Leonardo Carreño

Un presupuesto jugado al límite

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03 de septiembre de 2020 a las 18:13

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Fin del misterio y de una buena parte de las dudas. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un Presupuesto que ya venía con el rótulo de austero y pasar tijera a varios frentes que no puede sorprender. Ahora vendrá otro tramo arduo y áspero con la discusión parlamentaria, donde cada parte buscará (con legítimo derecho) que su torta sufra el menor recorte. Una de las metas más ambiciosas que se planteó el gobierno de Luis Lacalle Pou es llevar el déficit fiscal a 2,5% al final del período (2024), casualmente el mismo número que se trazó el anterior equipo económico y que al final terminó su gestión con el doble (5%). Está claro que nadie tiene la bola de cristal para predecir qué puede pasar con la economía de un país durante los próximos años en un mundo cada vez más incierto y donde suelen aparecer dolores de cabeza que terminan golpeando la actividad, como está ocurriendo con una pandemia cuyo final todavía no luce claro. ¿Podrá este gobierno cumplir (o acercarse lo más posible) a sus promesas? El punto de partida no es el mejor, aunque quienes tienen las riendas y ejecutan las decisiones se muestran confiados.

La foto de administraciones recientes dejó más que un tropezón

El Poder Ejecutivo y el equipo económico se jugaron sus cartas en el Presupuesto, una ley madre para la gestión de cualquier gobierno donde confluyen diferentes intereses y se pondrá a prueba parte de su capital político y electoral. A juzgar por los grandes números en materia de crecimiento, reducción del rojo de las cuentas públicas y la inflación, los objetivos son más que ambiciosos, pero también eso conlleva riesgos. Si nos guiamos por las proyecciones marco que realizaron los últimos dos gobiernos del Frente Amplio, primero con José Mujica (2010-2014) y luego el segundo de Tabaré Vázquez (2015-2019), hubo desvíos sistemáticos y la regla fue un exceso de optimismo en las autoridades de ese entonces sobre cómo le iría al crecimiento de la economía o al rojo de las cuentas públicas.

Con el diario del lunes está claro que es más fácil cuestionar o argumentar que se sobreestimó tal o cual variable, algunas de las cuales están fuera del control de las autoridades –como la marcha de la economía mundial o regional–, pero sin dudas debió dejar alguna enseñanza. Como te muestro en este gráfico, prácticamente desde 2014 se viene proyectando un resultado del PIB bastante por debajo de lo que luego mostraron los números.

La contracara de ese desvío en las proyecciones pegó (como era previsible) en las metas que las distintas autoridades se habían fijado para reducir el déficit fiscal. El trago más amargo lo debió enfrentar el Frente Amplio durante el segundo mandato de Vázquez, cuando se vio obligado a aplicar un ajuste fiscal que incluyó el incumplimiento de la promesa electoral de no subir impuestos

El ministro de Economía de ese entonces, Danilo Astori, tuvo que apelar a tarifas públicas y a retoques en tributos sensibles para la población, como el IRPF, y en tasas o impuestos que tributan las empresas. Pese al aumento de la presión fiscal, la administración Vázquez cerró su gestión con un rojo de 5% del PIB, el doble que el 2,5% que había proyectado cuando presentó su presupuesto quinquenal. Algo similar le ocurrió a la era Mujica, que había previsto terminar con un déficit de 0,8% del PIB y lo dejó en 3,5%.

El incumplimiento de las proyecciones realizadas en las dos últimas leyes de Presupuesto se repitió con la inflación. Tanto la administración Mujica como la segunda de Vázquez se fijaron como meta llevarla al 5% al finalizar su gestión. En el primer caso terminó en 8,3% anual, mientras que el segundo cerró en 8,8%, más de 3 puntos por arriba del objetivo trazado.

Ahora el Ejecutivo de Lacalle Pou anunció una ambiciosa meta de llevar la inflación a 3,7% al finalizar 2024, una moderación ostensible respecto al 10,1% del último dato cerrado a julio de este año. Este nuevo objetivo incluye un fuerte compromiso del Banco Central (BCU) en apostar todas su fichas a controlar esa variable, como anunció hace una semana con un rango meta de entre 3% y 6% desde setiembre de 2022. También el gobierno intentará una reforma (que requerirá del consenso político) de la Carta Orgánica del BCU que le otorgue una mayor autonomía y credibilidad, y así cumplir con el objetivo.

La confianza en que esta vez sea diferente

El equipo económico del tridente que encabeza la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, junto con el director de la OPP, Isacc Alfie, y el presidente del BCU, Diego Labat, prácticamente no ha mostrado fisuras (al menos públicamente) respecto a qué camino debe recorrer el gobierno para recuperar la confianza necesaria que impulse la inversión privada y aleje el fantasma (siempre latente) de un ajuste fiscal con una mayor carga impositiva.

Las decisiones de los inversores no suelen tomarse de un día para el otro. Si un empresario tiene la percepción de que su carga impositiva puede tener algún retoque (al alza) seguramente tome más recaudos o le exija un mayor retorno a su capital.

El director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, afirmó que “la llave para que cierre el nuevo Presupuesto” está en que el país genere las condiciones para que la inversión privada pueda crecer 8% en promedio anual durante el trienio 2022-2024, como establece el gobierno en la exposición de motivos del proyecto de ley de Presupuesto.

“El punto que para mí es crítico son los supuestos en materia de crecimiento de la actividad. En otras palabras, cómo va a evolucionar la base sobre la que se computan los ingresos tributarios del país que se necesitan para poder financiar el gasto público. Ahí se juega gran parte del partido”, afirmó Munyo en radio Carve.

Tras estimar una caída de 3,5% para la economía este año por los efectos de la pandemia, el gobierno espera un rebote del PIB desde 2021 (+4,3%) y continuar la senda de crecimiento en 2022 (+2,5%), 2023 (+4,2%) y 2024 (+3,9%).

Con esas proyecciones, el Ejecutivo pretende mantener a raya una variable clave para la preservación del grado inversor, ese activo que hoy nos permite financiarnos (a menor costo) un rojo de las cuentas públicas que rondará el 7% del PIB al cerrar este año, según las previsiones oficiales. La consultora CPA/Ferrere advirtió que la previsión para que la relación deuda/PIB deje de crecer desde 2021 contempla supuestos implícitos que son “muy optimistas” por parte de las autoridades.

“No habrá más impuestos”, se cansó de decir Lacalle Pou en campaña, y repite cada vez que puede cuando se lo consulta sobre un cambio en la presión tributaria. El argumento del mandatario y el equipo económico es que el sector privado ya hizo su parte y ahora el esfuerzo lo tendrá que hacer el sector público. Por eso, la frazada para varias reparticiones del Estado será más corta; incluso al arranque de la gestión los empleados públicos tendrán que resignar salario real para contribuir a ese objetivo.

El gobierno se jugó una parada grande en que sus previsiones se cumplirán. Un revés en el medio del camino tendrá sus costos para el gobierno de coalición y la credibilidad de las autoridades del equipo económico. La lógica de un presupuesto a cinco años tienen riesgos (y altos) para cualquier administración. Paso a paso, el tiempo terminará laudando si la historia se repite o habrá un giro de timón.

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