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La comisión de vecinos de La Pedrera solicitó que se suspenda el carnaval que se organiza en el balneario por dos temporadas hasta que se cumplan una serie de medidas que solicitan, entre ellas la aplicación de la ‘Ley de Mendicidad y Vagancia’ –ya aplicada en Punta del Este para expulsar a personas que deambulan sin domicilio ni ocupación en el lugar–, y que se elimine del calendario turístico nacional el festejo del carnaval.

Asimismo, “repudiaron” las actuaciones del alcalde, Alcides Perdomo, y “demás autoridades municipales” por autorizar la instalación de “nuevos puestos de venta de todo tipo de mercaderías, la mayoría de alcohol” haciendo lo contrario a lo que los vecinos reclamaban.

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Los vecinos emitieron una declaración en la que exigieron que se prohiba a los comercios que no estén especialmente habilitados desarrollar bailes, controlar y sancionar –incluso clausurar– a los que violen la normativa, prohibir la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública y en las barras callejeras.

También pidieron que se prohiba el uso de espacios publicos para instalaciones de carpas y puestos ambulantes, y que se instalen más baños químicos.

Con relación a la limpieza solicitaron “sancionar y multar fuertemente a los padrones que vierten a la vía pública las aguas servidas y no permitir reabrir sus puertas” a locales que han ejercido esa práctica, así como garantizar la limpieza de la playa. Afirmaron que este año se funcionó.

Por último plantearon la realización de controles de espirometría por la ruta 10 a la altura del ingreso a La Pedrera durante toda la temporada.

Agregaron que la comisión con personería jurídica se había reunido con las autoridades municipales a las que le reclamaron 22 medidas concretas. De ellas sólo se cumplieron tres, y una sola por parte de la Intendencia: destinar funcionarios para la limpieza. Las otras dos –cambiar los cajones de basura y colocar papeleras en la calle principal– fueron financiadas por grupos de vecinos.

Los vecinos sostuvieron que el evento se volvió “una experiencia de trasgresión total” con “la ausencia de normas esenciales”, donde la calle “se transforma en tierra de nadie” y junto a los jardines de las casas se transforman en “improvisados retretes”.

Criticaron también la inexistencia de control de la venta de alcohol a menores. Según afirman la droga es “fácilmente obtenible” y no se respetan las normas vigentes en relación al alto volumen de la música, horario y salubridad. En ese sentido, catalogan la situación como de “permisividad total” por parte de las autoridades del estado nacional, departamental y municipal. “En la ausencia de su participación está su responsabilidad […] por el incumplimiento y omisión de sus funciones” apuntaron.
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