Hace pocas semanas, un debate aparentemente futurista ocupó espacios de relevancia en la prensa internacional. El presidente argentino Javier Milei planteó la posibilidad de crear nuevas figuras jurídicas para organizaciones gestionadas por inteligencia artificial. La respuesta llegó desde el historiador Yuval Noah Harari, quien advirtió sobre los desafíos éticos, políticos y jurídicos que podrían surgir a medida que sistemas de inteligencia artificial comiencen a desempeñar funciones cada vez más relevantes en la economía y en la sociedad. Detrás de esa discusión existe una pregunta mucho más profunda que la controversia entre dos figuras públicas.
¿Dónde se establecerán las organizaciones que surgirán de la economía de la inteligencia artificial? ¿Bajo qué jurisdicción operarán? ¿Quién definirá sus responsabilidades? ¿Quién garantizará la protección de usuarios, inversores y ciudadanos?
Estas preguntas todavía no tienen respuestas definitivas. Sin embargo, comienzan a delinear uno de los debates estratégicos más importantes de las próximas décadas. Durante años, los países compitieron por atraer industrias, fábricas, centros logísticos, servicios globales y empresas tecnológicas. La próxima etapa incorporará un nuevo desafío: atraer organizaciones digitales, sistemas autónomos, plataformas inteligentes y modelos de gobernanza económica que hoy apenas comienzan a desarrollarse.
Y es precisamente allí donde Uruguay podría encontrar una oportunidad extraordinaria. La historia nacional muestra una característica que muchas veces pasa desapercibida. Uruguay no siempre lideró las grandes innovaciones tecnológicas, pero sí ha demostrado una notable capacidad para innovar institucionalmente.
Lo hizo con la legislación laboral en los comienzos del siglo XX. Lo hizo con la construcción temprana de sistemas de protección social. Lo hizo con el gobierno digital, con la trazabilidad ganadera, con el desarrollo de las zonas francas y con marcos regulatorios que, en distintos momentos, fueron observados con atención desde otras partes del mundo.
Nuestra principal ventaja competitiva nunca fue la escala. Tampoco el tamaño de nuestro mercado. La ventaja histórica de Uruguay ha sido la confianza.
Y justamente la confianza aparece como uno de los activos más valiosos en la economía de la inteligencia artificial.
A medida que las organizaciones se vuelvan más digitales, más distribuidas y más automatizadas, la necesidad de contar con marcos jurídicos sólidos y previsibles será cada vez mayor.
La discusión que abrió Milei en Argentina y las reflexiones planteadas por Harari no giran únicamente alrededor de la inteligencia artificial. En el fondo, están planteando una cuestión mucho más relevante: cómo serán las instituciones que acompañarán la próxima etapa del desarrollo económico mundial.
También aparecen voces como la del empresario e inversor Peter Thiel, quien desde hace años sostiene que las grandes transformaciones del siglo XXI no dependerán únicamente de avances tecnológicos, sino de la capacidad de construir nuevas estructuras institucionales capaces de acompañarlos.
Durante el siglo XX Uruguay exportó carne, lana, servicios, conocimiento y software. Durante el siglo XXI tiene la oportunidad de exportar algo aún más valioso.
Confianza institucional para la economía de la inteligencia artificial. Porque las próximas grandes inversiones no elegirán únicamente dónde instalarse.
También elegirán dónde confiar. Y pocas ventajas competitivas son tan difíciles de construir como esa.
