Vázquez transmitió que priorizará lo jurídico por sobre lo político

El secretario de Presidencia será Miguel Toma, un abogado que no es político

Los fallos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desfavorables a los intereses oficialistas durante la administración de José Mujica, y el traslado de la jueza Mariana Mota, que investigaba 50 denuncias a militares por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura (1973-1985), tensaron la relación del Frente Amplio (FA) con los magistrados en el presente período de gobierno.

La ola de malestar de la izquierda con la corporación trepó hasta el punto de impulsar desde distintos sectores una reforma del sistema judicial. Entre los cambios, incluso dirigentes radicales propusieron llevar adelante un tribunal constitucional paralelo a la SCJ, algo que finalmente no prosperó.

En medio de la campaña hay sectores de la izquierda que quieren volver a poner el tema en la agenda. Pero el candidato por el FA, Tabaré Vázquez, transmitió a su círculo de allegados que en caso de ser electo presidente pretende dar un sustento jurídico fuerte y solvente a su eventual gobierno, dijeron a El Observador allegados al candidato.

Precedido por la administración Mujica, donde leyes fundamentales como el impuesto a los terratenientes o la normativa que habilitó la salida de Pluna fueron declaradas inconstitucionales, Vázquez pondrá lo jurídico sobre lo político, señalaron los informantes.

Una de las señales que ya envió en ese sentido es el armado de su equipo de asesores. El número uno de la Presidencia será un hombre mucho más vinculado a las leyes que a los corrillos políticos. Miguel Ángel Toma es hombre de extrema confianza del candidato y además ya desempeñó ese cargo cuando Vázquez fue presidente.

Toma será acompañado en la Prosecretaría de Presidencia por Juan Andrés Roballo, también abogado, inspector general de Trabajo y exdiputado por Alianza Progresista.

Además, en plena campaña Vázquez dio señales de que pretende una línea de conducción apegada a la normativa. Mientras la bancada de senadores se aprestaba a votar la ley de Servicios de Comunicación –más conocida como ley de medios–, el candidato se reunió con la presidenta del FA, Mónica Xavier, y el presidente de la comisión de Industria del Senado, el socialista Daniel Martínez, para advertirle su preocupación por el riesgo de que la normativa sea declarada inconstitucional por sancionar la creación de cargos en año electoral.

Ahora, con el apoyo de astoristas, socialistas y la Vertiente al planteo de Vázquez, la coalición de izquierda aprobará un acuerdo interno para conciliar la votación del texto tras la elección y evitar así la inconstitucionalidad de la norma.

A la carga

El tema de la reforma judicial había estado presente en la agenda el año pasado tras los fallos de la SCJ y mientras el FA discutía su programa de gobierno. Sin embargo, los cambios propuestos al sistema de designación de jueces y la quita de poder a la corporación no quedaron establecidos en el programa de gobierno.

En las últimas semanas volvieron a aparecer dirigentes de la izquierda proclives a realizar cambios en el sistema judicial que van desde la forma de designar los jueces hasta la administración del Poder Judicial.

El director general del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez, propuso el jueves que haya “audiencias públicas previas al ingreso a la SCJ”. “Eso también es democratizar sin violentar la relación e independencia entre poderes”, escribió el dirigente escindido de la CAP-L para formar el movimiento M-746.

En la misma línea de proponer cambios en el sistema judicial, el PIT-CNT entregó a Vázquez un documento en la reunión que mantuvieron la central sindical y la fórmula del FA el miércoles 2 de julio. En el encuentro los sindicalistas también criticaron la actuación de la SCJ.

Tras la reunión, el candidato a vicepresidente, Raúl Sendic, señaló que el Poder Judicial tiene autonomía y dejó claro que las reformas del Poder Judicial no están en el programa del FA. “Hay preocupación de parte de los trabajadores sobre algunos de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos dos años y algunos de los pronunciamientos que el Poder Judicial ha tenido. La respuesta que dio Tabaré Vázquez es que el Poder Judicial es autónomo en Uruguay. Hay que estudiar cómo evoluciona todo esto, pero dentro de este estado de democracia que tenemos, el Poder Judicial es un poder autónomo y el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en esto”, dijo.

Los periodistas le repreguntaron a Sendic sobre si algún planteo del PIT-CNT no estaba incluido dentro de la plataforma de gobierno. “Hubo algunos planteos que no, como la preocupación que plantearon sobre el Poder Judicial, que no ha sido contemplado por nosotros y tiene que ver con un poder que es independiente y autónomo en Uruguay”, señaló.

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