El pórtland es un producto que está en régimen de competencia desde hace muchos años. Varias empresas compiten en el mercado y Ancap es mucho más costosa e ineficiente
El debate sobre el déficit histórico de las plantas de pórtland de ANCAP ha estado plagado de errores conceptuales y políticos. Parece haber una premisa indiscutible que consiste en mantener las plantas del pórtland en manos del Estado. Justamente esa premisa resulta anacrónica y perversa.
En efecto, aún para las concepciones más estatistas y menos liberales de estos tiempos, una idea básica es que la presencia del Estado como empresario en la actividad nacional debe estar restringida a ciertas actividades que, por su naturaleza o definición, no pueden ser objeto de competencia y que, por lo tanto, la garantía del acceso universal puede estar dada por la presencia estatal.
Es más, la historia de la humanidad en las últimas décadas ha dejado claro que la existencia de la competencia en el mercado es una palanca imprescindible para alcanzar la eficacia y la eficiencia en la provisión de los bienes y servicios. Esto quedó en evidencia con la caída del socialismo de Estado que en todas partes del mundo se reconoce como un rotundo fracaso, desde la implosión del régimen soviético en adelante, hace ya de esto casi medio siglo.
Por supuesto, esto no significa que el Estado no tenga que cumplir un papel subsidiario que garantice o facilite el acceso a los bienes y servicios para los más débiles y vulnerables; porque un sistema de libre competencia sin ningún contrapeso y con ausencia total del Estado deja en situación de privación a los más débiles y provoca regímenes de muy elevada inequidad.
Ahora bien, el caso del pórtland obviamente no está entre los bienes y servicios estratégicos que no pueden ser objeto de competencia. Es más, la presencia estatal en esta área nace en una época muy diferente en la que en nuestro país se avanzó en concepciones estatistas que hoy están totalmente superadas.
El pórtland es un producto que está en régimen de competencia desde hace muchos años. Varias empresas compiten en el mercado y, simplemente, la empresa estatal es mucho más costosa e ineficiente, por lo tanto, pierde decenas de millones de dólares desde hace décadas.
Sin embargo, la respuesta del sistema político ha sido la de mantener esta situación impresentable, sin tomar la obvia decisión de que ANCAP se deshaga de las plantas de pórtland y dejar que el mercado siga, como hasta ahora, asignando las ventas por competitividad y precios.
ANCAP ha mantenido su presencia en el mercado del cemento simplemente porque tiene otras áreas de actividad que le permiten generar subsidios cruzados. Si su giro de actividad fuera únicamente el cemento, hace décadas que se hubiera fundido.
Aunque no debemos olvidar que, en el tercer gobierno del Frente Amplio, después de la fiesta inolvidable de inversiones fallidas impulsadas por los primeros dos gobiernos del Frente Amplio, el Estado uruguayo tuvo que poner U$ 800 millones de dólares para evitar que esta empresa pública (la más grande del país), que además funciona en régimen de monopolio en su principal negocio que es la refinación y distribución del combustible, se fundiera.
Aquello fue una vergüenza que es preciso recordar en forma permanente para que las nuevas generaciones la conozcan. Un plan faraónico de inversiones fallidas y concepciones anacrónicas terminaron en el enorme fracaso mencionado.
Por todo esto es inadmisible que se plantee, como si fuera un deber patriótico, que los Gobiernos Departamentales tengan que comprar una parte del cemento para sus obras, a la empresa más cara e ineficiente del mercado, simple y sencillamente porque es del Estado.
Como si no importara si el Estado lo hace bien o mal. Como si no fuera que todo ese derroche de recursos lo paga, como siempre, el ciudadano, porque pasarle la cuenta al Estado es, en definitiva, trasladar el costo de un subsidio atroz a todos los uruguayos. A todos; también a los que viven en situación de pobreza o indigencia.
El mercado del cemento no está en riesgo, hay varias empresas que producen y venden sin problema y el único que pierde es ANCAP. Por lo tanto, debe ocurrir lo que ocurre en una economía sana en estos casos, el que no puede competir sale del mercado, y ANCAP hace muchos años que debió haber salido del mercado del cemento por su rotundo fracaso.
¿Por qué no se ha hecho esto? Porque la empresa tiene, al mismo tiempo, en su giro de actividad el refinado del crudo en régimen de monopolio y, entonces, cualquier decisión que afecte al cemento, genera inmediatamente un conflicto sindical que se traduce en el bloqueo de la distribución del combustible con el consiguiente impacto en el funcionamiento de la vida productiva y laboral del país.
El chantaje sindical cruzado se ha impuesto, incluso, a alternativas que han buscado soluciones que mantenían los puestos de trabajo.
Tampoco ha sido posible vender o incorporar socios privados en esta actividad, lo que se buscó hacer en el período pasado, porque en las actuales circunstancias, productivas y sindicales, no existieron empresas interesadas en participar.
Sin embargo, el país no puede seguir siendo rehén de una situación por la que ya llevamos pérdidas acumuladas desde el año 2000 que superan los U$ 800 millones de dólares, el mismo monto que representó la pérdida de toda la empresa con su crisis de hace diez años.
Es hora de una buena vez, de tomar el “toro por los cuernos” y enfrentar la situación, cerrando las plantas de cemento de ANCAP garantizando los puestos de trabajo e ingresos de sus trabajadores. No alcanza con la estrategia de redimensionar la producción que seguirá siendo deficitaria por razones estructurales que no se resolverán.
Pero, además, no podemos seguir aceptando un despilfarro evidente, mientras tenemos graves limitaciones para obtener los recursos que pueden cambiar las condiciones de vida de los niños y adolescentes que viven en situaciones de pobreza y exclusión.
