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La ley de internación compulsiva de personas en situación de calle se votó en julio de 2011 en forma urgente. Fue la salida que encontró el Frente Amplio a la crisis política que enfrentaba el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por la destitución de la ministra Ana Vignoli tras la muerte de seis indigentes por hipotermia.

La polémica norma, que para algunos viola la libertad de las personas, sirvió al ministro Daniel Olesker para poner el Mides en orden y evitar más muertes.

Al comienzo de este invierno la ley le costó el cargo al director del Programa de Atención a Personas en Situación de Calle (PASC), Sebastián Pereyra, quien renunció tras manifestar su desacuerdo con la internación compulsiva.

Más allá de eso, y a diferencia de lo que sucedió en 2011, este año el tema casi no ha estado en la agenda y no falleció ninguna persona en situación de calle. Pero no ha sido por la internación obligatoria. De hecho, según el Mides, la ley no se utilizó ni una vez en lo que va del invierno.

“No ha sido necesaria”, dijo a El Observador la actual responsable del PASC, Mariana Drago. “Se han detectado situaciones de gravedad y riesgo de vida, debiendo llamar a la 105 (el servicio de emergencia de ASSE), pero no hubo ningún traslado con la Policía”, afirmó Drago.

Persuasión

Para el psiquiatra Esteban Acosta, que hasta el invierno pasado trabajó en las brigadas del Mides invitando a los indigentes a ir a los refugios, la ley ha sido “un instrumento indispensable, que cambió la forma de trabajar”.

“El médico es más persuasivo ahora porque la ley permite acciones coactivas”, aseguró Acosta a El Observador. ‘Vamos, no me hagas llevarte a la fuerza’, les dicen a los indigentes que se niegan. “Las personas son trasladadas sin oponer fuerza”, aseguró.

Acosta sostiene que ese es el valor principal de la norma: ser un as en la manga para los casos más difíciles en los que hay riesgo de vida. “La pedimos durante muchos años”, recordó.

Olesker dijo a principios de julio que a pesar de las mejoras en el trabajo con las personas en situación de calle, todavía hay un 5% que se niega a ir a los refugios. Con esas personas no se ha podido aplicar la ley porque no siempre corren riesgo de vida, como exige la norma.

En tanto, la Ley del Psicópata, de 1936, prevé la internación compulsiva pero solo de personas con descompensación psiquiátrica. Según el director de Salud Mental de ASSE, Horacio Porciúncula, en este invierno esa vieja ley se utilizó con ocho personas en situación de calle, cuatro hombres y cuatro mujeres (una de ellas argentina), que debieron ser internadas en el Vilardebó por orden judicial. Porciúncula aclaró que en esos traslados tampoco fue necesario utilizar la fuerza.

Autoexclusión

La indigencia prolongada implica estar al margen de toda comunicación social; eso, en la medida que mortifica al ser humano, lo lleva a desarrollar un mecanismo defensivo llamado autoexclusión, explicó Acosta, quien tiene vasta experiencia en el abordaje de personas viviendo en la calle.

“Tarde o temprano se produce una escisión que le permite al individuo no sufrir, pero que le cobra un precio muy alto porque restitutivamente se instala el delirio. La situación de calle termina enfermando”, indicó el especialista.

Acosta dijo que cuando el tiempo de calle es poco, el mejor tratamiento es el refugio. Después de muchos años el trastorno se vuelve irreversible y lo mejor para esas personas son las colonias psiquiátricas, donde mantienen ciertas condiciones similares a la calle.
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