Las asesoras jurídicas han recurrido varias resoluciones de la dirección, incluyendo una reestructura que les quita potestades
En un momento de especial crispación política, la Junta de Transparencia y Ética Pública afronta sendas denuncias contra el presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou.
Hay seis denuncias anónimas vinculadas a la compra de una camioneta por parte del presidente Orsi con un descuento inexplicado de US$ 25.000 y habiendo usando como forma de pago un automóvil del Frente Amplio. Por su parte, un convencional del Partido Colorado denunció a Lacalle Pou por inconsistencias en sus declaraciones juradas.
Semejantes desafíos deberán ser laudados por la Jutep en condiciones que están lejos de ser las ideales.
Por un lado, la independencia e idoneidad técnica del organismo está en cuestión dado que la elección de su directorio responde a criterios políticos más que técnicos: dos representantes para el gobierno y uno para la oposición.
De hecho, la propia presidenta Ana Ferraris ingresó a la dirección de la Jutep luego de que el Frente Amplio removiera a un director que votó en contra de los lineamientos de su partido. Mensaje más claro, imposible.
Ya ha ocurrido que las votaciones en el directorio reflejan ese esquema político, más allá de la opinión técnica de la Asesoría Letrada.
Por ejemplo, el dictamen de la Asesoría Letrada sobre el caso del presidente de ASSE Álvaro Danza fue desconocido por la mayoría del directorio, que terminó votando por mayoría una resolución opuesta. También en el caso del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, el vicepresidente de la Jutep Alfredo Asti chocó con una de las integrantes de la Asesoría Letrada.
En cambio, y en un ejemplo inverso, el informe de la Asesoría Letrada contrario a una resolución de la exministra de Economía del gobierno de Luis Lacalle Pou, Azucena Arbeleche, fue refrendado por la mayoría del directorio y rechazado por el director vocal, Luis Calabria.
Más allá de estos ejemplos, varias situaciones que no han tenido difusión pública evidencian que el distanciamiento entre el directorio y la Asesoría Letrada es más profundo y menos casual.
La situación exhibe una tirantez tal que las abogadas que integran la Asesoría Letrada han presentado varios recursos administrativos en contra de decisiones del propio directorio, según consta en el acta 1130, subida a la web en las últimas horas.
Las integrantes de la asesoría –tres abogadas, funcionarias de carrera que ingresaron por concurso y cuyas filiaciones políticas se desconocen- rechazaron hacer declaraciones.
Sin embargo, las pruebas del distanciamiento y la tensión entre la dirección y la Asesoría Letrada constan en declaraciones públicas en la prensa y en las actas de la propia Jutep.
Molesto con el informe de la Asesoría Letrada sobre el caso Danza, el vicepresidente de la Jutep Alfredo Asti dijo a La Diaria que el dictamen había sido elaborado por “gente joven que tiene pocos meses de presupuestada en la Jutep”. (Tras una queja por escrito de las abogadas, Asti pidió disculpas, aunque repitió que sus afirmaciones eran “correctas”).
Asti también definió una actuación de la Asesoría Letrada en el caso Arim como “llamativa y preocupante”, según consta en el acta 1126 del directorio.
Las diferencias han afectado el trato diario hacia las profesionales. En la sesión del directorio del 12 de febrero, Calabria planteó que una de estas abogadas se quejó por escrito de que “la presidenta le habría elevado reiteradamente el tono de voz”. Al responder a estos dichos del director de la oposición, Ferraris reivindicó el buen trato, pero no negó que le hubiera gritado a una de las abogadas.
Una cuarta integrante de la Asesoría Letrada, Laura Oxley, renunció en julio de 2025, tras un período de licencia. La funcionaria –que hoy se desempeña como jueza en la localidad de Curtina- dejó una carta de renuncia en la cual escribió “son los compañeros y compañeras quienes han sostenido –y siguen sosteniendo- el funcionamiento real de esta Junta, más allá de los cambios de autoridades o designaciones transitorias”.
El mensaje entrelíneas parece claro.
El cargo presupuestado que dejó Oxley no ha sido llenado todavía, a pesar de que Ferraris ha lamentado una y otra vez la falta de profesionales de la Jutep.
En cambio, en lugar de hacer un concurso para cubrir ese puesto de abogado ya presupuestado, la actual dirección por mayoría ha optado por traer a una abogada, Patricia Otero, en comisión desde la Oficina de Servicio Civil, sin concurso. La decisión fue votada por Ferraris y Asti, según consta en el acta 1130 del directorio que resume la sesión del 5 de junio.
Eso podría entenderse como un intento por traer abogados más afines y menos independientes. Así lo manifestó el director Calabria, que votó en contra. Quien llega en comisión –dijo- sabe que su permanencia depende de la confianza de las autoridades.
