La cruzada antiinflacionaria de las autoridades alcanzó, la semana pasada, una nueva dimensión. El gobierno buscó una salia colateral a la aceleración de los precios al consumo y dejó a un lado la ortodoxia con la cual venía manejando el asunto.
Con las negociaciones mantenidas entre el Ministerio de Economía y el sector privado, para congelar y hasta reducir el precio de una canasta de productos significativa a nivel de la población, el gobierno cruzó una línea. La política oficial no se encuentra ya abocada a reducir las presiones inflacionarias con herramientas macroeconómicas, sino a afectar directamente el indicador a través del cual se mide la inflación, el Índice de Precios al Consumo (IPC).
Ese cambio en el enfoque desde el cual se combate el alza de precios dice mucho acerca de la estrategia del gobierno y de su concepción de los procesos inflacionarios en Uruguay. El gobierno está preocupado por los registros de inflación y está dispuesto de llegar muy lejos para frenarlo, es cierto. Sin embargo, no tan lejos como sería deseable.
Negociar precios con el sector privado es un disparo de una sola bala. Si bien es cierto que se encuentra dentro del menú de opciones disponibles, no se puede esperar que los empresarios, de buena gana, mantengan los precios de forma indefinida si hasta antes de la negociación tenían razones para subirlos.
La estrategia del gobierno es afectar el IPC en el corto plazo -hasta fin de año- para desacelerar el crecimiento del indicador y evitar así que subrepase el actual 8,64%. La medida, en tal sentido, es efectiva. El indicador va a desacelerarse fuertemente, pero eso no quiere decir que la inflación, como fenómeno que refleja un desequilibrio a nivel macroeconómico, se esté desacelerando.
Sin una moderación en el aumento de salarios, una mayor armonía en las cuentas públicas y un mayor incentivo al ahorro en el sector privado, la inflación va a seguir estando, reflejada o no por el IPC en el corto plazo. Porque a la larga, esos sectores que hoy negocian con el gobierno congelar sus precios, una vez vencido el plazo pactado con Economía, van a terminar por ajustarlos. Y lo que hoy el IPC dejó de subir, lo va a subir mañana.
Es cierto que la medida ayuda a ganar tiempo. Pero si no es acompañada por una política de fondo, que vaya a la raíz del problema inflacionario, va a verse diluida en el tiempo y todo el esfuerzo que hoy realizan las autoridades va a verse perdido por completo. Porque hoy la suba de precios en Uruguay no se explica por fenómenos pasajeros, como una suba temporal de las materias primas o del tipo de cambio, sino que está arraigada en el sector interno. Y allí persistirá, con o sin negociación mediante.
