Conrado Ferber, expresidente del INAC, cuestionó el valor de la suprema y habló de un "lobby poderoso"

A continuación, la columna de opinión de quien además es productor agropecuario y se desempeñó en su momento como Director de Exposiciones en la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Costos y riesgos de proteger al pollo

Por Conrado Ferber Artagaveytia

En Uruguay, el pollo no es la proteína barata y accesible que caracteriza a buena parte del mundo. La suprema se paga casi lo mismo que un corte de carne vacuna. Una rareza que no responde a la capacidad de conversión del animal ni a la eficiencia productiva, sino a un entramado político y empresarial que ha blindado al sector avícola desde el fracaso de la corriente exportadora a Venezuela, con la excusa de darle tiempo para reconvertirse y exportar a mercados más exigentes.

La protección se traduce en importaciones limitadas al 5% del consumo doméstico, permisos otorgados por sorteo y exigencias técnicas que complican la entrada de producto extranjero. Incluso se ha reducido la vida útil del congelado importado a diez meses, cuando el estándar mundial es de doce. Todo esto deriva en que el pollo local se venda apenas por debajo de la carne vacuna, generando márgenes extraordinarios o disimulando ineficiencias.

Detrás de esta muralla se encuentra un lobby poderoso. La industria avícola ha sabido instalar argumentos culturales para evitar inversiones en estándares internacionales de enfriado o un sistema HACCP. El resultado es un mercado cautivo, caro y de calidad discutida, donde el consumidor paga la ineficiencia de un modelo que no logra habilitación en la mayoría de los mercados externos.

El precio alto trae consecuencias que van más allá de la economía. El contrabando desde Brasil se ha vuelto imparable, y lo hace en condiciones sanitarias precarias. Pollos transportados sin cadena de frío adecuada, sin controles de inocuidad, terminan en mostradores informales, multiplicando los riesgos para la salud pública. La paradoja es evidente: la misma protección que encarece el producto abre la puerta a un circuito informal peligroso.

El riesgo económico también está latente. Uruguay cuenta con granos baratos y agua abundante, condiciones ideales para una avicultura moderna. Si desembarcan inversores con plantas automatizadas y estándares internacionales, podrían desplazar rápidamente a los actuales actores, que han invertido en infraestructura, pero mantienen un modelo poco competitivo. La industria local, adormecida por la protección, podría quedar fuera de juego en poco tiempo.

No es válido argumentar una supuesta falta de recursos, ya que, apelando a las exoneraciones vía COMAP, se han invertido cifras millonarias en plantas de silos, granjas propias, evitando a los façoneros (engordadores tercerizados), e incluso, han agrandado las industrias, siempre sobre el mismo sistema ineficiente y obsoleto.

La pregunta de fondo es si el país seguirá sosteniendo un sistema que condena al consumidor a pagar caro por un pollo de dudosa calidad, o si se animará a abrir el juego, con reglas claras y estándares internacionales, para transformar de verdad la industria y posicionar a Uruguay como un actor relevante en el mercado global, consolidando así un rubro, del que depende mucha gente, pero que, mientras siga protegido, es muy difícil que se desarrolle, y los riesgos —económicos, políticos y sanitarios— seguirán ahí.