por sobornos logrado por el Departamento de Justicia de EEUU.
Incluso provocó la detención del expresidente peruano, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como el desarrollo de investigaciones criminales en varios países latinoamericanos.
Momento bisagra
Moro y los fiscales brasileños creen que una transformación política profunda solo puede lograrse con cambios trascendentes como un análisis detallado de las reglas de financiamiento de las campañas electorales, terminar con la inmunidad de que gozan los miembros del Congreso y la disminución de la cantidad de partidos políticos. Ninguno de esos cambios está previsto para el futuro próximo.
El presidente Michel Temer, quien fue acusado en junio de ordenar un soborno para silenciar a un político encarcelado, y otros poderosos políticos bajo investigación criminal despotrican contra el Poder Judicial.
Incluso, algunos congresistas presentaron un conjunto de leyes que permitirían frenar a los jueces que, según los políticos, abusan de su autoridad al ordenar detenciones preventivas.
"Brasil está en un momento de transición y no está claro cuál de las dos fuerzas saldrá victoriosa", opinó Matthew Taylor, experto en el sistema judicial de Brasil de la Universidad Americana en Washington.
Moro, un estudioso y solemne abogado que pasó los primeros años de su carrera estudiando la historia de las investigaciones sobre lavado de dinero y corrupción, es ampliamente reconocido por comenzar ese conflicto.
En 2004, cuando todavía era un juez relativamente desconocido, publicó un artículo sobre los factores que permitieron la profunda investigación de corrupción en Italia llamada Mani Pulite (manos limpias).
Tuvo que pasar una década y "un conjunto de condiciones necesarias poco probables", dijo Deltan Dallagnol, un fiscal del Lava Jato, para que el sistema judicial de Brasil comenzara a aplicar las estrategias de Mani Pulite.
Todo comenzó a principios de 2014 con una investigación de rutina en un caso de lavado de dinero en una gasolinera de Brasilia, la cual eventualmente ayudó a que los investigadores descubrieran una gigantesca red de sobornos en Petrobras.
Los casos más importantes de la investigación fueron asignados a un equipo de agentes de la policía federal y fiscales de Curitiba que contaban con experiencia en crímenes financieros.
Un nuevo sistema electrónico de casos permitió que los jueces aceleraran los expedientes que habían estado procesándose durante años.
Una reforma en 2013 al código penal de Brasil facilitó convertir a los defendidos en testigos al ofrecerles un trato.
Y entonces llegó el juez Moro.
En mayo de 2014, sorprendió a la comunidad legal al exigir que un exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa, fuera enviado a prisión preventiva en espera del juicio, al calificarlo como un riesgo de fuga.
Al hacerlo, se enfrentó a un juez del Supremo Tribunal Federal, quien había aceptado la liberación de Costa. Pero Moro se impuso, y con Costa tras las rejas, otros sospechosos aceptaron cooperar con los investigadores. Conforme una cascada de nuevos cargos fueron presentados contra políticos y ejecutivos de Petrobras, Moro se convirtió rápidamente en una celebridad.
A tal punto que en una visita a un supermercado en Curitiba, un empleado tomó un altoparlante para anunciar la presencia del juez.
Durante las protestas de 2015 contra el gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff , manifestantes llevaban máscaras de Moro y camisetas con el eslogan: "Todos somos Sergio Moro".
Su imagen pública
Muchos brasileños tenían la esperanza de que el juez contendiera por la presidencia, idea que él ha descartado. Moro, quien parece reservado y taciturno, dijo que se topó con los reflectores pero que su nueva fama lo ha ayudado en la investigación.
"Era importante para que estos casos, que implicaban a personas poderosas, no fueran obstruidos de alguna manera", dijo.
Conforme los casos avanzaron, el juez y los fiscales del Lava Jato comenzaron a aportar mayores argumentos al público sobre la necesidad de cambiar la cultura política del país.
En marzo de 2016, Moro difundió un comunicado alabando las protestas anticorrupción, denunciando "la corrupción sistemática que destruye nuestra democracia, bienestar económico y dignidad como nación".
Tal vez la decisión más polémica del juez Moro ocurrió en marzo de 2016, cuando reveló la transcripción de una conversación entre Lula y su sucesora, Rousseff.
En el escrito, parecía que ella le ofrecía una posición en el gabinete a Lula, lo que lo habría protegido de una investigación en tribunales convencionales.
La revelación causó la indignación pública que contribuyó a la destitución de Rousseff. Pero también enfocó la ira en el juez Moro. Incluso expertos legales que apoyan su labor han argumentado que difundir la conversación fue inadecuado porque la orden para grabar la llamada había expirado cuando se produjo la conversación. El juez dice que no se arrepiente de nada.
"La democracia gana cuando la gente se da cuenta de lo que sus líderes hacen sin conocimiento del pueblo", dijo. "Especialmente cuando lo que hacen es ilícito".
El duelo con Lula
Los fiscales acusaron a Lula en 2015 por corrupción, al afirmar que recibió US$ 1,1 millones en mejoras y gastos para un departamento.
También lo han descrito como la mente maestra del plan de sobornos en Petrobras. Conforme el caso se desarrolló, los medios brasileños lo cubrieron como un duelo entre dos titanes que podría cambiar el futuro político de Brasil.
El mes pasado, al determinar que Lula era culpable, Moro escribió: "Sin tomar en cuenta lo importante que eres, nadie está por encima de la ley". La decisión causó confusión sobre la elección presidencial del próximo año.
Quienes apoyan a Lula atacan a Moro. Este mes, seguidores de Da Silva realizaron un simulacro de juicio en Curitiba, acusando al juez de abusar de las detenciones preventivas.
"Moro no puede continuar comportándose como si fuera un zar", dijo Lula.
