Después de una impecable y elogiada transmisión de mando presidencial pocos imaginaban el sainete que se armaría por el tema de las tarifas de las empresas públicas, que ha venido generando rispideces entre el gobierno saliente y el entrante desde el primer día que Lacalle Pou visitó a Tabaré Vázquez en la Torre Ejecutiva.
Es un tema que escapa a los parámetros de la lógica. Los que se van sostienen que no hay necesidad de aumentar las tarifas, ninguna de ellas, en ningún grado, ni hacia arriba ni hacia abajo. El gobierno saliente decretó en junio que no habría aumento de tarifas en ese momento –medida con un gran tufillo a cálculo electoral– y tampoco en enero, cuando se hace la revisión anual por evolución de los costos –salarios, materias primas, inflación general, etc.–. Algo sumamente curioso en un gobierno que aprovechó como pocos el instrumento las tarifas públicas para usarlas como fuente de recursos fiscales para las enflaquecidas arcas del estado, y ello aún con magro efecto pues acabó el período de gobierno con el doble del déficit alegremente proyectado a comienzo del mismo y con el mayor en los últimos 30 años. De hecho, muchas veces el gobierno se permitió contradecir las sugerencias de los directorios de los entes autónomos y de las entidades reguladoras y decretar aumentos mayores. O incluso no bajar precios de combustibles cuando los precios del petróleo daban margen para ello.
Ahora el gobierno se va y sus directores consideran que no es necesario aumentar tarifas aunque en algunos casos llevan 14 meses sin moverse, habiendo tenido aumentos salariales cercanos al 9% con una inflación del 8,8% en el año calendario 2019. Es algo que carece de explicación técnica. Es, obviamente, una decisión política para tirarle un fardo al gobierno entrante.
Es verdad que el gobierno entrante, cuando era oposición, criticó durante los ajustes tarifarios “fiscalistas”. Pero una cosa es el ajuste fiscalista y otra muy distinta es el ajuste de precios operativo de cada empresa. Ajuste que obviamente no puede ser igual y parejo en todas las empresas, que tienen realidades distintas y trabajan en mercados distintos.
Ahora, con el nuevo gobierno en funciones pero con los directorios de los entes en su anterior composición, un pedido de Isaac Alfie, director de OPP, para requerir la opinión de los servicios técnicos de los entes autónomos sobre las eventuales necesidades de aumentos de tarifas, genera una verdadera telenovela. El FA, a través de su presidente Javier Miranda, instruyó a los directorios a no brindar dicha información, como para no ser cómplices del aumento que se decrete. Además, tres de los cuatro entes responden con una carta similar negando la información solicitada y afirmando que no es necesario un aumento tarifario ni ahora ni más adelante. Pero, ¿alguien puede concebir que la situación de UTE, ANTEL y ANCAP son similares como para emitir respuestas similares? Y ¿alguien puede entender que la inflación no causa efecto en la rentabilidad de las empresas? Claro que no. Solo por disciplina partidaria pueden darse esas respuestas, incomprensibles de por sí y más incomprensibles si se las analiza con las actitudes del gobierno en años anteriores, cuando desplegaba voracidad tarifaria.
Afortunadamente, surgió un faro en la oscuridad. O una luz de sensatez ante tanto pensamiento unánime y comportamiento de partido único. Fue la de Marta Jara, presidenta de ANCAP, que como buena profesional que es y que ha sido en toda su carrera en el sector privado y en el sector público, decidió descolgarse de una disciplina partidaria que no la afecta porque ella está dedicada al manejo de su empresa y no a juegos partidarios. Todo un ejemplo de profesionalidad, que debería cundir tanto en filas de actual gobierno como de la oposición.
Las empresas públicas no son botines de reparto político para dar premios consuelo a quienes no lograron una banca en el parlamento o un cargo municipal. Tampoco deben ser empresas que respondan a los dictados caprichosos del gobierno de turno y por ello sería ideal que sus directorios fueran profesionales y no atados a los ciclos electorales. Pero todo ello por ahora son utopías. Y no parece que las costumbres vayan a cambiar pronto.
Por ello es más que destacable la actitud de Marta Jara. No importa quien la nombró, ella está en su cargo para cumplir su cometido de mejorar la empresa. Vaya si ha lo logrado después de la catástrofe que recibió de Raúl Sendic, con una pérdida de US$ 800 millones. Y vaya si lo logró luchando contra las trabas que le ponían incluso directores oficialistas.
El país precisa muchas personas como Marta Jara al frente de las empresas públicas, que no respondan a intereses políticos sino empresariales. Cuanto mejor estaría este país, si las empresas públicas hubieran tenido buena gobernanza. Marta Jara muestra el camino de la independencia, transparencia y eficiencia. ¿Por qué no dejarla al frente de ANCAP?
