Uruguay en lista de países con menor transparencia bancaria

La organización Tax Justice Network publicó una lista de 71 países según la opacidad de sus sistemas financieros

En medio de las presiones que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ejerce sobre Uruguay y otros países sospechados de no colaborar con la transparencia tributaria, expertos internacionales cuestionan el mecanismo de los acuerdos bilaterales de intercambio de información como forma de poner a fin a los paraísos fiscales.

La organización internacional Tax Justice Network, que nuclea a profesionales tributarios, académicos y periodistas, realizó un estudio de las 73 plazas financieras más destacadas del mundo, ya sea por su relevancia o por la opacidad de su sistema bancario.

La investigación, que publicó datos sobre 71 países y los divulgó este martes, consideró 15 aspectos –entre ellos el secreto bancario, registro de fundaciones, respuesta a los pedidos de información y la publicación de datos– para establecer un ranking que situó a Suiza como el paraíso fiscal más activo del planeta, mientras que Uruguay se ubicó en el lugar 26º.

Uruguay, único país sudamericano analizado en el estudio, reunió 78 puntos en 100 posibles en el capítulo “secreto bancario” y se ubicó en la mitad más alta de esa particular lista.

También es llamativo el lugar que ocupan miembros del G20 y la OCDE, como es el caso de Estados Unidos en la posición 5, siendo que esos organismos son los que presionan para transparentar los sistemas financieros.

El estudio indica incluso que estados como Nevada, Delaware y Wyoming perjudican la transparencia del sistema financiero estadounidense al promover la creación de organizaciones “oscurantistas”.

Otros países industrializados, como Alemania (9) o Japón (8), exhiben características similares a las de EEUU, según Tax Justice Network. Sobre Reino Unido, se fundamentó su 13ª posición por su estrecho vínculo con paraísos fiscales pertenecientes a la corona británica, como la Isla de Jersey.

“Los resultados de la investigación muestran que las jurisdicciones más opacas han aumentado su actividad”, afirmó este martes al diario El País de España, Isabel Ortigosa, colaboradora de Tax Justice Network.

Después que el G20 proclamara en abril de 2009 “el final de la era del secreto bancario”, y que pusiera en manos de la OCDE la función de fiscalizador mundial “la retórica choca contra miles de millones de dólares de realidad”, señala el documento.
La apuesta de las naciones desarrolladas para combatir la falta de colaboración de los gobiernos para la transparencia tributaria se tradujo en las famosas listas “negra” y “gris”. Uruguay precisamente integra ésta última y procura salir de ella.

Los requisitos iniciales que la OCDE exigió a los estados para zafar de esa incómoda etiqueta fue la de firmar 12 acuerdos binacionales de intercambio de información tributaria.

Sin embargo, el informe de Tax Justice señaló que los estándares para intercambiar datos entre los países firmantes de los acuerdos son “inconvenientes”.

“Para extraer información de una jurisdicción secreta, se debe conocer la información antes de requerirla”, por lo que concluye que “este no es un intercambio de información eficaz”.

Afirmó además que varios países que escaparon de las listas negra o gris mediante la firma de los tratados aún no han intercambiado información.

Exigencias
Este año, la OCDE renovó las exigencias a los países que aún se mantienen como sospechosos de no cooperar en materia de transparencia tributaria y estableció como requisito el acuerdo con “naciones relevantes” desde el punto de vista fiscal.

En el marco de la nueva ofensiva internacional, Argentina oficializó en la cancillería uruguaya un pedido para firmar un acuerdo de intercambio de información, informó este martes El Observador.

El ministro Fernando Lorenzo es partidario de adecuarse a las normas internacionales vigentes y fuentes oficiales consultadas dijeron que “es un riesgo alto” decidir dejar de cumplir con las exigencias que establece la OCDE.

Por otra parte, Economía realizó una ronda de contactos con especialistas privados para consultarles acerca del mejor camino a seguir ante la otra exigencia de OCDE, que fue el cuestionamiento al régimen de acciones al portador considerado poco transparente para el traspaso de información.

Entre las diferentes experiencias estudiadas, el gobierno muestra preferencia por el modelo que aplica Alemania donde la DGI local es quien lleva el registro de los propietarios de las acciones al portador, según se informó a El Observador.

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