Vázquez quiere prohibir slots en los barrios y Astori regularlos
Diferencias en el Ejecutivo sobre la solución al problema de apuestas
Los slots en los barrios, que recogen millones de dólares en apuestas, preocupan al Poder Ejecutivo, que está dividido en cómo enfrentar el problema.
El presidente de la República,
Tabaré Vázquez, no está convencido sobre la idea del Ministerio de Economía, aunque esperará un informe de esa secretaría de Estado antes de fijar una posición acerca de un asunto al que ya le ha puesto reparos en el pasado, informaron a
El Observador allegados al mandatario. Empresarios de los
casinos dijeron tener la información de que Vázquez se opondrá a esa regulación. Por distintas razones a las del presidente, esos empresarios se oponen a la existencia de las maquinitas barriales –que mueven unos US$ 170 millones al año sin pagar impuestos– y además les quitan potenciales clientes.
Vázquez parece ir en línea de lo hecho por Chile y México, donde los slots barriales están prohibidos y son decomisados y destruidos. Pero el ministro de Economía,
Danilo Astori, cuya secretaría trabajó en el tema, pretende "regularlos". Es decir, aceptar que continué habiendo tragamonedas bajo ciertas condiciones.
Detrás de la discusión está la autorización o no a los casinos online, que implican un alto nivel de apuestas y un negocio millonario por la reducción de costos para las empresas. Los uruguayos pueden apostar en casas del exterior utilizando tarjetas de crédito internacional, pero ninguno de los casinos locales tiene autorización para utilizar su plataforma para el mercado interno. En el período pasado, uno de los casinos instalados presentó al gobierno de José Mujica su intención de ser habilitado para recibir apuestas online. En ese entonces el ministro de Economía era Fernando Lorenzo.
En Presidencia descansa otro proyecto de Economía y de la Dirección de Casinos que propone crear un servicio descentralizado y una unidad reguladora del juego. La opinión de Economía, según supo El Observador, es que primero se apruebe en el Parlamento el proyecto que actualiza la normativa sobre los juegos y crea un organismo rector, para luego abordar el tema de las tragamonedas. El organismo no podrá autorizar las maquinitas.
Decomisos
En medio de la discusión política que se da en el Poder Ejecutivo sobre qué camino seguir, surgió la opinión del fiscal del Corte, Jorge Díaz, para quien las maquinitas en comercios de distintos rubros constituyen "una actividad ilícita", según dijo a El Observador.
Incluso, en un dictamen de agosto 2014 de la Fiscalía de Corte –tras la incautación de tragamonedas en Rivera y la presentación por parte de los propietarios de esos slots de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de faltas– Díaz opinó que "de la evolución normativa del país surge que los juegos de azar se encuentran prohibidos, salvo lo establecido por las diferentes leyes en materia de autorizaciones". En su opinión, en el caso de Rivera, no se vulneró el derecho al trabajo establecido por la Constitución –invocado por los propietarios de los slots– ni se lesionó el derecho de propiedad cuando se incautaron las maquinitas.
En sentido contrario, hay un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de setiembre de 2014, que consideró a esa actividad "libre", "lícita" y afirmó "que no tiene limitación legal".
En el correr de los últimos años hubo varias sentencias judiciales, pero en Uruguay existe una especie de vacío legal. Eso llevó a que en incautaciones de slots, como la que realizó la Intendencia de Montevideo, o la de Maldonado, tuvieron que ser devueltos. En la sentencia del Contencioso Administrativo, a la que accedió El Observador, se indicó que "la Intendencia de Montevideo es incompetente para establecer prohibiciones de determinada actividad lícita".
La misma discusión
En el primer gobierno de Vázquez (2005-2010), el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento que prohibía las tragamonedas en los comercios y establecía una política restrictiva respecto a los juegos de azar. Ese proyecto naufragó sin que se tratara en el Legislativo. Para Vázquez, el cigarrillo, el consumo excesivo de alcohol y los juegos de azar, son vicios que se transforman en un problema de salud pública.
Luego, durante la administración de José Mujica (2010-2015) –con el hoy ministro de Economía en la vicepresidencia de la República– se redactó un anteproyecto que "reguló" los slots en comercios barriales y establecía condiciones para permitirlos. Se aceptaba que hubiera tres tragamonedas por establecimiento, que no jugaran menores de edad y que estuvieran a cierta distancia de escuelas, liceos o centros deportivos. Ese proyecto tampoco prosperó. Ahora, un texto similar con la posición de Economía, es el que está en Presidencia y Vázquez tiene la palabra.
El proyecto que autoriza las tragamonedas
El proyecto de Economía –que el presidente Vázquez no ve con buenos ojos– autoriza que haya tres tragamonedas por negocio que venda bebidas alcohólicas al mostrador, como bares, pubs o cantinas, y se exige como contraprestación el pago de 2 unidades reajustables ($ 1.621) mensuales por slot. Según datos de ese ministerio, se estima que cada slot recauda hasta $ 16 mil por mes. El proyecto dice que las maquinitas deberán ubicarse lejos de escuelas o centros deportivos y a una distancia de 500 metros de casinos o salas de juego autorizadas por el Estado. No podrán apostar los menores de 18 años. Los controles pasarán a estar en manos de las intendencias y el Ministerio de Desarrollo Social se encargará de establecer políticas de prevención y asistencia a las víctimas de ludopatía. El proyecto también prevé sanciones que van desde el cierre de locales hasta la destrucción de los slots. Incluso los que instalen tragamonedas sin autorización podrán ser castigados con una pena de tres a seis meses de prisión y la pérdida de la habilitación para comercializar. Se considerará un agravante si se encuentra a menores apostando. Según supo El Observador, hay empresarios uruguayos fabricantes de máquinas de azar que están de acuerdo con que se regule el negocio, como lo propone el Ministerio de Economía.
