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El juicio que inició la compañía Philip Morris a Uruguay por la política antitabaco que estableció el gobierno del expresidente Tabaré Vázquez y continuó la actual administración tendrá sus primeras instancias formales mañana y el miércoles en París, Francia, donde los abogados de ambas partes expondrán cuestionamientos al procedimiento en marcha. Uruguay busca establecer que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), que está vinculado al Banco Mundial pero no depende de él, no tiene competencia para tratar en el diferendo iniciado formalmente el 19 de febrero de 2010.

Diego Cánepa, prosecretario de Presidencia y jefe de la delegación uruguaya en París, explicó a El Observador que hoy las dos delegaciones se reunirán con el tribunal y que mañana y el miércoles serán las audiencias formales.

En esta primera etapa del juicio, el tribunal resolverá sobre aspectos jurisdiccionales. Entre otros aspectos, determinará si la empresa cumplió con todos los pasos para poder demandar a Uruguay.

La demanda presentada por la compañía internacional es por US$ 2.000 millones al entender que el país incumplió con el tratado de protección de inversiones con Suiza al cual recurrió para fundamentar su reclamo. Sin embargo, el gobierno uruguayo alegó que los Estados soberanos tienen derecho a tomar decisiones para proteger la salud de sus habitantes y con ese argumento defendió las medidas que tomó la administración anterior. Entre ellas se restringió el consumo de cigarrillos, permitiéndolo sólo en lugares abiertos; obligó a las empresas a poner pictogramas grandes en las cajillas advirtiendo los riesgos de fumar, se prohibió la publicidad de las marcas en los medios y el patrocinio de eventos, así como que haya distintos tipos de presentaciones de una misma marca de cigarrillos.

En 2005, cuando asumió Vázquez, en Uruguay fallecían 5.000 uruguayos al año por enfermedades vinculadas al cigarrillo. A partir de ahí, el presidente, oncólogo de profesión, arremetió contra el consumo de tabaco. Vázquez opinó que Philip Morris con su poder económico quiere dar un escarmiento a Uruguay e intimidar a otros países.

De ganar en esta instancia la posición del Estado uruguayo –que defenderán los abogados del estudio de Boston (EEUU) contratado por el país–, la tabacalera habrá perdido un round importante en un juicio que es seguido de cerca por la comunidad internacional. En esa situación, la tabacalera, de querer proseguir, deberá escoger otro ámbito internacional para batallar jurídicamente.

La abogada Silvina Echarte, del equipo jurídico del Ministerio de Salud Pública que trabaja en el caso, dijo ayer a El Observador que esta etapa no refiere al fondo de la querella sino a cuestiones de procedimiento. Uruguay argumenta que Philip Morris, antes de llegar a la instancia internacional, debió haber litigado en Uruguay. Además, para el gobierno, no está claro que por el tratado de protección de inversiones con Suiza –sede legal de la empresa- deba recurrir al CIADI, comentó a El Observador Winston Abascal, director del programa para el Control del Tabaco del Ministerio de Salud Pública.

Cánepa explicó a El Observador que Uruguay “realizará una exposición muy clara en defensa de la ciudadanía, de la salud de los ciudadanos”. “Lo más importante es que el gobierno siguió trabajando fuertemente con nuestro equipo en Washiongtyon y Nueva York en este tiempo. Fueron dos años y medio de negociaciónes para designar los árbitros”, agregó.
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