También en las últimas sesiones del directorio –según el acta 1131- se aprobó la llegada en comisión de una escribana proveniente de la ANEP. Al fundamentar su voto positivo, Ferraris dijo que “disponer de funcionarios en régimen de pase en comisión, con experiencia previa en la administración pública, garantiza que los tramites y procedimientos a cargo de la Jutep posean el rigor técnico que el cumplimiento de sus cometidos requiere”.
¿Quiere decir que los funcionarios que entran por concursos no garantizan el “rigor técnico”?
La Jutep ya incorporó a una economista a través de un pase en comisión, a quien se le confió ni más ni menos que el análisis de las declaraciones juradas de los gobernantes. Se trata de Nerena Bárcena, de notoria aptitud profesional y también de notoria militancia frenteamplista.
A estas situaciones descriptas, hay que sumar otras: por ejemplo los viajes para representar a la Jutep en congresos y simposios en el exterior. Hasta 2024, quienes concurrían a estos eventos, importantes en materia de formación y actualización, eran las abogadas de la Asesoría Letrada. Pero ya no son ellas las que van. En 2026, la mayoría de los viajes han recaído en la presidenta Ferraris y sus asesores más cercanos.
En uno de esos viajes, en marzo de 2025 a Washington, Ferraris cobró por viáticos de alojamiento el doble de lo que correspondía (1489 dólares de más). La jerarca dijo que se trató de un error. El dinero cobrado de más lo devolvió ocho meses después.
Los cursos de capacitación a los que accedían las abogadas también han mermado en forma notoria, ha denunciado Calabria según consta en otra de las actas del directorio.
A esto se suma una polémica reestructura aprobada solo con los votos de los dos directores oficialistas. En ella la Asesoría Letrada deja de ser una división y pasa a tener la categoría de un departamento, de menor rango administrativo. Y algunas de sus funciones son adjudicadas a otras oficinas dentro del organismo.
Esta reestructura es una de las decisiones del directorio sobre las que las asesoras letradas han plateado un recurso administrativo en sentido contrario.
También han recurrido contra un cambio en el reglamento de control de horarios, que fue decidido sin consultarlas.
Estos desencuentros también afectan el trámite de las denuncias, el área más sensible e importante de la Jutep. En abril de 2024, el directorio había establecido directrices para la redacción de un protocolo sobre el tratamiento que debían tener las denuncias que se reciben.
En esas directrices constaba que toda denuncia sería recibida por un funcionario responsable de Transparencia Activa, que formaría un expediente con cada una y los remitiría a la Asesoría Letrada, informando por mail a cada director.
O sea que la tramitación de los expedientes comenzaría por la Asesoría Letrada.
Si bien este procedimiento no se publicó en forma oficial, su existencia quedó documentada en la respuesta que se le dio a un ciudadano que, mediante una solicitud de acceso a la información pública, preguntó qué trámites seguía cada una de las denuncias. La respuesta está disponible en la web. Se trata de la Resolución N°384/2025, publicada con el acta 1109.
Allí se establece en forma clara que las denuncias comenzaban a ser tramitadas por la Asesoría Letrada.
Pero en julio de 2025, el procedimiento se alteró sin que mediara una resolución específica del directorio. Ahora las denuncian pasan primero a Secretaría.
Según Calabria ha manifestado y consta en actas del directorio, el cambio posibilitó que, en casos como el de Danza, desde la presidencia de la Jutep se libraran oficios previos a la intervención de la Asesoría Letrada, condicionando el rumbo de las investigaciones.
Todo apunta a una desvalorización del rol de la Asesoría Letrada.
En una entrevista a comienzos de junio en Desayunos Informales, Ferraris remarcó que los dictámenes técnicos no son vinculantes y comparó la función de la Asesoría Letrada de la Jutep con la del departamento jurídico de la UTE, olvidando la enorme distancia entre la centralidad de la cuestión jurídica en uno y otro organismo.
En la misma entrevista, dijo que las denuncias contra el presidente Orsi le serán adjudicadas “a una de las funcionarias”, aludiendo a una de las integrantes de la Asesoría Letrada. Es así como Ferraris llama a las asesoras jurídicas. En múltiples entrevistas ha evitado una y otra vez llamarlas abogadas o asesoras letradas o jurídicas. En una entrevista en La Diaria Radio, el 8 de junio, aludió cuatro veces a estas profesionales. Siempre las llamó “funcionarias”.
Es un criterio opuesto al que ha tomado respecto a los profesionales que el directorio está incorporando mediante llamados en comisión, y sin concurso. Esos sí le merecen el título académico: contador, economista, abogado, escribano.
Una diferencia significativa en las formas y en el fondo.
