La jueza Gabriela Aspiroz (suplente de Civil de 17° turno) tomará declaración este martes a once científicos propuestos por las organizaciones sociales que buscan detener –por la vía legal– la búsqueda de petróleo mediante exploración sísmica que la empresa Viridien realiza desde marzo en el mar uruguayo.
La instancia será el complemento de una audiencia que se realizó el viernes en la que representantes del gobierno y la compañía defendieron la legalidad de la exploración y cuestionaron los argumentos de las organizaciones sociales.
El amparo es patrocinado por los abogados Juan Ceretta y Hoenir Sarthou y tiene como objetivo “la detención de las actividades de prospección sísmica” hasta que se acredite el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución.
Este artículo establece que la “protección del medio ambiente es de interés general” y señala que las personas deberán “abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave”.
Según supo El Observador, el jueves quien llevó la voz cantante fue el gerente de Jurídica de Ambiente, Marcelo Cousillas, quien señaló que el recurso carecía de fundamento ya que fue presentado fuera de los 30 días establecidos como máximo en la ley que regula este tipo de procedimientos.
Esto porque fue ingresado el 27 de marzo y la autorización de Ambiente fue otorgada el 5 de diciembre aunque Ceretta y Sarthou consideraron que el plazo que debe tomarse es desde el 27 de febrero cuando se aprobó el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y comenzó la exploración.
El gerente de Ambiente dijo que dado que la exploración tiene impactos ambientales , se dispusieron “medidas de prevención, mitigación y compensación” además de exigirse la utilización de las “las mejores tecnologías disponibles”.
Cousillas cuestionó uno de los aspectos de la denuncia, al argumentar que no hay ningún área marina protegida sino intenciones de Ambiente de declarar parte de la zona donde se realiza la exploración.
El abogado consideró relevante esta distinción ya que hay “áreas de mayor interés para la conservación”, algo que –según dijo– se contempló al otorgar los permisos. “No puede decirse que se esté violando ninguna norma relativa a áreas protegidas o desconociendo la protección de determinada área”, sentenció.
En su denuncia, los abogados cuestionan que la exploración del subsuelo marino por medio de ondas sonoras de muy alta intensidad y baja frecuencia, emitidas mediante el disparo de cañones de aire comprimido generan perjuicios para especies animales que dependen del sonido para su orientación, comunicación, alimentación y reproducción.
“Las actividades que dependen del mar y de las áreas aledañas, como la pesca, el turismo y la misma conservación y uso humano saludable de las zonas costeras, se ven perjudicadas por la prospección sísmica, en tanto ésta afecta al ecosistema marino en su conjunto, incluidos plancton, peces, tortugas, aves y mamíferos marinos, con los consiguientes efectos negativos, ambientales, económicos y humanos”, dicen.
En particular, señalan que se reduce la productividad de las pesquerías, ya que en la zona hay especies de alto valor comercial, como la corvina, la pescadilla y la merluza.
“El plan de prospección y las autorizaciones correspondientes no dispusieron las medidas de evaluación y prevención previa, y las de mitigación concomitantes y posteriores a la prospección, que la literatura científica y las buenas prácticas técnicas indican como necesarias para este tipo de intervención sobre el medio marino”, sentencian.
90 apagados
En paralelo a las declaraciones ante la Justicia, Ancap dio a conocer los primeros datos de la exploración y aseguró que todo marcha de acuerdo a lo previsto.
El gerente de Transición Energética, Pablo Gristo, informó en un taller para periodistas que al 6 de abril los trabajos alcanzaban 978 kilómetros cuadrados (un 38%) y que no se habían registrado “incidentes ambientales, de salud o seguridad”. “Los programas de monitoreo biológico están en curso y el monitoreo de propagación de sonido ha finalizado”, agregó.
A su vez, detalló que hubo 332 avistamientos de especies y 100 detecciones acústicas, de las cuales en 90 se “apagó la fuente” en referencia a las ondas que emiten sonidos, y se retrasó el encendido en 114 casos.
La primera temporada terminará en abril y se prevé llegar a 2.500 kilómetros cuadrados, mientras que en la segunda que comenzará en noviembre aspiran a monitorear 4.500 km2.
