Votantes de izquierda confían más en la Justicia que los de derecha

Cifra presentó una encuesta sobre percepción del sistema de Justicia

Una encuesta de la empresa Cifra encargada por la Suprema Corte de Justicia reveló que las personas que se autodefinen de izquierda tienen mayor confianza en el Poder Judicial que aquellas personas que se consideran ideológicamente de derecha. “Los juicios de la izquierda son más favorables. Es posible que parte de esto se deba a la historia del tratamiento de las violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura”, explicó Luis Eduardo González, director de Cifra, ayer durante la presentación del estudio en el hotel NH Columbia.

“Pero en cualquier caso sería deseable una visión no solamente más favorable, sino también menos diferenciada”, agregó González.

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El 53% de los consultados por Cifra confía en el Poder Judicial, mientras que el 42% no confía y el 5% no opina. El promedio de aprobación coincide con el de la Unión Europea.

Este nivel de confianza varía dependiendo de las preferencias ideológicas. Mientras que el 64% de los identificados con la izquierda tiene un alto nivel de confianza en el sistema, entre los votantes de partidos tradicionales la confianza en el sistema baja a 50%. La mejor calificación que la izquierda le da al Poder Judicial también se refleja en su percepción sobre los cambios producidos en el sistema durante la última década. Otras respuestas, por ejemplo, sobre independencia de los jueces, presentan la misma tendencia (ver infografía).

El caso Pluna
Luego de la exposición del director de Cifra, tres periodistas invitados por la Corte realizaron comentarios sobre el estudio. Ellos fueron Tomás Lihn, columnista de Búsqueda; Hoenir Sarthou, abogado y columnista de Voces; y Alfonso Lessa, gerente periodístico de Telemundo. En su intervención, Lessa destacó que es “bien interesante que los que mejor juzgan al Poder Judicial son aquellos que se autoidentifican de izquierda”. Para el periodista “no es un dato menor, si tenemos en cuenta los desencuentros que ha habido entre el gobierno de izquierda y la Suprema Corte sobre todo con el tema de las inconstitucionalidades de algunas normas y por los choques en otros temas”.

La Corte declaró la inconstitucionalidad de tres leyes aprobadas por el Frente Amplio durante este período de gobierno: la ley de liquidación de Pluna, la ley interpretativa de la ley de caducidad y la ley de creación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Esto generó críticas de parte del partido de gobierno. Tras el fallo sobre la inconstitucionalidad de la ley de Pluna, la senadora Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica, dijo que las señales de la Corte “han salido muy confusas”.

El caso Pluna también enfrentó al gobierno con el sistema judicial. El dirigente astorista Esteban Valenti anunció que evaluaba denunciar por “abuso de funciones” al fiscal Juan Gómez, quien pidió los procesamientos del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Calloia. Si bien los fiscales no forman parte del Poder Judicial, sí integran el sistema judicial.

Este lunes, luego de que un tribunal de apelaciones revocara el procesamiento de Calloia, diversos dirigentes retomaron sus ataques. “El fiscal Gómez quiso hacer política”, escribió Andrés Copelmayer, coordinador del gabinete del Ministerio de Transporte, en su cuenta de Twitter.

Jorge Chediak, ministro de la corporación, dijo ayer que el caso “ha tenido la mediatización que correspondía”. “Hay tiempos que son de mayor susceptibilidad como los electorales pero los tiempos judiciales no deben adecuarse a los tiempos políticos. Debemos seguir nuestros propios tiempos”, dijo al ser consultado por los medios luego de la presentación.

“La mayor o menos repercusión política o pública de un fallo no debe pesar en el ánimo de ninguno de los jueces cuando dictaminamos”, agregó.

Por último, dijo que “en más o menos seis meses”, la Corte se pronunciará sobre la responsabilidad penal de Calloia, dado que el fiscal Gómez apeló la revocación del proceso a Calloia que dictaminó el tribunal. Chediak dijo que ese es el tiempo promedio que le lleva a la Suprema Corte resolver casaciones e inconstitucionalidades.

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