La Asociación Rural del Uruguay (ARU) reiteró, con base en datos del Banco Central del Uruguay, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, que la actividad en la cuenca del Santa Lucía representa alrededor del 25% del PIB agropecuario y que es un error instaurar allí restricciones al uso de insumos productivos.
"Son cifras que han sido cuestionadas, pero lo realmente preocupante es que se están tomando decisiones sin una evaluación clara de su impacto productivo", afirmó Rafael Ferber.
El presidente de la gremial puso especial énfasis al considerar ese tema este lunes, cuando fue consultado en el acto de lanzamiento de la 15ta. Expo Rural de Melilla, evento programado para realizarse desde el jueves 16 al domingo 19 de abril de este año.
Restricciones "muy fuertes" en la actividad productiva
“En materia de disponibilidad de agua tenemos un tema serio, con limitaciones a la producción para priorizar el consumo humano, algo lógico dado que se trata de la misma cuenca, pero al mismo tiempo el propio Estado ha establecido restricciones muy fuertes que impactan directamente en la actividad productiva", reflexionó.
El titular de la gremial, el jueves pasado en un almuerzo empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), cuestionó aspectos del proyecto Casupá, concretamente puso el foco en que se propone un mayor control a la utilización de nutrientes y plaguicidas, porque eso resultará en una producción más acotada.
"Nadie aplica nutrientes y maneja fitosanitarios para producir de manera limitada”, advirtió.
Fue entonces que indicó que en esa cuenca del Santa Lucía se factura el 28% del PIB agropecuario, que equivale a US$ 1.500 millones en cada ejercicio anual, por lo cual “una baja del producto de 10% en esa cuenca (por las restricciones previstas) son US$ 150 millones menos poAlejandror año”.
Ese dato expuesto por Ferber fue cuestionado por Alejandro Nario, director nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente (MA). “La ARU hizo un uso de números erróneo” dijo el jerarca. El dato del 28% "es exagerado", opinó, según expuso en redes sociales el periodista Leonardo Sarro.
Ferber, este lunes, no solo reiteró la relevancia del dato, independientemente de si se trata de un 25% o un 28% porque no deja de ser una cifra muy alta, también afirmó: "Hoy no vemos que el Ministerio de Ambiente cuente con estimaciones concretas sobre ese impacto y, si existen, sería fundamental que se hagan públicas".
Añadió que "también preocupa que se plantee que las medidas ya están en funcionamiento y que no generan efectos, cuando en la práctica sabemos que no hay un control pleno (...), si esos controles se aplicaran en forma estricta -particularmente en el uso de fitosanitarios y nutrientes- implicarían una menor utilización y, por lo tanto, una menor producción".
Eso, complementó, "no solo afecta al productor, sino a toda la cadena asociada: transporte, servicios, maquinaria y empleo en general. Son actividades y puestos de trabajo que dejan de generarse como consecuencia de estas restricciones".
El vínculo con el planteo del presidente Orsi
"Creemos que este tema debe analizarse en el marco de una estrategia de crecimiento. El propio presidente de la República -Yamandú Orsi- ha planteado la necesidad de crecer para atender los desafíos sociales y, en ese sentido, el agro es clave, ya que representa el 78% de las exportaciones de bienes, por eso entendemos que no es viable impulsar ese crecimiento dejando afuera una porción tan relevante de la producción nacional”, conluyó el presidente de la ARU.
Lo que dijo Ferber en ADM
En el evento de ADM mencionado, titulado “Uruguay 2026: Desafíos y oportunidades. Visión de las cámaras empresariales”, Ferber subrayó que el desarrollo social del país es indisoluble del éxito del sector productivo, que hoy representa el 78% de las exportaciones de bienes con un total de USS 10.500 millones.
En este marco, trazó una hoja de ruta basada en tres ejes estratégicos: la evolución del uso del suelo, la ganadería de carne y la situación de la cuenca del Santa Lucía.
Uso del suelo, ganadería de carne y el Santa Lucía
Respecto a la evolución del uso del suelo, señaló que el país tiene un potencial de crecimiento de US$ 2.000 millones adicionales en su producción si los estímulos se enfocan correctamente. En este sentido, afirmó que el objetivo debe ser aumentar el área destinada a la forestación, la agricultura y las pasturas artificiales, transformando campos de menor rendimiento en sistemas más intensivos y eficientes que dinamicen la economía nacional.
En cuanto a la ganadería de carne, destacó que las exportaciones bovinas alcanzaron un récord histórico en 2025, con ingresos medios en los niveles más altos de las últimas décadas. Del total exportado por el agro, el bloque compuesto por carne, subproductos y animales en pie representó US$ 3.700 millones.
En este contexto, hizo una defensa cerrada de la exportación de ganado en pie, definiéndola como una herramienta esencial y un "regulador" indispensable para el mercado. Ferber enfatizó que mantener esta vía de comercialización abierta es fundamental para garantizar la libre competencia y asegurar que el productor reciba un precio justo por su hacienda, evitando distorsiones que afecten la rentabilidad del eslabón primario.
Finalmente, abordó la situación de la cuenca del Santa Lucía, una zona de 1,3 millones de hectáreas donde el 71% se dedica a la ganadería y lechería, generando el 28% del PIB agropecuario (US$ 1.500 millones).
El dirigente expresó su profunda preocupación por las restricciones ambientales vinculadas al Proyecto Casupá, denunciando que las zonas de exclusión de hasta 100 metros —donde se prohíbe el laboreo y uso de agroquímicos— junto con la suspensión de nuevas inversiones en engorde a corral, actúan como un fuerte desestímulo que topea los rendimientos. Advirtió que una caída de apenas el 10% en el producto de la cuenca debido a estas prohibiciones representaría una pérdida de US$ 150 millones.
Alternativa: Juan Lacaze
Como alternativa, propuso considerar la opción de Juan Lacaze, señalando que podría estar operativa en tres años sin castigar la capacidad productiva de la región. Según los datos de la ARU, si se levantaran las actuales restricciones productivas, el incremento de la actividad permitiría cubrir el costo de traer toda el agua desde Juan Lacaze en un plazo de solo cinco años, transformando un escenario de limitaciones en una oportunidad de crecimiento sostenible y aprovechamiento de la infraestructura disponible.
